PROGRAMA Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018. PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCI 2014-2018 GOBIERNO DE LA REP Abril 2014 INTRODUCCI MARCO NORMATIVO CAP CAP CAP DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCI TRANSPARENCIA SIGLAS Y ACR GLOSARIO BIBLIOGRAF ANEXO 1.CORRESPONDENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES POR ESTRATEGIA Y L ANEXO 2. INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN EL DISEÑO DEL PROGRAMA INTRODUCCI El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia tiene por objeto atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia. Su implementación es coordinada por la Secretaría de Gobernación e implica el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno, los diferentes sectores de la sociedad civil, así como la participación de la iniciativa privada y los organismos internacionales. La prevención social es un proceso que demanda acciones de corto, mediano y largo plazos orientadas a lograr, de manera progresiva, cambios socioculturales que permitan la configuración de relaciones libres de violencia y delincuencia. En ese tenor, el Programa Nacional establece los principios de integralidad, intersectorialidad, transversalidad, territorialidad o focalización, participación, trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, diversidad, proximidad, transparencia y rendición de cuentas e incorpora las perspectivas transversales de equidad de género; derechos humanos y cohesión social. Su fundamento descansa en el enfoque de seguridad ciudadana, el cual privilegia la participación ciudadana en la construcción de ambientes seguros a través de la prevención, además de entender la seguridad como un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado pero que a su vez, debe ser coproducido por todos los actores sociales. El enfoque preventivo asumido por el presente Programa plantea tres niveles de intervención: primario, secundario y terciario; y, cinco tipos de prevención, social, situacional, comunitaria, psicosocial y prevención policial orientada a la comunidad. (1) Se sustenta en tres teorías que explican las distintas aristas de la violencia y la delincuencia. La teoría ecológica del delito (modelo sistémico que orienta la atención de problemas delictivos en todos sus ámbitos de desarrollo), la teoría epidemiológica del delito (centra la atención en los factores de riesgo y factores protectores) y la teoría de la eficacia colectiva (entiende el problema de la criminalidad como algo colectivo en lo que influye el contexto de desarrollo de las personas por lo que busca propiciar comunidades más organizadas, con mayor nivel de solidaridad y confianza, más cohesionadas y por tanto, comunidades más seguras). Parte de un diagnóstico de la violencia, la delincuencia y la percepción de inseguridad que se han experimentado en el país en los últimos años. Se identifican factores de riesgo, territorios y poblaciones de atención prioritaria (niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres) para las que se plantean acciones específicas en los ámbitos individual, familiar, escolar y comunitario. El presente Programa Nacional considera que para el logro de sus objetivos requiere de la contribución de otros programas de la Administración Pública Federal que también abordan los factores asociados a la violencia y la delincuencia, o bien, que se dirigen a las poblaciones de atención prioritaria. Es importante enfatizar que otras poblaciones no incluidas en el Programa Nacional son atendidas por otras dependencias, en función de su ámbito de competencia. Es decir, son varios los esfuerzos del Gobierno de la República que confluyen en la prevención social. Los cinco objetivos en los que se centran las acciones del PNPSVD son: incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias; reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria; generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana; fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales/delegacionales, estatales y federal; y, asegurar la coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la implementación de programas de prevención social. Para su consecución se determinaron 16 estrategias y 98 líneas de acción. El carácter nacional del Programa refrenda la convicción de que los gobiernos locales son de primordial importancia en la prevención; su proximidad y conocimiento del territorio y las problemáticas que viven sus comunidades permite la integración de acciones y el desarrollo de procesos preventivos pertinentes, alineados a los objetivos, estrategias y líneas de acción del PNPSVD. En este sentido, los municipios y delegaciones tienen un papel central en la implementación y seguimiento de los procesos de prevención social, siempre con el apoyo y coordinación de sus entidades federativas en la realización de los diagnósticos, el diseño y evaluación de los proyectos de prevención. Estos procesos se complementarán y fortalecerán con el trabajo articulado de las dependencias de la Administración Pública Federal que conforman la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, diseñando estrategias multisectoriales y transversales, así como dirigiendo recursos y acciones de prevención específicas a los territorios focalizados en las demarcaciones definidas por el Programa. El Gobierno Federal, como responsable de guiar la política pública de prevención social de la violencia y la delincuencia en el país, a través del Programa Nacional, busca que de manera coordinada con las entidades federativas, municipios y delegaciones se articulen los diferentes programas de prevención social que se financian total o parcialmente con recursos federales, como el otorgamiento de apoyos en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y municipios (FASP) y el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) y, en su caso, con recursos de las propias entidades federativas, de las delegaciones y municipios para que se complementen y fortalezcan respuestas integrales, y contribuyan así a la construcción de comunidades fortalecidas más cohesionadas y seguras. Finalmente, cabe destacar que hablar de prevención social de la violencia y delincuencia es hablar de procesos de transformación y fortalecimiento individual, familiar y comunitario, que permiten la convivencia pacífica, la vigencia de los derechos humanos, mejorar las condiciones de seguridad y elevar la calidad de vida de las personas. Para ello, es de suma importancia la participación activa de la sociedad civil organizada, las instituciones académicas, la iniciativa privada, los medios de comunicación y, de manera especial, de la ciudadanía. MARCO NORMATIVO Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Documentos internacionales Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil -Directrices de Riad. Leyes Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Ley de Coordinación Fiscal. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Ley de Planeación. Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ley General de Víctimas. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Presupuesto de Egresos de la Federación. Reglamentos Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. Reglamento para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales. Estatutos Estatutos de Organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Acuerdos Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Acuerdos de la Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Acuerdo por el que se crea con carácter de permanente la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Acuerdo por el que se da a conocer la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020. Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, del año correspondiente. Plan y programas (publicados en el Diario Oficial de la Federación) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018. Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018. Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018. Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018. Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018. Programa Sectorial de Salud 2013-2018. Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018. CAP La violencia y la delincuencia son situaciones que generan amenazas a los derechos humanos(2) y afectan la construcción de la seguridad ciudadana, la cual se traduce en un bien público que brinda certeza a las personas respecto a su integridad física, psicológica, patrimonial y social; por tanto, permite el ejercicio de derechos como la libre movilidad y la convivencia pacífica. Es conveniente precisar que en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD) se entiende por violencia, una acción en la que existe el uso deliberado de la fuerza física o el poder, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Quedan incluidas las diversas manifestaciones como la violencia de género, la juvenil, la delictiva, la institucional y la social, entre otras. La delincuencia es entendida como un fenómeno social, multicausal y multifactorial, el cual se expresa mediante una conducta que quebranta un orden social o legal determinado; es decir, un delito (BID, s/f) para obtener, principalmente, un beneficio económico, gratificación sexual o poder. A partir del año 2006, la violencia y la delincuencia se han incrementado en México. De ahí la importancia de diseñar políticas públicas que permitan disminuir la frecuencia, gravedad y consecuencia de estas situaciones. Al respecto, es importante tomar en cuenta que diversos estudios han documentado la ineficacia de políticas basadas sólo en la sanción y control de estas problemáticas; en contraste, señalan la pertinencia de las políticas públicas que integran de manera complementaria la prevención, es decir, aquellas que se dirigen a atender los factores y causas de la violencia y la delincuencia. (Human Rights Watch, 2011; CIDAC, 2013; y CIPC 2008, 2010, 2012) En congruencia, el PNPSVD establece acciones específicas para contribuir a disminuir las causas y factores de estas problemáticas, priorizando a aquellos grupos que registran una mayor exposición a tales situaciones ya sea como víctimas o como agresores, lo que hace necesario establecer un contexto sobre las principales manifestaciones de la delincuencia y la violencia. 1) Situación actual de la violencia y la delincuencia en México. En los últimos años, principalmente entre 2006 y 2011, se registró en el país un incremento de la violencia y la delincuencia, lo que impactó fuertemente los niveles de inseguridad de la población. No sólo se cometieron más delitos, sino que fueron más violentos (Human Rights Watch, 2011). Respecto a las denuncias de delitos del fuero común(3), los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que de 2006 a 2011 se registró un incremento en el número de denuncias; sin embargo, a partir de 2011 se observa una disminución de 1,725,894 denuncias en 2011 a 1,653,206 en 2013. Gráfica 1. Total de denuncias del fuero común  Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo (2006-2013) En lo que respecta al fuero federal, se observa que el total de denuncias se incrementó 12.37% en el periodo de 2006 a 2012. Gráfica 2. Total de denuncias del delitos del fuero federal  Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo (2006-2013). Adicionalmente, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) registró un incremento en el número de personas que reconocen haber sido víctimas de un delito. En el año 2010, 17,847,550 personas de 18 años y más reconocieron haber sido víctimas de algún delito; en 2011 esta cifra ascendió a 18,675,004 y para 2012 aumentó a 21,603,990 personas. (ENVIPE, 2011a, 2012a, 2013a). Gráfica 3. Total de víctimas  Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENVIPE (INEGI, 2011a; 2012a; 2013a) Asimismo, se percibe un incremento en el total de delitos ocurridos. En 2010 se estimó un total de 22,714,967 delitos, mientras que en 2012 se reportaron 27,769,447 delitos. Si se desagrega la información por delitos específicos, se percibe un incremento significativo en los siguientes delitos: robo en la calle y transporte público, extorsión, robo total o parcial de vehículos, amenazas, fraude y robo a casa habitación. Gráfica 4. Evolución de la tasa de delitos por tipo de delito  Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENVIPE (INEGI, 2011a; 2012a; 2013a) En cuanto a otros delitos de alto