PROGRAMA Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018. Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres PROIGUALDAD 2013-2018 La situación que viven las mexicanas, mujeres y niñas, impone la insoslayable tarea de diseñar políticas públicas de corto, mediano y largo plazo dirigidas a combatir las causas históricas y estructurales que impiden y obstaculizan su desarrollo al limitar, segregar, discriminar o excluir a las mujeres en muy diversos ámbitos, y con ello la participación de más de la mitad de la población mexicana en el desarrollo. Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas es uno de los compromisos prioritarios del gobierno federal; sólo con su pleno cumplimiento será posible alcanzar las potencialidades que tenemos y se logrará el crecimiento y el bienestar al que aspiramos. El PND asumió el compromiso de impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, como parte de su estrategia para que México alcance su máximo potencial. Sólo así el país podrá aspirar a ser un país democrático y participativo, y será posible alcanzar las cinco metas nacionales que el Gobierno de la República se ha propuesto: la de un México en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un México con Responsabilidad Global. Para ello, la contribución de las mujeres en todos los ámbitos, sin discriminación y bajo el eje rector de la igualdad sustantiva, es indispensable. En el PND se afirma: "Es inconcebible aspirar a llevar a México hacia su máximo potencial cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los ámbitos. El PROIGUALDAD obedece a la obligación señalada en el PND de contar con una estrategia transversal de perspectiva de género en todos los programas, acciones y políticas de gobierno; esto significa que en los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que elaboren las dependencias de la Administración Pública Federal estarán explícitas la perspectiva de género y las acciones afirmativas (concebidas como medidas efectivas, caracterizadas por su dimensión temporal que inciden en la reducción de las desigualdades) que permitan reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Es, sin duda, el compromiso más amplio asumido por un gobierno para incorporar a las mujeres de lleno en la vida nacional; es la estrategia que le permitirá al gobierno federal incorporar en la planeación y programación nacional las necesidades de las mujeres y las acciones que permitan el ejercicio de sus derechos; derechos que tienen un rango constitucional y que se encuentran explícitos en: la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Víctimas, entre otras. El PROIGUALDAD también responde a los compromisos suscritos por el Estado Mexicano en el marco de las convenciones y los tratados internacionales: particularmente, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará). El propósito del PROIGUALDAD es alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y en un contexto de democracia participativa, utilizando para ello la planeación, programación y presupuesto con perspectiva de género, con el fin de contar con políticas públicas centradas en reducir las brechas de desigualdad que actualmente se observan entre mujeres y hombres. Este programa permitirá, en congruencia con el PND, con la Ley de Planeación y con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, contar con políticas, programas y presupuestos diseñados con perspectiva de género, alineados y articulados entre sí. Con ello se impulsará la institucionalización de la perspectiva de género en todo el quehacer gubernamental. Marco normativo En junio de 2011 se reformó el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer: que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, así como prohibir toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Asimismo, el artículo 4º constitucional dispone que el varón y la mujer son iguales ante la Ley. En 2001 se expidió la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Entre sus atribuciones destacan: impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional del desarrollo, programación y presupuesto de egresos de la federación; estimular la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, en la elaboración de programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, así como en las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; proponer, en el marco del PND, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, y evaluar periódica y sistemáticamente la ejecución del mismo. A la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres se suman dos avances legislativos que marcan un antes y un después en la institucionalización de la perspectiva de género. En primer lugar, la promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que establece la obligación de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, así como el desarrollo de mecanismos institucionales que provean el cumplimiento de la igualdad sustantiva: el Sistema Nacional de Igualdad, la Observancia en Materia de Igualdad y el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que tomará en cuenta las necesidades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como las particularidades de la desigualdad en cada región. En segundo lugar, la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y con ella la creación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En el ámbito internacional, México se ha adherido a diversos instrumentos internacionales insertos en la Carta Universal de los Derechos Humanos y cuyos mecanismos de seguimiento son parte sustancial del sistema de las Naciones Unidas para la promoción y la defensa de los derechos humanos. En este conjunto de responsabilidades internacionales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), es un mapa de ruta para el Estado Mexicano en materia de igualdad y erradicación de la violencia que obliga al planteamiento de políticas, programas y acciones en todas las esferas públicas y ámbitos de gobierno. Su Protocolo Facultativo complementa el marco jurídico para la aplicación de las disposiciones de la Convención, al otorgar a las mujeres la posibilidad de acceder a los recursos necesarios para reivindicar sus derechos humanos. Además de la CEDAW, México ha suscrito otros instrumentos internacionales relacionados con la no discriminación contra las mujeres y ha asumido compromisos irreductibles para avanzar en materia de igualdad de género: la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969); la Declaración y el Programa de Acción de Viena (1993); el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe (1994); la Declaración y el Programa de Acción de El Cairo (1994); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, la Convención de Belém do Pará (1994); la Plataforma de Acción de Beijing (1995); la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999); los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000); el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (2000); el Consenso de México (2004); el Consenso de Quito (2007); el Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (2011), entre otros. A lo anterior se suma la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que todas las personas que imparten justicia, están obligadas a no aplicar aquellas normas que contravengan los tratados internacionales. Como se señaló, un avance significativo por sus efectos, presentes y futuros sobre el conjunto de los derechos humanos, es la reforma constitucional de 2011 por la cual se consagra el principio pro-persona y adquieren rango constitucional las convenciones, tratados y demás instrumentos internacionales mencionados. El impacto de la reforma constitucional en el marco legislativo de nuestro país, todavía no alcanza todo su potencial transformador, ni despliega sus complejas dimensiones, por lo mismo no es posible aún contabilizar sus múltiples y benéficos efectos a favor de mujeres y niñas. Para dar cumplimiento al marco legal y como resultado de la coordinación entre los poderes legislativo y ejecutivo, desde el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 se incorporó un anexo que determina las Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el cual impulsa la igualdad de oportunidades a partir de la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, elaboración y aplicación de los programas de la Administración Pública Federal. En 2008, los recursos asignados para acciones de igualdad entre mujeres y hombres ascendieron a 7 mil millones de pesos distribuidos en 65 programas presupuestarios, en tanto que para 2013 se aprobaron 18 mil 760 millones de pesos distribuidos en más de 100 programas presupuestarios. En este sentido, se llevaron a cabo reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a la Ley de Planeación, y a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (todas en 2012). En concreto, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que los recursos que se asignen a los programas presupuestarios, y a las inversiones contenidas en el Anexo Transversal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres no podrán reducirse, salvo los casos previstos en dicha ley; que la Cuenta Pública deberá contener los resultados del ejercicio del presupuesto establecidos en dicho anexo transversal, y que el sistema del desempeño incluirá indicadores específicos que permitan evaluar la incidencia de los programas presupuestarios en la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier forma de discriminación de género. Por su parte, la reforma al artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de marzo de 2012, dispone la obligación de incorporar en los presupuestos de egresos de las entidades federativas, la asignación de recursos para el cumplimiento de la política en materia de igualdad. En materia de planeación y perspectiva de género destacan las reformas a la Ley de Planeación, que incorpora como principio la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y la perspectiva de género. En suma, la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres es parte del PND, en el marco de la Ley de Planeación y se consolida en su conceptualización transversal en las cinco metas nacionales y en las 35 líneas de acción específicas para las mujeres mexicanas. Las atribuciones que emanan de los