impacto social, México está catalogado como país de origen, tránsito, y destino para la explotación sexual, comercial y el trabajo forzado, denominado como trata de personas; sin embargo, México carece de un sistema de información para describir con precisión las dimensiones de este delito (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2009). Otra información relevante para el contexto de inseguridad es el número de armas que podrían estar ingresando al país por cruces ilegales. En 2011 se aseguraron 23,586 y de enero a julio de 2012 se aseguraron 15,835 (Cifras preliminares publicadas por el Gobierno de la República en el Sexto Informe de Gobierno(4)). Por otro lado, el costo total estimado que ha generado la inseguridad y el delito en 2012 alcanzó 215.2 mil millones de pesos, lo que representó 1.34% del PIB (INEGI, 2013a). La percepción de seguridad El contexto delictivo antes señalado repercute directamente en la percepción de seguridad. En los últimos años, la inseguridad se posiciona como la principal preocupación de la ciudadanía, desplazando incluso a los problemas que tradicionalmente centraban dicha preocupación: el desempleo y la pobreza. Gráfica 5. Temas de preocupación ciudadana  Fuente: Elaboración propia con base en ENVIPE (INEGI, 2012a; 2013a). En efecto, de 2012 a 2013, la población se sintió más insegura, identificando que a nivel estatal tuvo un incremento de casi 6%; a nivel municipal, de 4.8% y en el nivel de colonia/ciudad de 5.1%. Gráfica 6. Población que se siente insegura por escala territorial  Fuente: Elaboración propia con base en ENVIPE (INEGI; 2011a, 2012a, 2013a). Esta situación refleja que si bien la percepción de inseguridad aumenta a medida que se avanza en el nivel territorial, desde el más cercano (colonia) al más lejano (estatal); la situación de temor se ha incrementado mayormente en el espacio más cercano de las personas, puesto que la inseguridad en sus colonias es la que ha presentado mayor aumento. En los años 2011, 2012 y 2013, los espacios donde las personas se sintieron más inseguras fueron: el cajero automático, el banco, la calle, el transporte público, la escuela y el hogar (INEGI; 2011, 2012 y 2013a). En respuesta a esta sensación de inseguridad, la población dejó de realizar ciertas actividades en su vida cotidiana: trasladar dinero en efectivo (48.7%), permitir que sus hijos menores de edad salieran (62.8%) y salir de noche (52.4%), (INEGI; 2013a). Ello demuestra que la calidad de vida de las personas se está viendo afectada, inclusive, en aquellos lugares considerados de mayor seguridad y tranquilidad como son la vivienda y la escuela, provocando el cambio de las rutinas diarias y los modos de vida. Estas conductas explican, en gran medida, el aislamiento de la ciudadanía, la contratación de seguridad privada y la pérdida de la vida comunitaria, afectando con ello el tejido social de las comunidades. Gráfica 7. Espacios en los que las personas se sintieron más inseguras  Fuente: Elaboración propia con base en ENVIPE (INEGI; 2011a, 2012a, 2013ª). Otro elemento que incide en la percepción de seguridad es la confianza en las instituciones. Los resultados de la ENVIPE 2011, 2012 y 2013 muestran que, a nivel nacional, el grado de confianza en las autoridades depende del orden de gobierno del que se trate, siendo las policías locales sobre todo de tránsito, ministeriales y municipales las que generan menor confianza, mientras que autoridades del ámbito federal -en especial la Marina y el Ejército- son las que cuentan con el mayor nivel de confianza. Gráfica 8. Confianza institucional 2012-2013  Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENVIPE (INEGI; 2012a, 2013a) Por su parte, la Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal muestra que el 49% de las personas entrevistadas considera que las leyes no se cumplen, que los principales problemas son la corrupción, la tardanza y la impunidad. (Gobierno de la República, 2013). Se señala que desde hace diez años los índices de impunidad han permanecido estables, de tal manera que sólo uno de cada 100 delitos cometidos en el país recibe castigo y el 62.4% de la población considera que es muy poca la reducción de corrupción en las instituciones del Estado (INEGI, 2012a). Estas situaciones pueden estar afectando los niveles de denuncia ciudadana. Según la ENVIPE, para 2012 el 61.9% de los entrevistados señalaron que las causas específicas de no denuncia son atribuibles a la autoridad. Tabla. Delitos sin denuncia declarada por causa de no denuncia, según ENVIPE 2012
Fuente: ENVIPE (INEGI, 2012a) Tanto la percepción de seguridad como el aumento de confianza en las instituciones son aspectos en los que el PNPSVD pretende incidir. Deficiencias en las capacidades institucionales para la prevención social Los esfuerzos gubernamentales en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia son recientes en nuestro país. En 1998 el Gobierno Federal integró el Fondo de Seguridad Pública (FOSEG), mismo que a partir de 2009 se conoce como Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP); éste consiste en recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados y del Distrito Federal para la seguridad pública, destinados exclusivamente: · Reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública. · Equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, peritos, ministerios públicos, policías preventivos o custodios de centros penitenciarios y de menores infractores. · Establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y servicio telefónico nacional de emergencia. · Construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios y de menores infractores e instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación. · Seguimiento y evaluación de los programas señalados. (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2014). Por otro lado, en 2008 se creó el Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios (SUBSEMUN), el cual se incrementó en 25% de 2008 a 2013, pasando de $3,573,200,000 a $4,559,800,000 pesos. De este recurso, a partir del ejercicio fiscal 2012, al menos 20% es destinado para el desarrollo y aplicación de políticas públicas en materia de prevención social del delito con participación