distintos ordenamientos jurídicos han sido incorporadas al PROIGUALDAD, concebido como un programa que permite la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas de las dependencias, y en los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales a los que obliga el PND. Los ejes rectores de la institucionalización de la perspectiva de género se expresan en seis objetivos transversales alineados con las cinco metas del PND y con sus estrategias y líneas de acción. No pasa inadvertido que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres prevé la elaboración del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. En este sentido, tomando en consideración la alineación programática prevista en el PND, la coincidencia general de objetivos, así como la necesidad de evitar duplicidades en los programas, y en atención a los Lineamientos para la elaboración de los programas derivados del PND, las estrategias y líneas de acción del instrumento programático anteriormente señalado, se han incluido en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD). El PROIGUALDAD integra seis objetivos transversales, 36 estrategias, 314 líneas de acción y 18 indicadores con sus respectivas metas para el 2018. Las líneas de acción se ordenan, por su naturaleza, en: líneas de acción que permiten la Coordinación de la estrategia con otras dependencias; líneas de acción generales que son de observancia obligatoria para todas las dependencias o entidades; y líneas de acción específicas en las cuales se señala la dependencia o entidad que está obligada a su observancia. Finalmente, es necesario aclarar que las estrategias y líneas de acción del PROIGUALDAD se realizarán con cargo a los recursos que se prevean en el Anexo de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el ejercicio fiscal que corresponda, y estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria de cada dependencia o entidad que se apruebe en dicho presupuesto, en caso de que generen algún impacto presupuestario adicional. Estrategia transversal de la perspectiva de género A pesar del avance en la legislación que tutela los derechos de las mujeres, éstas todavía no pueden ejercerlos plenamente por la situación en la que se encuentran inmersas. La discriminación y la violencia que viven las mujeres y las niñas mexicanas, y de las cuales hay contundentes evidencias estadísticas, impiden o limitan su inserción en el desarrollo nacional, en condiciones de igualdad de oportunidades y de no discriminación en relación con los varones. La transversalidad se entiende como un método de gestión pública que permite aplicar recursos de distintas esferas a un mismo propósito cuando los objetivos son complejos, traslapan o sobreponen las fronteras organizacionales funcionales o sectorizadas. La transversalidad permite agregar valor a las políticas públicas y alcanzar sus objetivos con eficiencia y eficacia; con oportunidad y pertinencia. En este sentido la transversalidad es un proceso activo de transformación en las concepciones y en el abordaje de un problema público. El valor agregado puede ser diverso: derechos humanos, sustentabilidad, intersectorialidad e igualdad sustantiva. Como método, la transversalidad requiere de una planeación coordinada entre agencias, actores y proyectos que comparten objetivos, metas, prioridades y permite generar sinergias para responder con flexibilidad a los problemas. La transversalidad de género obliga a explicar el impacto de la acción pública en hombres y mujeres; y por tanto, a transformar los planes con los que se enfocan tradicionalmente los problemas y sus soluciones. Se trata de cambiar el enfoque de un supuesto individuo neutro-universal sin diferencias sexuales, para reconocer las diferencias entre mujeres y hombres; identificar las brechas de desigualdad y diseñar acciones que permitan eliminarlas. Por ello, los retos de la transversalidad de género para México son: lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; eliminar la violencia contra las mujeres, y hacer un cambio cultural donde las personas se reconozcan y respeten, donde hombres y mujeres se vean, se traten y se conciban como pares; y donde prevalezca una cultura de derechos humanos, igualdad y no discriminación que permita la construcción de una sociedad inclusiva con una ciudadanía participativa. Es en este marco que por primera vez en la historia de México una Administración se compromete a poner en marcha acciones estratégicas de gobierno para garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación contra las mujeres. El PND señala que se trata de un proceso de cambio profundo que inicia en las instituciones de gobierno, con el compromiso de que en la Administración Pública Federal se eliminen los estereotipos de género, se reduzcan las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres y se lleven a cabo políticas públicas incluyentes y con acciones afirmativas en favor de las mujeres. Así el Ejecutivo Federal contribuye a que el Estado Mexicano cumpla los compromisos asumidos al ratificar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), así como lo establecido en la Ley de Planeación (artículos 2, 9 y 14) en relación con la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional, y con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El mandato es claro: todas las dependencias de la Administración Pública Federal deben incluir en sus programas la perspectiva de género y eso significa identificar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, los tipos de violencia y de discriminación que viven las mujeres y las niñas en las esferas familiar, escolar, laboral, comunitaria, social y política; e identificar los obstáculos para el avance de las mujeres, las prácticas excluyentes y discriminatorias, violentas, sexistas e irrespetuosas. Implica también realizar acciones afirmativas a favor de mujeres y niñas que ayuden a eliminar las desigualdades, con particular atención en las mujeres indígenas, en las mujeres adolescentes y jóvenes, en las adultas mayores, en las niñas y las mujeres discapacitadas, en las migrantes, en las mujeres en condición de pobreza, en las jefas de familia; sin olvidar a las que son afectadas por el cambio climático y los desastres naturales y las reclusas, entre otras, grupos de mujeres que deben tomarse en cuenta cuando se elaboren los programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales. El PROIGUALDAD se concibe como un programa rector que, por un lado, establece los desafíos nacionales que deben enfrentarse en los programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales, para garantizar la igualdad sustantiva y la reducción de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, teniendo en la mira la necesidad de erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres; por otro, enmarca el quehacer del Instituto Nacional de las Mujeres 2013-2018, sus objetivos, estrategias, líneas de acción y metas. Finalmente, es importante señalar que en el PND se afirma que el desarrollo nacional le corresponde a la población mexicana, es decir, que se trata de una responsabilidad compartida. Con el PROIGUALDAD, el Ejecutivo Federal asume las políticas de gobierno y las acciones afirmativas en favor de las mujeres para eliminar las desigualdades y erradicar la violencia de género. Diagnóstico El presente diagnóstico muestra la situación actual de las mujeres y las niñas en México; establece los grandes desafíos que plantea la persistencia de desigualdades de género entre los diversos grupos de población, para alcanzar el bienestar, incrementar el desarrollo humano, garantizar el empoderamiento económico, incentivar la participación política y social de las mujeres y erradicar la violencia de género en México. I. Igualdad sustantiva Históricamente a las mujeres se les ha restringido el ejercicio de sus derechos sociales, económicos, políticos, culturales, sexuales y reproductivos mediante prácticas discriminatorias y excluyentes, basadas en estereotipos de género. Ante la situación de evidente desigualdad, el Estado Mexicano ha avanzado en la instrumentación de un marco normativo que responde al conjunto de compromisos internacionales suscritos, con la finalidad de garantizar condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia y el ejercicio pleno de los derechos de mujeres y niñas. Sin embargo, todavía se observan importantes lagunas en materia de derechos de las mujeres en el país. El conjunto de obligaciones que México asumió para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres conlleva el compromiso de realizar acciones legislativas especiales para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que permiten la persistencia de la violencia contra las mujeres y respaldan prácticas discriminatorias y sexistas. Por lo anterior, es necesario un nuevo impulso a la armonización legislativa tanto a nivel federal como en todas las entidades federativas del país. Armonización que obliga a un trabajo coordinado entre el poder legislativo, judicial y ejecutivo en materia de reformas constitucionales, de códigos, reglamentos y procedimientos, para garantizar un pleno Estado de Derecho en los tres ámbitos de gobierno. Los avances en materia legislativa son fundamentales para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y para alcanzar la igualdad formal, la igualdad jurídica entre mujeres y hombres; pero no garantizan la igualdad sustantiva, la igualdad de facto. Por ello es necesario generar políticas públicas integrales que respondan a los marcos normativos permitiendo con ello el desarrollo de acciones encaminadas a lograr la igualdad en los hechos. II. Políticas culturales y medios de comunicación Incidir en la cultura y en los medios de comunicación para modificar la imagen social que se tiene de las mujeres es fundamental para lograr la igualdad sustantiva. La industria cultural, de entretenimiento y de información tiene un papel relevante en una revolución cultural, de ahí la importancia de incluir la perspectiva de género en las imágenes y contenidos de los medios que son los que modelan parte de las percepciones sociales. En México, el 94.7% de los hogares cuentan con televisión, hombres y mujeres dedican en promedio 10 horas a la semana a la televisión y 6 horas a diferentes medios de audio. La cultura mexicana está