ciudadana. Actualmente, el SUBSEMUN, a través de la transferencia de recursos a los municipios y, en algunos casos, a las Entidades Federativas, se propone fortalecer el desempeño de las funciones en materia de seguridad pública, profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, fortalecer los niveles de seguridad y confiabilidad que demanden las instituciones de seguridad pública, promover una política preventiva, y alinear las capacidades del Estado mediante una estrategia de prevención social del delito. La elaboración y desarrollo de las políticas de prevención social de la violencia y la delincuencia requiere que los servidores públicos cuenten con conocimientos que les permitan identificar este tipo de situaciones a partir de los factores que las generan, así como sus causas y consecuencias, más allá de criminalizar a las personas que cometen actos de violencia o delincuencia. Por ende, los retos que se identifican para la siguiente administración son: · Establecer estrategias de coordinación entre las distintas secretarías involucradas en la atención de aquellos factores que podrían estar generando violencia y delincuencia. · Crear mecanismos que permitan la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y fomentar la participación activa de la ciudadanía. · Fortalecer las capacidades técnicas y metodológicas de los servidores públicos para aplicar el enfoque de prevención social. · Generar información sobre los factores que configuran violencia y delincuencia en los diferentes territorios del país, así como su frecuencia y gravedad. · Definir instrumentos de medición que permitan observar el comportamiento de estas problemáticas, lo que servirá para la toma de decisiones informadas. 2) Factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia Para efectos del Programa, se entiende por factores de riesgo aquellas situaciones de tipo individual, familiar, escolar o social que incrementan las probabilidades de que las personas desarrollen conductas violentas o delictivas. Es importante enfatizar que la sola existencia de estos factores no implica que las personas inmersas en tales situaciones cometerán actos de violencia o delincuencia; sino que las coloca en una situación de mayor riesgo de experimentarlas. La literatura especializada en prevención reconoce la influencia de una combinación de causas estructurales y factores de diversa índole (individuales, familiares, sociales e institucionales) que en su conjunto pueden facilitar la presencia de situaciones de violencia y delincuencia. Sin embargo, es muy remota la probabilidad de que uno de estos factores por sí solo genere este tipo de problemas. En la siguiente figura se observa una síntesis de los factores de riesgo identificados en las investigaciones en la materia: Figura 1. Pirámide de la violencia Factores de riesgo asociados a la violencia y delincuencia.  Fuente: Elaboración propia con base en Plan Nacional de Prevención de la Violencia y de la Paz Social 2007-2012 & Hein 2004 y Hawkins J. David, Herrenkohl, Todd I, Farrington, "Predictors of YouthViolence", Juvenile Justice Bulletin, Office of Juvenile and Delinquency Prevention, 2010. A continuación se presentan los factores que el PNPSVD identifica, resaltando que la confluencia de ellos aumenta la probabilidad de cometer actos de violencia y delincuencia. 2.1 Embarazo temprano. El embarazo temprano, en ocasiones, limita las oportunidades de que las personas jóvenes completen su educación, traduciéndose en mínimas posibilidades de acceder a mejores puestos de trabajo e ingresos. Al mismo tiempo, las y los jóvenes adquieren responsabilidades que pueden modificar su plan de vida y limitar su socialización y actividades con otras personas de su edad. Además, les puede ocasionar frustraciones y problemas de autoestima. Todo lo anterior dificulta su independencia económica y emocional, situación que a su vez puede desarrollar conductas violentas. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2013), la proporción de adolescentes en edad de 12 a 19 años que han iniciado su vida sexual se ha incrementado durante los últimos años, pasando de un 15% en 2006 a 23% en 2012. De este grupo, el 14.7% de los hombres y 33.4% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Poco más de la mitad (51.9%) ha estado alguna vez embarazada y 10.7% estaba embarazada al momento de la entrevista (Instituto Nacional de Salud Pública, 2012). Por su parte, las estadísticas de natalidad del INEGI muestran que de 2008 a 2011 ha incrementado levemente la tasa de natalidad en mujeres de entre 15 y 19 años, de 16.9% del total de nacimientos en 2008 a 17.5% en 2011. 2.2 Consumo y abuso de drogas legales e ilegales. Estudios señalan que la relación entre el consumo de drogas y la violencia es compleja(5). Si bien describen que no existe una relación causal entre ambas, identifican comportamientos violentos y delictivos asociados con la necesidad de consumo. Ciertos consumidores pueden encontrarse en estados físicos y emocionales alterados, los cuales los motivan a participar en situaciones de riesgo. Al respecto en el año 2009 del total de muertes violentas registradas, 24.4% ocurrieron bajo la influencia de algún tipo de sustancia. De éstas el 92.1% fueron de hombres. Las causas más comunes fueron: por arma de fuego (33.3%), accidentes de tránsito (17.2%) y asfixia (10.2%) (Secretaría de Salud, 2009). Según la Encuesta Nacional de Adicciones, en la última década 2002-2011, se ha observado una disminución de las personas consumidoras de alcohol (1.4% a 0.8%), en tanto se ha incrementado el porcentaje de los consumidores dependientes de 4.1% a 6.1%. En esa misma década se duplicó el porcentaje de población consumidora de drogas ilegales, pasando de 0.8% al 1.5%, lo que se traduce en 1,184,157 personas consumidoras de drogas ilegales en 2011(6). El abuso de drogas legales e ilegales se configura como un problema de salud pública con altos costos individuales, sociales y económicos, los cuales requieren de estrategias en materia de prevención. 2.3 Ambientes Familiares deteriorados o problemáticos. Las familias son el principal núcleo en donde se trasmiten valores y aprendizajes culturales y sociales. En este espacio se lleva a cabo la socialización primaria de los miembros que la componen, además de sufragar las necesidades básicas de éstos âincluyendo las de tipo afectivo- se produce la enseñanza de aquellas conductas y normas de convivencia que permitan un desenvolvimiento social respetuoso de la legalidad. La literatura internacional(7) que analiza cómo influye el sistema familiar en el desarrollo de conductas delictivas y comportamientos de riesgo por parte de adolescentes y jóvenes ha identificado diversas situaciones familiares que influyen significativamente en este tipo de conductas, de las que destacan las siguientes (Hein, 2004): · Estilos parentales debilitados y con escasos niveles de supervisión, lo que dificulta el manejo del apego y deteriora la intensidad de los lazos afectivos. · Participación de algún integrante de la familia en actividades ilegales, lo que promueve el aprendizaje de valores fuera de la ley. · Abuso y negligencia familiar. · La exposición a patrones violentos de comportamiento que reproducen la violencia de una generación a otra. · El maltrato genera sentimientos negativos que hacen más probable que se responda al estrés con agresión. 2.4 Deserción escolar. La escuela es un espacio de socialización y construcción de identidad. Estar en ella significa la posibilidad de compartir expectativas y definir un plan de vida socialmente reconocido. Por el contrario, la deserción escolar aumenta las posibilidades de desempeñar trabajos precarios o informales; así como de interactuar en espacios sociales, desintegradores y con escasos referentes positivos, lo cual coloca a las personas en una situación de vulnerabilidad a la estigmatización, criminalización y exclusión. En 2012, 94% del total de la población de entre 6 y 14 años de edad asistía a la escuela, mientras que en el rango de los 15 a los 19 años, sólo el 57% (INEGI, 2010a). Lo anterior refleja la presencia de un gran porcentaje de adolescentes fuera del sistema escolar. Los factores de riesgo asociados a la deserción escolar son múltiples e involucran factores individuales, familiares, sociales y educativos, destacando: el embarazo adolescente, las adicciones, problemáticas familiares, alcoholismo, violencia familiar, nivel de ingresos, pertenencia a grupos delictivos y la escolaridad de los padres. De conformidad con el reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior, los factores del ámbito educativo son los que más influyen en el abandono escolar, especialmente la percepción que tiene el alumno de la importancia relativa de estudiar y trabajar, las bajas calificaciones, la inasistencia a clases y la reprobación de materias (SEP-CEE, 2012). Asimismo, la violencia escolar y la debilidad institucional pueden influir en la generación de formas de convivencia no pacífica y, a su vez, no responder a las necesidades e intereses de los estudiantes, lo que puede influir en que la escuela sea un espacio poco atractivo e incluso propiciar la expulsión. Las estadísticas de deserción escolar muestran que el problema se incrementa notablemente de la secundaria al nivel medio superior: 5.3% en secundaria y 14.4% en nivel medio superior. Los varones desertan con mayor frecuencia; tendencia que se ha mantenido estable en los últimos años (INEE; 2010, 2011, 2012). Gráfica 9. Porcentaje de Deserción Escolar  Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEE (2012). La deserción escolar es considerada un factor de riesgo que incrementa las posibilidades de que las personas se involucren en ambientes violentos o delictivos, toda vez que éstos representan espacios de integración y construcción de identidad que sustituyen la que se genera dentro de las escuelas, al ofrecer alternativas ilegales para obtener estímulos y beneficios a corto plazo. 2.5 Falta de oportunidades laborales, informalidad y desocupación. La inserción al mercado laboral es una de las transiciones más relevantes en la trayectoria de las personas dado que se transforma en el principal canal para la subsistencia y el bienestar; es un medio para la independencia y autonomía y suele estar ligado a otras transiciones del ciclo de vida, como es la formación de una familia propia. Para el caso de los jóvenes, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL, 2012) reporta que el número de empleos netos creados entre 2008 y 2012 ha sido insuficiente para que se incorporen a la fuerza de trabajo y encuentren una opción en el mercado formal. De igual modo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE (2012) reporta que, tan sólo en agosto de 2012, la tasa de desempleo entre los mexicanos de 15 a 24 años fue de 9.4%. Estas cifras son más elevadas si utilizamos como fuente la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que indica que la población desocupada entre los 14 y 24 años correspondió al 35.71% para el segundo trimestre del 2013. México tiene el tercer porcentaje más alto de jóvenes de 15 a 29 años que no estudian ni trabajan entre los países de la OCDE, con un 24.7% para 2011, el cual se ha mantenido estable durante más de una década. El porcentaje de quienes no están empleados ni en educación formal aumenta con la edad: el 18.9% de los jóvenes de 15 a 19 años; el 27.2% de los de 20 a 24; y el 29.5% de los de 25 a 29 (OCDE, 2012). Por otro lado -en relación con las mujeres- la ENOE 2013 reporta que el 43.5% de las mujeres, de 14 años y más, forman parte de la población económicamente activa (PEA). De ellas, 91.9% combina sus actividades extra-domésticas, trabajo y estudio con quehaceres caseros lo que reflejaría la realización de una doble jornada laboral. Esta situación resulta contrastante con la de los varones, entre los cuales sólo el 54.5% cumple con esta condición (INEGI, 2013a). En cuanto al mercado informal, en los últimos años se ha incrementado el número de personas que se desempeñan en este sector. Según datos de la ENOE, para el tercer trimestre de 2010 se ocuparon en el empleo informal 27,846,289 personas, para el tercer trimestre de 2011 la cifra aumentó a 28,498,471, mientras que en 2012 se registraron 29,760,959 personas ocupadas en este sector (ENOE 2010, 2011 y 2012). Trabajar en el mercado informal aumenta la condición de vulnerabilidad de las personas, ya que se carece de derechos laborales y de condiciones mínimas para desempeñar su trabajo, además de que puede posibilitar envolverse en entornos ilegales y peligrosos. Por lo tanto, se debe trabajar en la generación de empleos formales y en el apoyo de iniciativas socioproductivas. 