permeada por visiones sexistas y discriminatorias que violentan los derechos de las mujeres y de las niñas, y han construido un modelo de masculinidad que exalta el uso de la violencia y la discriminación. Los medios de comunicación masiva con frecuencia reproducen esas visiones en perjuicio de las mujeres, "naturalizando" la desigualdad de género. Ante esta realidad prensa, radio, televisión y las nuevas tecnologías tienen un nuevo papel que desempeñar en favor de la igualdad entre mujeres y hombres, el combate a la discriminación y la erradicación de la violencia. Se trata de un gran cambio cultural que exige el trabajo de la sociedad en su conjunto; se trata de los medios de comunicación, pero también de los materiales educativos, de los planes y programas educativos que contribuyen a forjar nuestra identidad nacional. Se trata de cambiar el enfoque, de la invisibilización, segregación y discriminación de mujeres y niñas, a una respetuosa visibilidad; de la eliminación de los estereotipos, del diseño creativo con perspectiva de género y de la eliminación de imágenes denigrantes. Los estereotipos de género forman parte del imaginario colectivo simbólico y con frecuencia no se perciben los componentes de discriminación, subordinación y violencia que contienen. La evidencia estadística disponible señala que un 22% de las mujeres de 15 años o más, está de acuerdo en que una esposa debe obedecer a su pareja en todo lo que él ordene; 18.1% en que es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su esposo o pareja aunque no quiera; 26.6% opinan que si hay golpes o maltrato en casa es un asunto de familia y ahí se debe quedar. En el México del siglo XXI, un gran número de mujeres tiene que pedir permiso para poder visitar a sus parientes o amistades; para trabajar por un pago; para participar en alguna actividad vecinal o política; para ir de compras; para elegir a sus amistades o para votar por algún partido o candidato. En la agenda pública, las políticas culturales con perspectiva de género son prácticamente inexistentes. Los esfuerzos en la materia se han limitado a acciones aisladas, impulsadas por algunas instituciones que cuentan con pequeños programas: âLa mujer y la ciencia', âLa mujer en la literatura' o âMujeres en el arte'. La transformación de las prácticas culturales, a partir de políticas que desalienten el uso de estereotipos de género y fomenten una imagen equilibrada de los diversos estilos de vida de las mujeres y de sus aportes a la sociedad, contribuirá a modificar los patrones y fomentará el respeto entre mujeres y hombres. Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) abren un panorama inédito a mujeres y niñas para informarse, capacitarse y establecer redes de apoyo; es decir, no solamente son útiles para el entretenimiento sino que ofrecen posibilidades de mejorar sus capacidades y con ello su empoderamiento. Por lo anterior es necesario fomentar el uso de las TIC sobre todo en mujeres mayores de 25 años, en quienes se ha observado un menor uso. Los datos muestran que 37.7% de las mujeres y 42.0% de los varones usaron internet con tiempos promedio semanales de seis horas tanto para varones como para mujeres. III. Igualdad jurídica, procuración e impartición de justicia y erradicación de la violencia La protección jurídica de los derechos de las mujeres exige la derogación de disposiciones discriminatorias y excluyentes en los tres órdenes de gobierno. La igualdad jurídica o formal significa que las personas tienen los mismos derechos sin importar que sean diferentes entre sí; sin embargo, la inclusión y el reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres en las leyes no garantiza que las mujeres tengan, en los hechos, asegurada la igualdad sustantiva. El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres señala la aplicación inadecuada de marcos jurídicos y normativos, y el hecho de que los esfuerzos que se llevan a cabo no son integrales, ni están supervisados o evaluados adecuadamente. Recomienda revisar el mecanismo nacional para hacer frente a la violencia contra las mujeres y la alerta de violencia de género; activar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres con la participación de las entidades federativas; y establecer mecanismos para supervisar la aplicación de leyes y sancionar a los funcionarios que discriminan a las mujeres. Asimismo y de manera reiterada ha recomendado al Estado Mexicano: "Adoptar todas las medidas necesarias para establecer un sistema estándar para la reunión periódica de datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, desglosados según el tipo de violencia y las circunstancias en que se cometió el acto de violencia, que incluya información sobre los autores y las víctimas de estos actos y la relación entre ellos" para diseñar políticas públicas efectivas orientadas a la erradicación de la violencia. De manera puntual el Comité de la CEDAW ha hecho observaciones sobre las actuaciones de los órganos de procuración e impartición de justicia en México, que frecuentemente reproducen en sus procedimientos la violencia y la discriminación contra las mujeres. El acceso de las mujeres a la justicia entendido como "el derecho a contar con recursos judiciales y de otra índole que resulten idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de los derechos fundamentales" se ha visto obstaculizado por huecos legales, por prácticas discriminatorias del personal de servicio públicos y por factores sociales, culturales, económicos, geográficos y políticos, como lo señala la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su condena contra el Estado Mexicano por el caso González y otras (caso "Campo Algodonero"). Es importante considerar que hay mujeres más expuestas a la vulneración de sus derechos, porque son víctimas de otras formas de discriminación: por edad, raza, preferencia sexual, situación migratoria o etnia. México se encuentra en la transición hacia un Sistema de Justicia Penal Acusatorio que se fundamenta en el respeto de los derechos tanto de la víctima como del imputado; sistema que fortalecerá el proceso y el respeto de los derechos humanos. Esto representa un desafío y una oportunidad para que las instituciones de procuración e impartición de justicia incorporen la perspectiva de género en su quehacer. La información disponible señala que un alto porcentaje de la población de 18 años o más confía poco o nada en los jueces (58.3%), en el ministerio público o en las procuradurías de justicia (64.2%). Asimismo apunta que de cada diez delitos sexuales, ocho ocurren contra mujeres. La violencia contra las mujeres se expresa en múltiples formas y espacios. En México, 46.1% de las mujeres de 15 años y más han sufrido algún incidente de violencia por parte de su pareja. A un 42.4% se les ha humillado, encerrado, amenazado con correrlas de casa, quitarles a sus hijos o matarlas (violencia emocional). A 24.5% les han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado dinero o bienes (violencia económica). Un 13.5% ha sido golpeada, amarrada, pateada, o agredida con alguna arma por su pareja (violencia física); y a 7.3% de las mujeres se les ha obligado a tener relaciones sexuales sin que ellas quieran. En relación con la violencia laboral, un 20.6% de las mujeres declaró haberla sufrido; más de un 4% refirió hostigamiento sexual. Más de 500 mil mujeres han sido forzadas a tener relaciones sexuales; de ellas, alrededor de 75 mil sufrieron una violación en el último año; sin embargo, por ese delito cada año se inician apenas 15 mil averiguaciones y sólo se concluyen 5 mil juicios en los tribunales superiores de justicia. Estos datos demuestran lo alejadas que se encuentran las mujeres mexicanas de la procuración e impartición de justicia: sólo un 14% de las mujeres víctimas de violencia se acerca a una autoridad para pedir ayuda, el resto considera que nadie puede ayudarles. Respecto al feminicidio, la más cruda expresión de la violencia contra las mujeres, hay lagunas importantes en su tipificación, identificación, clasificación y en las penas que se imponen. No se cuenta con una metodología que permita estandarizar el registro de los casos y tampoco con un Sistema Nacional de Información sobre Feminicidios. El delito de trata de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos. La comercialización implícita revela la cosificación de la que son sujetas las víctimas. Ante la ausencia de estadísticas nacionales sobre la trata de personas con fines de explotación sexual, el Informe Mundial señala que el 76% son mujeres y niñas, lo que muestra una clara brecha de género. Un problema central en el marco de la impartición de justicia lo constituye la población femenina privada de su libertad. La población penitenciaria está conformada por 95.2% de hombres y 4.8% de mujeres, ello explica que la infraestructura, organización y funcionamiento de los centros de reclusión contemple solamente necesidades masculinas. La situación de las presas presenta irregularidades, aproximadamente 8000 mujeres (74% de las internas) se encuentran recluidas por delitos del fuero común, aunque sólo 48.7% de ellas han sido sentenciadas; en los centros penitenciarios existe una población de casi 400 menores y hay alrededor de 50 internas embarazadas. En suma, es indispensable contar con estrategias y acciones para la prevención de la violencia contra las mujeres, estrategias que incidan en los ámbitos educativos, familiares, comunitarios, laborales, en los medios de comunicación, en las dependencias públicas y en todas las organizaciones sociales, estrategias que contribuyan a la sensibilización, visibilización y desnaturalización de las distintas manifestaciones de la violencia. Además de acciones de atención para garantizar el acceso de las víctimas a servicios profesionales y especializados en todos los ámbitos. IV. Agencia, autonomía económica y acceso a recursos productivos En los últimos 40 años se ha incrementado la inserción de las mujeres en el ámbito laboral sin que esto haya traído aparejado una igualdad real en las condiciones de trabajo, ni en el reparto de las obligaciones domésticas y del cuidado. Las dobles y triples jornadas que desempeñan las mujeres se encuentran documentadas y evidencian las condiciones de desigualdad más enraizadas entre mujeres y hombres. Si se considera el trabajo