2.6 Capital social debilitado y participación ciudadana incipiente. La existencia de relaciones y redes sociales basadas en la confianza y en la cooperación en una comunidad contribuyen a la generación de capital social, entendido como el proceso por el cual los individuos se transforman de acuerdo a sus propias necesidades y las de sus colectivos, y hace posible la convivencia pacífica y la participación comunitaria; además permite adquirir un sentido de responsabilidad con respecto a su propio bienestar y la seguridad de sus comunidades. La comunidad mexicana se ha caracterizado por ser solidaria y recíproca, lo que ha contribuido a la consolidación de su capital social. Sin embargo, el aumento de la violencia y la delincuencia ha modificado el tejido social, toda vez que ha generado contextos permeados por la inseguridad y desconfianza y, por tanto, ha fragmentado la reciprocidad y cooperación entre sus integrantes. Por lo anterior, actualmente buena parte de las relaciones interpersonales se caracterizan por la desconfianza, la falta de respeto y la intolerancia, en los ámbitos familiar, vecinal y comunitario, de tal suerte que los conflictos se convierten en riñas (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010). En consonancia con esto, la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012 (ENCUP) reporta que el 69% de los entrevistados considera que no se puede confiar en la mayoría de las personas y el 35% encuentra difícil organizarse con otros ciudadanos para trabajar en una causa común. Sin embargo, la misma encuesta reporta que las acciones más frecuentes a las que recurre el ciudadano para darle solución a un problema son: organizarse con otras personas (34%) y quejarse ante las autoridades (27%) (ENCUP, 2012). De igual modo, la Encuesta Nacional Sobre Capital Social en el Medio Urbano 2006 reportó que sólo un 21% de los entrevistados se organizó con sus vecinos durante el año previo al levantamiento de la encuesta para resolver alguna necesidad o problema de su colonia. Lo mismo se muestra en la ENVIPE 2013, donde el porcentaje de población encuestada refiere tener muy poca organización vecinal para la solución de problemas que se presentan en su colonia, sólo el 22.7% de la población se organizó ante la presencia de robos y el 19.9% ante pandillerismo violento (ENVIPE; 2013a). En lo que se refiere a la participación ciudadana, el número de organizaciones de la sociedad civil en México, según su población, está muy por debajo de Estados Unidos de América y de sus pares en América Latina, pues existe sólo una organización por cada tres mil mexicanos. Esto indica una densidad asociativa muy baja (Layton, 2011). 2.7 Entornos de ilegalidad. La naturalización del espacio público como entorno ilegal permite que la ciudadanía incurra en la compra y venta ilícita de artículos y realice actos que no están permitidos por la legislación, lo que fomenta el consumo y reproducción de productos ilegales e impulsa el delito y el uso de la violencia. Las conductas que contribuyen a la construcción de entornos ilegales son múltiples: infligir las normas de tránsito vial; no respetar los espacios exclusivos para personas con discapacidad; dañar la infraestructura urbana, comprar y vender artículos ilegales, tolerar la compra venta de drogas, entre otras. Otro ejemplo lo constituye la gran cantidad de mercados que comercian productos ilegales, lo que genera problemas no sólo para las empresas formales y establecidas, sino para la sociedad en general. El índice de piratería es de 56%, 1.5 veces la media mundial que es de 37%; muestra de ello es que de cada diez programas de software instalados, cerca de seis son copias piratas, lo que asciende a un valor de 180 millones de dólares (Alvarado; 2012). El que la sociedad considere común este tipo de prácticas implica que no se perciban los efectos negativos de éstas en las formas de convivencia y en el uso del espacio público, de tal forma que no se considera necesaria la organización social para solucionarlas. Sin embargo, este tipo de prácticas tienen efectos en la integridad de las personas, por ejemplo, en 2011 se reportaron 16,615 muertes por accidentes viales, incluyendo peatones y ocupantes de vehículos. La cultura de la ilegalidad se constituye en un factor precursor de la violencia. Por un lado se exige el combate a la ilegalidad, pero por el otro se practica un consumo y venta de artículos ilegales y se llevan a cabo actos de corrupción. En la corrupción se contribuye a la evasión, omisión e inacción de leyes, reglamentos y normas establecidas; fomenta la utilización de acciones ilegítimas en beneficio de la persona u de otros individuos que la cometen. Dos clases de corrupción que podemos identificar son el cohecho y la extorsión. La primera hace referencia a la influencia de una acción o comportamiento de un ciudadano hacia un funcionario público, y en la segunda el funcionario público es el que induce o influye en el comportamiento ilegitimo e ilegal del ciudadano (Morris, 1992). Según el Informe Regional de Desarrollo Humano, Seguridad Ciudadana con Rostro Humano (PNUD, 2013) en nuestro país el 20.5% de los ciudadanos dijeron que participaron en un soborno hacia un policía y el 9.8% hacia un empleado o funcionario público. Por su parte, la ENVIPE 2013 registró que una proporción significativa de ciudadanía percibe corrupción en las autoridades de seguridad pública: Gráfica 10. Autoridades de seguridad pública, según percepción de corrupción  Fuente: Elaboración propia con base en ENVIPE, 2013. Es por ello que los entornos de ilegalidad deben ser considerados como un factor de riesgo ya que promueven ambientes ilegales e ilegítimos que transgreden las leyes y normas que permiten la convivencia pacífica de la ciudadanía. 2.8 Espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados. La existencia de espacios públicos en el país resulta necesaria para la promoción de actividades que brinden las condiciones para la convivencia pacífica, la construcción de actividades de respeto, tolerancia y empatía entre los habitantes de una misma comunidad. México ha carecido de una política urbanista que impulse la existencia de estos espacios y se ha presentado un crecimiento desmedido y desorganizado de colonias y comunidades que impide diseñar un entorno propicio para la reconstrucción del tejido social. México inicia el tercer milenio con un perfil predominantemente urbano. Cuenta con 383 ciudades, de las cuales 56 son zonas metropolitanas. En 2010, los habitantes de las ciudades del país representaban el 72% de la población total, de éstos los habitantes de las zonas metropolitanas eran el 56% (INEGI, 2010b); lo que indica que los mayores y más complejos retos que enfrenta la nación son urbanos y particularmente metropolitanos. Sin embargo, la insuficiente planeación de las ciudades en el país ha dado como resultado modelos expansivos y fragmentados con incremento de la pobreza y la inseguridad; se ha acentuado el temor y se han dejado de realizar actividades por el miedo a salir a determinadas horas y en ciertos sitios, lo que ha implicado un deterioro en la calidad de vida. Asimismo, una planificación urbana inadecuada, la ruptura del tejido social en barrios y colonias y la exclusión social fomentan el crimen y la violencia. Lo anterior influye en la vinculación cotidiana con la ciudad, lo que determina cómo comportarse, a dónde se va, en dónde se trabaja, dónde divertirse y disfrutar del tiempo libre (ONU-HABITATâSEDESOL, 2007). "La configuración del espacio público no solo en términos simbólicos, sino también territoriales es por antonomasia un espacio de interacción y encuentro para la ciudadanía. Sin embargo, el problema de la segregación espacial urbana, sumada a las crecientes tasas de criminalidad comienzan a generar estigmas territoriales; es decir, zonas de la ciudad en donde la probabilidad de ser víctima de delitos es mayor" (Salazar, s/f). De acuerdo con el "Documento diagnóstico de rescate de espacios públicos" elaborado por la SEDESOL (2010), el cambio en las formas y espacios de sociabilidad y convivencia de la población mexicana, así como la persistencia de importantes disparidades sociales dieron pie a la conformación de un espacio urbano cada vez más fragmentado y desigual, caracterizado por un creciente repliegue de lo público hacia el ámbito de lo privado. Actualmente, muchos espacios públicos no constituyen una opción adecuada para la convivencia social y el uso de tiempo libre, lo cual se traduce en un debilitamiento de las relaciones sociales y encuentros sanos entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Respecto al espacio público, son dos las problemáticas que han adquirido una mayor importancia en los años recientes. Por un lado, la visible insuficiencia de espacios para el esparcimiento en relación a la magnitud de la población que habita las zonas urbanas. Por otro lado, el creciente deterioro y subutilización de aquellos espacios que se encuentran en funcionamiento. Por su parte, la ENVIPE reporta que para marzo del 2012 la percepción de inseguridad en los espacios públicos -calle, transporte, parque- sufrió un incremento de 13.7 puntos porcentuales respecto de 2011, pues en este último año 38.7% de los entrevistados dijo sentirse inseguro en su colonia o localidad, en comparación con el 44% correspondiente al 2013 (INEGI, 2012a; 2013a). El deterioro de los espacios públicos no sólo afecta la percepción de inseguridad, sino también pueden favorecer la comisión de delitos de oportunidad y la agrupación de personas que pueden realizar actos violentos. Por ello, la rehabilitación y apropiación de la ciudadanía de estos espacios permite prevenir la delincuencia y fomentar la convivencia. 2.9 Marginación y Exclusión Social. La marginación es un problema estructural que puede ser definido como la carencia y falta de acceso a bienes y servicios básicos para el desarrollo. Expresa las desigualdades dentro de la sociedad y se caracteriza a partir de dimensiones como el acceso a la vivienda, la educación y la distribución del ingreso económico. Según estimaciones del Consejo Nacional de Población, en el 2010 el 20.9% de la población vivía en localidades con muy alto grado de marginación, lo que significa que más de dos millones de personas tenían poco acceso a servicios como vivienda y educación. De éstas el 37.6% de las que tenían 15 años o más eran analfabetas (CONAPO; 2012). La falta de oportunidades de educación es uno de los principales problemas que padecen los habitantes de las localidades más vulnerables. A su vez, las condiciones de vivienda en dichos territorios son sumamente precarias, repercutiendo en la salud de las personas que habitan en ellas (CONAPO; 2012). El grado de marginación presente en las regiones del país puede inducir al aumento de la violencia y la delincuencia, sobre todo en aquellas localidades en donde existen elevados niveles de desigualdad social y falta de acceso a oportunidades laborales, incrementando los problemas de ingreso y de mala calidad de vida de las personas, lo que podría ocasionar que éstas procuren su subsistencia a través de medios alternativos, ilegales o precarios. 3) La violencia y la delincuencia en los grupos de atención prioritaria para el PNPSVD Cumplir la meta de un México en Paz requiere de un trabajo interinstitucional que reconozca la problemática actual, y al mismo tiempo la aborde desde sus causas y factores de riesgo. El PNPSVD reconoce a la violencia y a la delincuencia como problemáticas reales en todo el país, cuyas manifestaciones e incrementos son heterogéneas en función de: las especificidades del territorio, el grado de exposición al riesgo que presentan algunos grupos poblacionales, y las dinámicas del ámbito en el que ocurren. Como se expresa en la siguiente tabla, los niveles medios de delitos de fuero común son diversos entre las regiones. Tabla. Delitos de fuero común, media regional