remunerado y el no remunerado en conjunto, las mujeres trabajan más horas a la semana que los hombres; el tiempo total de trabajo semanal de las mujeres es de casi 60 horas y el de los hombres de poco más de 50. Es un hecho que las mujeres se incorporan en menor proporción a las actividades remuneradas, su tasa de participación es de 43.5% y la de ellos 77.5%, debido a que tienen que desempeñar trabajos no remunerados en sus hogares. Las mujeres se ocupan mayoritariamente como trabajadoras asalariadas (62.5%), y como trabajadoras por cuenta propia (23.5%). Las empleadoras sólo representan el 2.5%, mientras que los hombres empleadores alcanzan un 6.1%. Los índices de discriminación salarial por ocupación y sector de actividad muestran que las mujeres ganan un 30.5% menos que los varones en ocupaciones industriales, 16.7% menos como comerciantes y 15.3% menos como profesionales. Por sector de actividad el índice es de casi un 20% en el comercio, de 18.1% en la industria manufacturera, de poco más de 14% en la construcción y de más de 10.8% en los servicios sociales. En el contexto de los micro-negocios, en el caso de los hombres 23% son empleadores y 77% trabajadores por su cuenta. Para las mujeres, estos porcentajes son 8% y 92% respectivamente. La brecha más grande se observa en los niveles de ingresos, 56% de los hombres dueños de micro-negocios tienen ingresos de tres o más salarios mínimos, mientras sólo 29% de las mujeres alcanzan esos ingresos; las ganancias promedio mensuales de los micro-negocios dirigidos por varones ascienden a 6,802 pesos y por mujeres a 2,947 pesos. De los poco más de 18 millones de personas ocupadas en el país que cuentan con un trabajo formal, 62.3% son hombres y 37.7% mujeres. En el sector informal 59.3% son hombres y 40.7% mujeres. Del total de personas adultas mayores jubiladas o pensionadas, 73.2% son hombres y 26.8% mujeres. La principal y más sólida barrera que enfrentan las mujeres para lograr su autonomía económica es el trabajo no remunerado que realizan en sus hogares (tareas domésticas y cuidados de infantes, adultos mayores, discapacitados y enfermos), trabajo que tiene un valor económico y social, pero que ni recibe una remuneración, ni se distribuye igualitariamente entre mujeres y hombres. La contribución que hacen las personas, básicamente mujeres, al bienestar de las familias con su trabajo no remunerado, se estima en 21.6% del PIB. Por lo anterior, es necesario generar políticas públicas para apoyar a las mujeres que realizan trabajos no remunerados, políticas de protección social, mecanismos de acceso a la seguridad social universal, de ahorro para el retiro y de subsidio para la vivienda; operar programas de desarrollo económico y fomento al empleo con perspectiva de género y compatibles con las obligaciones domésticas; diseñar acciones afirmativas para que desde las reglas de operación las mujeres puedan acceder a programas de fomento; aplicar la Ley Federal del Trabajo con especial énfasis en garantizar el cumplimiento de la igualdad salarial, eliminar el acoso y hostigamiento sexual, erradicar la discriminación por embarazo o maternidad; implementar programas para la corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal, con participación de empresas, gobierno y trabajadoras/es, incrementar la infraestructura para apoyar las tareas del cuidado; ratificar las normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, entre muchas otras acciones. V. Bienestar y desarrollo humano El desarrollo humano, uno de los objetivos del PND, consiste en incrementar oportunidades, capacidades y niveles de bienestar. Entre sus componentes fundamentales se encuentran la educación, la salud y habitar en entornos armónicos tanto privados como públicos. V.1 Educación. En general, las tasas de alfabetismo son altas, aunque aún no se alcanza la cobertura total. Datos censales identifican a los grupos con mayores rezagos educativos: mujeres adultas mayores y mujeres indígenas presentan tasas de analfabetismo de 28.7 y 35.1%. La tasa de asistencia escolar de las niñas en edad de asistir a primaria y secundaria es de 96.4 y 86.4% respectivamente; sin embargo, en localidades con menos de 2,500 habitantes, 6.6% de las niñas de 6 a 14 años no asiste a la escuela. El promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 8.5 años para mujeres y 8.8 años los hombres, lo que significa que aún no alcanzamos la educación básica obligatoria (primaria y secundaria). 43% de las mujeres de 15 años y más no ha completado la educación básica, esto impide el paso hacia la educación media que la ley establece como obligatoria, y repercute en diferentes ámbitos del desarrollo. De la población de 14 años y más que habla lengua indígena, el 12.7% de las mujeres y el 16.4% de los hombres tiene la secundaria terminada. Los datos señalan que la tasa de asistencia escolar de las mujeres de 16 a 18 años (edades para la educación media superior) es de 56.5% y la de 19 a 24 años (edades para la educación superior) es de apenas 23.7%. Análisis recientes afirman que los hombres tienen mayores probabilidades de continuar sus estudios, a pesar de que los indicadores de deserción, reprobación y eficiencia terminal muestran mayor aprovechamiento de las mujeres desde la primaria hasta la educación media superior. La matrícula universitaria muestra desigualdades de género en algunas áreas de estudio: sólo 31.1% del alumnado en ingenierías y 35.4% en las ciencias agropecuarias está conformado por mujeres. Ellas son mayoría en educación y humanidades (68.4%) y en ciencias de la salud (64.7%). La distribución dentro del Sistema Nacional de Investigadores señala que apenas 34.1% son mujeres. Por lo anterior, es necesario eliminar sesgos de género en la elección del área de estudio y en el desarrollo profesional de las mujeres e incentivar su participación en ciencias duras y en áreas tecnológicas, de innovación y de nuevas tecnologías, así como en la investigación. En relación con la violencia escolar, la SEP señala que alrededor del 90% del alumnado de primaria y de secundaria declaró haber sufrido humillaciones o insultos en la escuela. 43.2% del personal docente ha detectado casos de violencia en su escuela. Esto indica que en las escuelas hay una práctica generalizada de la violencia que debe ser erradicada. 43% de las mujeres víctimas de violencia escolar indican que son maestros y autoridades los agresores. Para lograr una educación de calidad es necesario disminuir las brechas de género y eliminar la segregación por áreas de estudio, establecer acciones para incrementar el índice de absorción y disminuir las tasas de deserción, especialmente en las niñas, adolescentes y jóvenes indígenas, rurales y de sectores populares urbanos que enfrentan problemas para completar su educación. Si consideramos que la población de 15 a 24 años debe estar estudiando o incorporada al trabajo remunerado, se tiene que hay 4.4 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan: 76.7% son mujeres que en su mayoría (casi tres millones) se dedican al trabajo doméstico y a la economía del cuidado. Adicionalmente, las acciones deben dirigirse a la modernización de los planes, los programas de estudio y el material didáctico (libros de texto), eliminando estereotipos, con lenguaje incluyente, sin discriminación de género; hay que promover acciones educativas afirmativas que beneficien a las mujeres para cerrar las brechas de desigualdad; capacitar al personal docente en los derechos de las mujeres; promover la cultura de la igualdad, la creación artística y el deporte, así como la reducción de las relaciones violentas al interior de las escuelas. Por lo anterior es necesario conformar un sistema integral de evaluación equitativo adecuado a las particularidades regionales del país; establecer horarios escolares armonizados con los horarios de los progenitores trabajadores; modernizar la infraestructura de las escuelas y comunidades; reforzar el vínculo de la educación media y superior con el sector productivo. Todo ello considerando como eje transversal la perspectiva de género y con especial atención en las necesidades y condiciones diferentes de las y los alumnos: hablantes de lengua indígena, población jornalera agrícola migrante, escolares en situación de pobreza o sin acceso a una alimentación adecuada, problemas de obesidad, discapacidad, así como niñas y niños con capacidades sobresalientes. V.2 Salud El acceso de las mujeres a los servicios de salud proviene mayoritariamente de "vías no asociadas al trabajo o a una contratación propia del servicio": 161 mujeres por cada 100 hombres tienen acceso indirecto, mientras que sólo 58 mujeres por cada 100 hombres tienen acceso directo. La magnitud de esta brecha es similar entre población pobre y no pobre; 42.3% de las mujeres hablantes de lengua indígena en edad fértil no tenía acceso a servicios de salud. Lo anterior refleja la condición de dependencia de las mujeres para acceder al sistema de salud, pero también la exclusión que enfrentan diversos grupos de mujeres del sistema de salud. La Razón de Mortalidad Materna se estima en 43 defunciones por 100 mil nacidos vivos, con contrastes por entidad federativa; las causas de la mortalidad materna son prevenibles. El riesgo de complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio es mayor en las adolescentes; el aborto representa la quinta causa de mortalidad materna; y 8.6% de los embarazos ocurridos entre 2004-2009 terminaron en un aborto. Un problema casi desapercibido es que 46.2% de los nacimientos de mujeres de (20-49) años son cesáreas (20.5% programadas y 25.7% por urgencias), porcentaje por encima de la recomendación de la OMS (15%) y del 20% señalado en la propia Norma Oficial Mexicana. En los 12 últimos años el número de cesáreas se incrementó en 50.3%, y su práctica se relaciona con un mayor riesgo de morbi-mortalidad materna y neonatal, mayor número de partos pretérmino y de acretismo placentario en el siguiente embarazo. La fecundidad adolescente va en aumento por falta de acciones preventivas, educativas y de acceso a los servicios de salud, especialmente de salud sexual y reproductiva; anualmente se registran alrededor de 475 mil nacimientos de madres adolescentes, con notables diferencias por nivel de instrucción, tamaño de la localidad y origen étnico. La mayoría de los embarazos adolescentes son no deseados, algunos ocurren por desconocimiento sobre relaciones sexuales seguras, solamente 33.4% de las adolescentes utilizaron algún método anticonceptivo en su primera relación sexual. A esto hay que agregar los obstáculos que tiene la población usuaria para acceder a métodos anticonceptivos de emergencia, sólo en el 20.9% de las unidades de primer nivel de atención evaluadas por el INSP, se mencionó este servicio. En apenas un 50% de las unidades médicas del primer y segundo nivel de atención se cuenta con personal para la promoción en planificación familiar y anticoncepción. Diversos estudios muestran que el desabasto de métodos anticonceptivos es un problema generalizado en el sistema de salud. El acceso a anticonceptivos y servicios médicos está mucho más restringido para las mujeres indígenas. La prevención del cáncer de mama y cérvico-uterino es elemental, sin embargo sólo un 15% de las mujeres de 40 a 49 años y 26% de las de 50 a 69 acuden a realizarse una mastografía. Mientras que menos de la mitad, 48.5% de las mujeres de 25 a 64 años se hace la prueba de Papanicolau. La prevalencia de sobrepeso en mujeres de 20 a 49 años es de 35.3% y la de obesidad de 35.2%. La obesidad es factor de riesgo para la adquisición de enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus, estos padecimientos son las dos principales causas de muerte de mujeres en México. Respecto a la hipertensión arterial, con una prevalencia que se ha mantenido sin cambios entre 2006 y 2012, ésta afecta a una de cada tres mujeres. Particular atención requiere la prevención y atención de las adicciones, específicamente el consumo de drogas y alcohol. La información disponible señala que estas adicciones femeninas se han incrementado en un 20 y 40% respectivamente, entre 2002 y 2011. Los problemas de depresión y de salud mental que afectan de manera diferencial a hombres y mujeres, también son preocupantes: las mujeres sufren más depresiones que los varones (14.4% versus 8.9%). Finalmente, se requiere de un esquema integral de atención desde la perspectiva de los servicios de salud para las mujeres discapacitadas. Datos censales contabilizan que en México 5.3% de la población total tiene algún tipo de discapacidad, con diferencias por sexo en las causas de las discapacidades: en las mujeres sobresalen las enfermedades y la edad avanzada como causas de discapacidad, mientras que en los hombres son los accidentes. V.3 Corresponsabilidad social El tiempo total de trabajo (trabajo remunerado y no remunerado) muestra diferencias de género entre los distintos grupos de población. En todos los casos el tiempo destinado al trabajo es mayor para las mujeres que para los hombres, con mayores brechas para las mujeres rurales e indígenas. Al trabajo remunerado las mujeres le dedican en promedio 39.5 horas por semana (los hombres 47); al trabajo no remunerado un promedio de 39 horas semanales (los hombres poco menos de 12). La mayor carga considerando el trabajo total, remunerado y no remunerado, recae en las mujeres. Si la mujer es la jefa de hogar dedica en promedio 38.3 horas a la semana al trabajo no remunerado mientras el jefe 13.0 horas; si es la cónyuge, 52.7 horas, el cónyuge varón 22.2 horas; las hijas dedican 22:4 horas y los hijos 9.0; las nueras 47.9 y los yernos 12.8 horas semanales en promedio. Información reciente confirma que en su mayoría, son mujeres las únicas cuidadoras o quienes dedican más tiempo al cuidado en los hogares (entre 60 y 80%). En México los hogares familiares son la estructura social donde se brindan la mayoría de los cuidados y son las mujeres las que los realizan. El cuidado no es una actividad doméstica más, es un trabajo que obliga a permanecer en el hogar, es una tarea exigente e inflexible. En 2009, la población mexicana que requirió de cuidados de salud se distribuyó en: 6.9 millones de personas con alguna enfermedad temporal, 1.3 millones de personas con alguna limitación física o mental y 3.5 millones de personas con alguna enfermedad crónica. En el país se tiene que cuidar a 30.4 millones de menores de 15 años, 6.8 millones de enfermos temporales, 3.5 millones de enfermos crónicos, 1.2 millones de discapacitados, y a una parte importante de los 10.6 millones de adultos mayores. El cuidado de todas estas personas recae principalmente en las mujeres y no se cuenta con infraestructura social que apoye esta tarea. Para que las mujeres puedan insertarse en actividades remuneradas o educativas se requiere de una infraestructura social que corresponsablemente comparta el trabajo del cuidado. El reto es cómo conciliar el derecho a la autonomía económica, al acceso y permanencia escolar, a la igualdad de oportunidades, a elegir, a un desarrollo y crecimiento profesional con la exigencia del trabajo no remunerado y los cuidados. V.4 Vivienda Los hogares requieren de una vivienda y un entorno adecuado y seguro para la armoniosa convivencia familiar. Todavía hay metas que cumplir para garantizar viviendas dignas; alrededor de un 15% de las mujeres habita en viviendas con deficiencias de infraestructura, de espacio o de servicios. Entre la población indígena el porcentaje con carencias por calidad y espacios de la vivienda alcanza al 42% de las mujeres y por carencias en los servicios básicos a un 50.6%. La calidad de las viviendas y su equipamiento son determinantes para disminuir las cargas de trabajo de las mujeres. Considerando las viviendas sin acceso directo al agua entubada, se estima que las horas que dedican las mujeres a los quehaceres domésticos se incrementan en un 15%; cuando tienen que acarrear el agua el incremento llega a ser del 40%. La calidad de la vivienda también afecta el tiempo de las mujeres, cuando una vivienda tiene piso de tierra los incrementos son de alrededor del 17%. Las desigualdades de género inciden en el acceso al mercado formal de trabajo y con ello a los créditos para la vivienda. A pesar de los esfuerzos, sólo poco más de un 35.3% de los créditos que el Infonavit otorga son para mujeres. Los grupos identificados como menos favorecidos por las políticas de vivienda son: las mujeres jefas de hogar, las mujeres indígenas, las mujeres jóvenes y las adultas mayores. V.5 Entornos seguros y amigables Los espacios públicos de convivencia comunitaria requieren condiciones adecuadas. Se estima que los costos totales que debe asumir la sociedad mexicana como consecuencia de la inseguridad y el delito representa 1.4% del PIB. En uno de cada tres hogares en México, 30.6%, alguno de sus integrantes fue víctima de un delito, esto arroja 18.7 millones de víctimas por año y afecta al 22% de las mujeres y al 23.6% de los hombres. Los datos muestran que ocurrieron casi 22.4 millones de delitos, de los cuales no se denuncian un 87.1% por considerar que no es posible confiar en las autoridades y que denunciar sólo es una pérdida de tiempo. En cuanto a la percepción de inseguridad, 58.3% de las mujeres y 56.5% de los varones señalan que es el principal problema que tiene el país, seguido del desempleo (49.3%) y la pobreza (34%). Un 66.6% de la población percibe la inseguridad como problema en su comunidad; y sólo un 22.5% de las mujeres considera que la situación de inseguridad en el país mejorará en el futuro. En relación con la violencia que sufren las mujeres en los espacios públicos, una de cada cuatro ha sido objeto de agresiones verbales que la denigran o molestan; 14% ha sufrido tocamientos o manoseos sin su consentimiento; 8% ha tenido miedo de ser atacada sexualmente; y un 1.3% han sido violadas. El problema de la inseguridad se acompaña del miedo al abuso y a la violencia; ser víctima de un robo es una de las situaciones que más preocupa a las mujeres (31%). Esto explica porque muchas mujeres limitan su movilidad, abandonan su educación y reduce sus oportunidades si ello implica moverse en zonas o en horarios inseguros que las exponen a ser atacadas. V.6 Medio ambiente y sustentabilidad. Los problemas del medio ambiente se encuentran relacionados con la satisfacción de necesidades básicas, la situación de poblaciones específicas, las fuentes renovables de energía, las políticas de protección y los procesos limitados de innovación tecnológica. La pérdida y deterioro de los recursos naturales menoscaba los niveles y variedad productiva en una comunidad y su entorno, y en casos extremos puede provocar migraciones forzadas. En 2005 la huella ecológica, indicador relevante de deterioro ambiental, fue de 3.4 hectáreas, superficie mucho mayor que las 1.7 hectáreas de terreno productivo, lo cual muestra el uso no sostenible de los recursos naturales en México. En áreas rurales la principal fuente de energía es la leña y es indispensable ofrecer alternativas de uso a las mujeres rurales, indígenas y campesinas para detener la deforestación y la desertificación. En localidades de menos de 2 500 habitantes, el porcentaje de viviendas que usa leña o carbón es de 49.2%; estas viviendas además presentan alguna carencia de otros servicios básicos, relacionados con la salud de las personas y el cuidado del medio ambiente: 68.6% de las viviendas cuenta con drenaje; y sólo 76.2% dispone de agua entubada. En relación con el acceso diferencial de mujeres y hombres a los recursos productivos y a la toma de decisiones, hay 4.2 millones de ejidatarios(as) y comuneros(as), de los cuales 19.8% son mujeres. Al no ser propietarias de la tierra, no pueden acceder a programas de equipamiento, infraestructura, créditos, arrendamiento, apoyos económicos por pago de servicios ambientales, y tampoco están representadas en la toma de decisiones para organizar las actividades agropecuarias. La vulnerabilidad que enfrentan las mujeres ante los riesgos de desastres difieren en función de los roles que desempeñan y los espacios en que se desarrollan. Se señala que los desastres naturales tienen un impacto mayor sobre la esperanza de vida de las mujeres, pues son 14 veces más propensas a morir durante un desastre. Además, debido a que sobre las mujeres recae la responsabilidad del trabajo no remunerado (suministro de cuidados, agua y alimentos), los desastres les acarrean una carga adicional. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, para 2010 las áreas de cultivo o pastizales dañados ascienden a 961,525 hectáreas. Esto se encuentra relacionado con la necesidad de seguridad alimentaria de la población y la capacidad de garantizar la disponibilidad de alimentos. La población más pobre y quienes viven en inseguridad alimentaria están en situaciones más vulnerables a los impactos climáticos adversos, y son también quienes poseen menor capacidad para adaptarse. Para conseguir la sustentabilidad medioambiental se requiere un conjunto de medidas para impulsar la producción de energía limpia y la protección de los ecosistemas, que en conjunto son la base para lograr un desarrollo sustentable. La meta es incorporar la perspectiva de género de forma transversal en todo el sector medio ambiental. Fomentar la participación de las mujeres y su papel en el acceso, uso, control y manejo de los recursos naturales, y colocarlas como protagonistas en la toma de decisiones para mejorar su posición respecto a la conservación, cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales, gestión ambiental y cambio climático. VI. Participación política y social La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece como objetivo proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promover el empoderamiento de las mujeres, así como la participación y representación política equilibrada de mujeres y hombres. La participación de las mujeres en el ámbito político a nivel federal presenta avances. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la sentencia 12624/2011 que estipula la obligatoriedad de las cuotas de género, así como la integración de fórmulas con suplencias del mismo sexo, establecidas en las modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). Gracias a ello, en 2012, la representación de mujeres en la Cámara de Senadores alcanzó 33.6% y en la Cámara de Diputados 36.8%; con ello se cumple a nivel federal uno de los ODMs, de alcanzar un mínimo de 30% de mujeres en el Congreso. Sin embargo en los poderes locales, representados por las presidencias municipales, la participación de las mujeres en 2013 es de apenas un 6.9 por ciento; las regidoras y síndicas representaban en 2011 un 38.5% y un 26.8%. En este ámbito se debe considerar la necesidad de incrementar la participación de las mujeres indígenas y generar estrategias que las lleven a conocer sus derechos. La presencia de mujeres en los poderes ejecutivo de los tres órdenes de gobierno se encuentra lejos de la paridad, del total de personas en puestos directivos superiores, las mujeres no alcanzan ni un 24%. En cuanto al Ejecutivo Federal, la participación femenina en los mandos medios y superiores representa apenas el 35.5% y se concentra en la más baja jerarquía (subdirectoras, jefas de departamento, enlaces). La representación femenina en las entidades federativas en puestos de alta dirección apenas alcanza un 14.6%. En la Suprema Corte de Justicia Nacional, sólo 2 de los 11 ministros son mujeres. De los magistrados del Pleno de los Tribunales Superiores de Justicia en 2012, 28.6% eran mujeres. Finalmente, la participación de las mujeres en puestos de toma de decisión en las estructuras sindicales es de menos de un 4%. Objetivos transversales Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y erradicar la violencia contra las mujeres en la sociedad mexicana, exige transformar a profundidad, estructuralmente, las diversas formas de relaciones de género imperantes que generan desigualdades entre mujeres y hombres, y reconocer que la población femenina tiene los mismos derechos que los varones, lo cual impide que se les margine, discrimine, segregue, excluya o violente. El cambio que está impulsando el Gobierno de la República con la transversalidad del género en la planeación y programación nacional y en las políticas públicas que le competen a cada sector, se centra en reconocer que el Estado Mexicano, esto es el poder ejecutivo, legislativo y judicial, en coordinación y armonía tiene que garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de las mujeres, compromiso que adquirió México a nivel internacional en las distintas convenciones que ha suscrito (CEDAW, Belém do Pará) y que mandata a los tres poderes, tanto federales como estatales, incluyendo a los municipales; pero, además, compromiso que refrenda el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto en el PND al comprometer un cambio de fondo, donde los derechos de las mujeres sean respetados y donde el sexismo y la discriminación no sean permitidos. En este contexto los seis objetivos transversales que contiene el PROIGUALDAD y que se vinculan con las cinco metas del PND, responden a los ejes estratégicos de la agenda de género, donde deben incidir las políticas públicas y las acciones de gobierno en los próximos años. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia configuran gran parte de la agenda nacional para la igualdad de género. Finalmente es importante destacar que la política de igualdad entre mujeres y hombres cuenta en México con dos mecanismos normados por ley para su instrumentación: el Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Ambos sistemas requieren de modificaciones sustantivas para que el Instituto Nacional de las Mujeres, como órgano rector de la política de igualdad sustantiva y no discriminación contra las mujeres, oriente, diseñe, monitoree y evalúe la política de igualdad nacional y su concreción en los programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales que son los que instrumentan las acciones planteadas en el PND. A continuación se presenta cada uno de los objetivos transversales, acompañados de las principales estrategias para alcanzarlos y de las líneas de acción. En el apartado siguiente se presentan los indicadores con sus respectivas metas para el 2018, metas e indicadores que se vinculan con el diagnóstico de la situación actual y con los objetivos del PND. Es importante señalar que debido a la naturaleza de la perspectiva de género, con frecuencia un objetivo transversal atiende estrategias y objetivos de varias metas nacionales del PND. Esa es una característica particular de la transversalidad de género y por ello en la presentación de cada objetivo se explicitan las metas nacionales y sus objetivos, vinculados con los objetivos transversales del PROIGUALDAD. Objetivo transversal 1: Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres. Este objetivo se articula con las cinco metas del PND, pero de manera directa con las metas de un México en Paz, un México Global y un México Incluyente contiene la armonización legislativa en materia de derechos humanos de las mujeres en las 32 entidades federativas del país, tanto en lo que se refiere a la igualdad sustantiva, como en lo que atañe a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; la trata de personas y la no discriminación. En el PND este objetivo abarca cuatro estrategias; se vincula con tres objetivos de las metas nacionales, y con cuatro estrategias. Estrategias y líneas de acción:
Objetivo transversal 2: Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, y garantizarles acceso a una justicia efectiva. Este objetivo se articula con las metas de un México en Paz, un México Incluyente y un México con Educación de Calidad y se centra en la necesidad de combatir de manera frontal las muchas violencias que se ejercen contra las mujeres "entendidas éstas como cualquier forma de acción u omisión basada en su género que le cause un daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como público." La violencia que se ejerce cotidianamente contra las mujeres y las niñas obliga a su visibilización, a tener estadísticas oficiales e información de corte cualitativo que permitan dimensionar correcta y oportunamente todos los tipos y modalidades de violencia de género se expresa en el país. En el PND este objetivo abarca tres estrategias; se vincula con seis objetivos de las metas nacionales y contribuye a cumplir con siete estrategias. Estrategias y líneas de acción:
Objetivo transversal 3: Promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y recursos productivos, en un marco de igualdad. El México próspero al que aspiramos requiere que las mujeres participen con más intensidad en los mercados de trabajo, generen sus propios ingresos y cuenten con los recursos económicos que les permitan desarrollar sus potencialidades económicas y productivas. El contar con recursos propios posibilita, entre otras cosas, enfrentar situaciones de violencia, dependencia, exclusión y confinamiento, pero también aprovechar el dividendo de género que tiene el país para impulsar el desarrollo y el crecimiento económico. La patriarcal división sexual del trabajo que obliga a las mujeres a asumir toda la carga de los trabajos domésticos en sus propios hogares y los muy demandantes cuidados que distintos grupos poblacionales requieren, limitan la participación de las mujeres en actividades productivas o las sobrecargan de responsabilidades impidiendo su acceso en condiciones de igualdad con los varones al trabajo remunerado. En este contexto la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el trabajo remunerado y no remunerado se concibe como la estrategia para que las mujeres alcancen la igualdad sustantiva. En el PND este objetivo se encuentra inmerso en la meta de México Próspero, pero también aborda cuestiones de México Incluyente e incide en seis estrategias; el objetivo transversal 3 se vincula con siete objetivos de las metas nacionales y contribuye a impulsar las estrategias de las metas nacionales. Estrategias y líneas de acción:
Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. Un México Incluyente es uno de los mayores retos que tiene México como país. Desde la agenda de las mujeres, las brechas de género en temas fundamentales como hogares y viviendas, educación, salud, seguridad social, sustentabilidad y medio ambiente, cultura, deporte, recreación, son evidentes. De ahí la enorme importancia que tienen las acciones afirmativas para poder reducir las desigualdades entre mujeres y hombres, y avanzar hacia la igualdad sustantiva. Por ello, el compromiso del Gobierno apunta a un desarrollo humano integral de las mujeres como elemento fundamental para poder desarrollar sus potencialidades. El hecho de garantizar un desarrollo integral de las capacidades de las mujeres requiere de cambios a fondo en las políticas educativas, de salud, de desarrollo y seguridad social; además de cambios profundos en la forma como interactuamos con el medio ambiente; y de romper con estereotipos, prejuicios y barreras culturales que impiden la participación de las mujeres en condiciones de igualdad y las marginan o segregan. Este objetivo incide, además, de manera directa, en un México con Educación de Calidad. El objetivo se concentra en cuatro de las estrategias del PND: impulsar en todos los niveles, particularmente en la educación media superior y superior, el acceso y permanencia de las mujeres en el Sistema Educativo, así como la conclusión oportuna de sus estudios; incentivar la participación de las mujeres en todas las áreas del conocimiento, en particular en las relacionadas con las ciencias y la investigación; robustecer la participación de las niñas y mujeres en actividades deportivas, para mejorar su salud y su desarrollo humano; y promover la participación igualitaria de las mujeres en actividades culturales. Se relaciona con seis metas nacionales, y contribuye a consolidar y cumplir con un amplio conjunto de estrategias de las metas nacionales. Estrategias y líneas de acción:
Objetivo transversal 5: Generar entornos seguros y amigables de convivencia familiar y social, actividades de tiempo libre y movilidad segura para las mujeres y las niñas. Un México en Paz exige esquemas de convivencia familiar, local, comunitaria y social en donde el respeto de y hacia las personas y su derecho a vivir en un entorno de confianza y seguridad estén garantizados. El Estado tiene la obligación de propiciar que todos los espacios de convivencia e interacción familiar y social sean espacios de confianza en los cuales las personas gocen de sus derechos fundamentales: una vida libre de violencia, respeto la integridad física y a la libertad de movimiento; se conviva en espacios seguros y se pueda contar con servicios comunitarios para realizar actividades recreativas, sin una sensación de inseguridad y peligro que limite el desarrollo y la movilidad de las personas. El derecho a contar con espacios de convivencia libres de temor, de miedo a ser víctimas de una agresión delictiva, de una agresión física o sexual, con tolerancia cero hacia conductas impropias que se expresan mediante la agresión verbal o el acoso a mujeres, niñas y niños en espacios públicos. Esto aunado al derecho a transitar libremente y sin temor, a cualquier hora del día, por las calles y en los transportes públicos, son parte de una agenda de género básica: el derecho a disfrutar de la convivencia social y a realizar actividades de recreación, deportivas, formativas, culturales o políticas sin miedo. Por ello se hace imperativo intensificar la orientación a las mujeres para impulsar la seguridad comunitaria con medidas de autocuidado, protección ante factores de riesgo y participación corresponsable con las autoridades de seguridad pública. En el PND este objetivo transversal se encuentra explícito en la estrategia de incorporar acciones específicas para garantizar la seguridad e integridad de las mujeres; e incide tanto en el México en Paz, como en el México Próspero y el México Incluyente. Se expresa en varios objetivos; y se vincula con un amplio conjunto de estrategias de las metas nacionales. Estrategias y líneas de acción:
Objetivo transversal 6: Incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional. Para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres se tienen que fortalecer las actuaciones de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Para ello es indispensable contar con instancias coordinadoras que posibiliten la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y la institucionalicen, estas instancias son los mecanismos para el adelanto de las mujeres a nivel municipal y por entidad federativa que junto con el Instituto Nacional de las Mujeres a nivel federal, tienen la responsabilidad de fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género. El contar con instancias coordinadoras, para superar las desigualdades que hay contra las mujeres no sólo permite avanzar en lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito federal, estatal y municipal, sino que promueve a las áreas de género en las dependencias de la administración pública, con la responsabilidad de insertar la transversalidad de la perspectiva de género en todos los programas y acciones del gobierno por medio de acciones en pro de la igualdad. Adicional a la coordinación entre todos los sectores, se requiere de la coordinación de acciones y agendas entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, para poder establecer la plataforma de transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; así como en los poderes legislativo y judicial de cada estado. El PND encuentra la concreción de la perspectiva de género en las acciones de política pública del PROIGUALDAD y, particularmente, en este objetivo que es el que centra en lo que mandatan la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por tanto, este objetivo transversal incide en las cinco metas nacionales: México en Paz, México Próspero, México Incluyente, México con Educación de Calidad y México con Responsabilidad Global, pero también en las estrategias transversales de un gobierno cercano y moderno, y con democratizar la productividad. Estrategias y líneas de acción:
Ficha técnica de los indicadores Objetivo 1. Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres. 
Objetivo 2. Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas y garantizar su acceso a la justicia.
Objetivo 3. Promover el acceso y la igualdad de las mujeres al trabajo remunerado, el trabajo decente y los recursos productivos. 
 Objetivo 4. Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. 
Objetivo 5. Generar entornos de convivencia y corresponsabilidad familiar-social, actividades de tiempo libre y movilidad segura para las mujeres y niñas. 
Objetivo 6. Incorporar y fortalecer la institucionalización de la igualdad de género en los poderes de la Unión y niveles de gobierno.
Transparencia y rendición de cuentas Con el propósito de cumplir con el mandato de transparencia y rendición de cuentas al que el Instituto Nacional de las Mujeres está obligado, el PROIGUALDAD y sus informes de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas se harán públicos en: www.inmujeres.gob.mx y http://portaltransparencia.gob.mx/. En suma, el Instituto Nacional de las Mujeres pondrá a disposición de la sociedad mexicana, no sólo el PROIGUALDAD sino los informes, reportes de avance, evaluaciones y evolución de los indicadores que den cuenta de su cumplimiento. Glosario Acciones afirmativas o discriminación positiva: mecanismo para corregir la desigualdad inicial que muestran las mujeres en relación con los hombres, para favorecer la igualdad de condiciones, merced a medidas que equilibren las oportunidades y reduzcan la desigualdad y la discriminación. Son ejemplos de estas acciones: el sistema de cuotas para equilibrar la proporción de cada uno de los dos sexos que participan en puestos públicos, cargos sindicales, órganos de representación, o ciertas actividades profesionales. Su origen se remonta a las políticas para asegurar la incorporación de la población afrodescendientes en los Estados Unidos, después décadas de discriminación y en atención de la proclamación de sus derechos civiles en los años 60. Desigualdad de género: consecuencia de la subordinación de las mujeres que tienen su sustento en las prácticas culturales discriminatorias y excluyentes que se presentan en todos los órdenes de la vida y en las diversas instituciones, naturalizadas hasta el punto de pasar desapercibidas hasta que se analizan con perspectiva de género. Economía de traspatio: se refiere a los esquemas familiares de producción para el autoconsumo, particularmente de productos agrícolas y la crianza de pequeñas especies. En ocasiones es considerada como parte de las labores domésticas; no obstante contribuye a la economía del hogar y es una fuente de ingresos familiares para la sobrevivencia. Economía social: se refiere a las organizaciones que adoptan formas jurídicas y organizativas múltiples, que generalmente no coinciden con las formas clásicas de la economía, pero que recuperan el sentido social y democrático combinando trabajo remunerado, no remunerado y voluntario. Habitualmente la economía social es expresión de la solidaridad y la redistribución que se organiza para apoyar a los grupos menos favorecidos. Empoderamiento: se refiere al conjunto de procesos vitales amplios que permiten adquirir capacidades y habilidades para fortalecer los recursos emocionales, intelectuales, económicos, políticos y sociales que permiten a cada mujer o grupo de mujeres, enfrentar, y erradicar las diversas formas de opresión, subordinación y sumisión de sus vidas. Género: categoría analítica que cruza transversalmente toda la estructura social y puede ser aplicada en todas las áreas del desarrollo social: lo político, lo económico, lo ambiental, lo social, lo cultural y lo institucional. Permite comprender cómo en las sociedades, lo femenino y lo masculino no son simples derivaciones de las diferencias biológicas, sino complejas construcciones sociales cargadas de significación, que se proyectan y activan en las estructuras discursivas y regulatorias de las sociedades. El género es un principio de organización que afecta todo el conjunto de las relaciones sociales. La diferencia sexual y su construcción social, permean todo el marco institucional y normativo de las sociedades modernas. Todas las relaciones: económicas, políticas y simbólicas que regulan los intercambios entre los individuos, están modeladas por las jerarquías del género, que se expresan en la desigualdad social, económica y política entre mujeres y hombres y entre diferentes grupos de mujeres y de hombres (Joan Scott, 1999) Hogar: conjunto formado por una o más personas que residen habitualmente en la vivienda y se sostienen de un gasto, principalmente para alimentarse. Hogar ampliado: hogar familiar conformado por un hogar nuclear y al menos otro pariente, o por un jefe(a) y al menos otro pariente. Hogar familiar: hogar en el que al menos uno de los integrantes tiene parentesco con el jefe (a). Hogar nuclear: hogar conformado por una pareja completa o incompleta con o sin hijos e hijas. Jerarquías de género: conjunto articulado de costumbres, valores, reglas, normas y leyes, con las cuales las sociedades regulan la formación de las subjetividades; la definición de los roles, funciones y los estilos de vida permitidos y aceptados para mujeres y hombres (Gayle Rubín, 1986) Institucionalización: proceso por medio del cual una práctica social se vuelve regular y obligatoria. La institucionalización de la perspectiva de género es el proceso mediante el cual las demandas de las mujeres por la igualdad sustantiva se insertan en los procesos y procedimientos regulares y pasan a formar parte de las normas de las instituciones. Políticas de igualdad: son acciones para corregir los desequilibrios existentes entre las personas, en razón de su pertenencia a grupos discriminados, excluidos, segregados o marginados por razones de sexo, raza, pertenencia étnica, religión o preferencia sexual, entre otras. Considerar las diferencias y desigualdades entre los sexos. Las políticas de igualdad están dirigidas a contrarrestar las desigualdades que se asocian con las diferencias sexuales y persiguen alcanzar los derechos de las mujeres, para evitar que las desventajas ligadas al hecho de ser mujer. Sistema Nacional de Salud: constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud. Transmigrante: persona en tránsito hacia otro país y que podrá permanecer en territorio nacional hasta por treinta días. Transversalidad: método de gestión pública que permite aplicar recursos de distintas esferas a un mismo propósito o programa, cuando los objetivos son complejos y traslapan o sobreponen las fronteras organizacionales sectorizadas. En este sentido, la transversalidad es un proceso activo de cambio o transformación en las concepciones de un problema público y un método de gestión que requiere de una planeación concertada y coordinada entre agencias, actores y proyectos entre agencias diversas que comparten objetivos, metas, prioridades y permite generar sinergias para responder con mayor eficacia a los problemas sociales. La transversalidad del género supone tomar en cuenta el impacto de la acción pública en hombres y mujeres y, por tanto transformar el estándar con el que se enfocan tradicionalmente los problemas y soluciones sociales o económicas; implica abandonar el supuesto individuo neutro-universal sin diferencias sexuales y adoptar el esquema mujeres y hombres con sus diferencias y desigualdades. La transversalidad significa la modificación de todas las políticas con el propósito de lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Sistema Nacional de Salud: constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud. Siglas y acrónimos
Bibliografía Cenapred. Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres en la República Mexicana. México. Vol. 12. 2010. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Acceso a la Justicia como Garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estudio de los Estándares Fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 2007. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el Estado que Guardan los Derechos Humanos de las Mujeres Internas en Centros de Reclusión de la República Mexicana. México, 2013. Coneval. Pobreza y Género en México. Hacia un sistema de indicadores. México, 2012. Consultado en: http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Pobrezay Generoenweb.pdf Coneval con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010, México. Congreso de la Unión. Senado de la República LXII Legislatura. Cámara de Diputados LXII Legislatura. Información al 15 de octubre de 2012. Consenso de México (2004), en: http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/1/27331/Consenso_Mx.pdf Consenso de Quito (2007), en: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/29489/dsc1e.pdf Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en el Cairo, disponible en: http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/poblacion/conf_pop.htmhttp://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/poblacion/conf_pop.htm Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México (ENADIS), 2010, México. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención de Belem do Para", en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/relconf/documents/meetingdocument/wcms_157833.pdf Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011 Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH), Caso González y otras ("Campo algodonero") vs. México. Sentencia 16 de noviembre de 2009. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf Declaración del Milenio, en: http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf Diario Oficial de la Federación, 10 de junio de 2013, DECRETO por el que se reforman los artículos 3o., 4o., 9o., 37, 65 y 66; y se adicionan los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación. Consultado en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301832&fecha=10/06/2013 Foro Consultivo Científico y Tecnológico, con datos de CONACYT. México, 2013. Consultado en: http://www.foroconsultivo.org.mx/documentos/acertadistico/conacyt/sistema_nacional_de_investigadores.pdf Inegi. Censo Agropecuario 2007, IX Censo Ejidal, México. Inegi. Censo de Población y Vivienda 2005. Consultado en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/Glosario/paginas/Contenido.aspx?ClvGlo=ccp2005&nombre=056&c=10393&s=est Inegi. Censo de Población y Vivienda, 2010. Inegi. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2012. Consulta interactiva de datos. Inegi. Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN), 2012. Inegi. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Consultado en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/Glosario/paginas/Contenido.aspx?ClvGlo=ehenoe&nombre=079&c=10842&s=est Inegi. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 2009. México. Inegi. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2012. Segundo trimestre. Inegi. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2012. México. Inegi, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías dela Información en los Hogares, 2012, México. Inegi. Estadísticas vitales. Registros de natalidad. Consulta interactiva de datos. México. Inegi. Sistema de Cuentas Nacionales. Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares de México, 2007-2011. Página 16, México, 2013. Inegi- Inmujeres. Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social. ELCOS, 2012. Inegi-Inmujeres. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2011. México. Inegi-Inmujeres. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), 2009, México. Inmujeres. Análisis cuantitativo de la oferta y demanda por vivienda, y la relación de sus características con el bienestar de los hogares; desde un enfoque de género. 2010, México. En: http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/biblioteca-digital/cuadernosgenero Inmujeres-UNAM. Retratos de la violencia contra las mujeres en México. Análisis de Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2011. En dirección electrónica http://inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/ct35_3.pdf Inmujeres. Investigación 2011-2012. México. 2012. Inmujeres. Valor económico del trabajo doméstico en México. Aportaciones de mujeres y hombres. Mercedes Pedrero. INMUJERES. México 2010. En: http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/ct21.pdf Inmujeres-Inegi. Mujeres y Hombres en México, 2012. Instituto Nacional de Migración. Glosario de Términos. Consultado en: http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Glosario_No_Inmigrante Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2012. México. En: http://ensanut.insp.mx/ Instituto Nacional de Salud Pública â INMUJERES, Monitoreo de la atención a las mujeres en servicios del sector salud 2012, México. En: http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/Resized/agosto2013/ct38.pdf Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Adicciones, 2002 y 2011, México. Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2012. México ENSANUT, 2012. SIG, 2013. Ley de Planeación, Abril 2012. Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Enero, 2001. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. México 2007. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Febrero, 2007; enero 2013. Ley General de Salud. Artículo 5°. Consultado en: http://www.cibiogem.gob.mx/Norm_leyes/Documents/normatividad-SSA/LGS.pdf Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Agosto, 2006; marzo 2012. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2012. Resumen Ejecutivo. ONU. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). CEDAW/C/MEX/CO/7-8. Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CEDAW_C_MEX_CO_7_8_esp.pdf Organización Internacional del Trabajo. Convenio 156: Igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares, 1981. Convenio 189: Trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011. Ginebra Suiza. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Buró de Prevención de Crisis y Recuperación. Género y Desastres. Nueva York. Octubre de 2010. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw-one.htm SSA. Depresión y suicidio en México, 2012. Scott, J. W., Gender and the politics of History Columbia, University Press.1999. Segob. Inafed. Sistema Nacional de Información Municipal. Datos a julio de 2013. Segob. Inafed. Sistema Nacional de Información Municipal. Datos a octubre de 2011. Segob-Inegi. Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP), 2012. SEP. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Ciclos escolares 2010-2011 y 2011-2012. SEP-Unicef. Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México. México, 2009. Secretaría de Salud. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). Conapo. Proyecciones de la Población de México 2010-2050. Proyecciones de las Entidades Federativas 2010-2030. En: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_de_la_Poblacion_2010-2050. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incidencia Delictiva Nacional, fuero común. Inegi. Estadísticas Judiciales en Materia Penal. Varios años. SHCP. Acuerdo 01/2013. Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Diario Oficial de la Federación, 10 de junio de 2013. ____________________________ |
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