Fuente: Cálculos propios elaborados con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2013)(8) En este sentido, si bien el presente Programa incluye acciones a nivel nacional, la mayoría de sus estrategias se focalizan en el ámbito local, dando prioridad al trabajo con ciertas poblaciones que se ven mayormente afectadas por los factores de riesgo recién señalados, destacando: los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, además de otros grupos afectados por la violencia y la delincuencia. 3.1 Niñas y Niños. Las niñas y niños, debido a su corta edad, tienen altos niveles de dependencia económica, social y emocional (Pinheiro, 2006). Además, se relacionan y conviven en ámbitos en los que las personas adultas son las responsables de orientar su comportamiento. Sin embargo, en algunas ocasiones, éstas consideran que el castigo u algunas formas de maltrato infantil es una forma de educar a niñas, niños y adolescentes, situación que afecta el desarrollo de este grupo y vulnera sus derechos. Las personas menores de edad están expuestas a constantes situaciones de violencia. La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia registró 40,149 casos de maltrato de menores de edad, de los cuales el 52.4% eran niñas y el 47.6% niños (DIF, 2012 en FUPAVI, 2013). Sin embargo, las niñas, niños y adolescentes que viven situaciones de abuso o maltrato muchas veces no lo comunican por temor a no ser escuchados, por miedo a las represalias; porque no conciben esos actos como maltrato o porque no tienen acceso a un sistema de denuncia acorde a sus necesidades. En función de lo anterior, se presume que los niveles de denuncia no reflejan la magnitud real del problema. El maltrato infantil es una problemática que ha persistido en nuestra sociedad. La Encuesta Nacional sobre la Violencia contra las Mujeres (2006) señala que el 33.3% fueron golpeadas por algún miembro de su familia cuando eran niñas. La Consulta Infantil y Juvenil, realizada por el DIF en 2012, reportó que 12.8% de niñas y niños de entre 6 y 19 años; y 8.2% entre 10 y 12 años, dijeron ser objeto de maltrato en el ámbito familiar (Instituto Federal Electoral, 2012). La escuela es otro de los ámbitos en el que las niñas y niños ejercen, padecen y reproducen conductas violentas. En muchos casos, ésta se constituye como un espacio en el que la violencia es una forma de convivencia. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) realizó en 2007 la Encuesta Disciplina, Violencia y Consumo de Sustancias Nocivas a la Salud en escuelas primarias y secundarias, destacando que 19.1% de estudiantes de primaria y 11.1% de secundaria reportó haber participado en peleas donde hubo golpes, en tanto que 10.9% de estudiantes de primaria y el 7.3% de los de secundaria participaron en grupos que robaron o amenazaron a otros alumnos. Los resultados de la Primera Encuesta Nacional sobre Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas Públicas de Educación Media-Superior (SEP, 2008) muestran que la violencia es un fenómeno común y naturalizado al interior de los centros educativos, sobre todo en el caso de los hombres, como se observa en la siguiente gráfica: Gráfica 11. Porcentaje de Ofensas Escolares  Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre exclusión, Intolerancia y Violencia en las escuelas públicas (SEP, 2008). Por otro lado, la población menor de 18 años registra una participación cada vez mayor en actos delictivos. El Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE) de la Procuraduría General de la República (PGR) registró que el número de menores detenidos por delitos federales aumentó de 1,337 casos en 2009 a 1,658 casos en 2011. En tanto la tasa de mortalidad por homicidio en la población de 0 a 14 años aumentó 12.2% de 2010 a 2011, después de haber disminuido en años anteriores. Si se desagregan los grupos de edad, destaca la población de 10 a 14 años, en la cual hubo un incremento sostenido y considerable (del 21.5%) de 2008 a 2011, sobre todo en los menores del sexo masculino (INEGI 2008; 2009; 2010; 2011). Implementar acciones públicas para prevenir la violencia y fomentar formas de convivencia pacífica en este grupo de población resulta necesario para evitar que la violencia continúe reproduciéndose de generación en generación. 3.2 Juventud. Las personas jóvenes, sobre todo del sexo masculino, son las principales agresoras y las principales víctimas de la situación de violencia que se vive en México. El total de homicidios juveniles ocurridos entre 2000 y 2010 ascendió aproximadamente a 53 mil personas, lo que significa que la población de 10 a 29 años representó 38.2% de los homicidios en ese periodo. Del total de estos homicidios, 43.4% se cometieron entre 2008 y 2010 (Banco Mundial, 2012). La participación de hombres jóvenes en actos de violencia y delincuencia es significativamente mayor que la de las mujeres. Algunos estudios señalan que ellos tienen una inclinación a manifestar un comportamiento sociocultural asignado que les estimula a participar en actividades de mayor riesgo, es decir, una mayor exposición a la muerte (Banco Mundial, 2012). En efecto, se observa que la sobrerrepresentación de la mortalidad de los hombres es una constante en toda la etapa juvenil. En el periodo de 2000 a 2010, la tasa de homicidio juvenil para el caso de los hombres fue de 10.8, mientras que para las mujeres fue de 1.4. En la siguiente gráfica se observa que de 2009 a 2011 murieron por homicidio casi diez hombres por cada mujer (INEGI, 2009; 2010; 2011). Gráfica 12. Evolución del número de defunciones por homicidio, según sexo.  Fuente: Elaboración propia con base en tabulados básicos de registros de defunciones por homicidio (INEGI, 2009; 2010; 2011). En lo que refiere a la participación en delitos, la ENVIPE 2012 y 2013 señala que aproximadamente una tercera parte de los delitos, 34.8% en 2011 y 33% en 2012, fueron cometidos por jóvenes menores de 25 años (INEGI, 2012a; 2013a). Respecto a la participación de personas jóvenes en pandillas(9), estudios de corte cualitativo han documentado que factores como la pobreza, exclusión, marginalidad, abandono familiar y represión policial influyen para que las personas jóvenes se integren en pandillas y utilicen la violencia como un medio de socialización. De ahí que estos estudios hagan énfasis en la importancia de analizar y abordar este fenómeno desde un enfoque preventivo (Balcazar, 2012). Es importante destacar que no todas las pandillas se encuentran asociadas con la comisión de delitos ni mantienen vínculos demostrables con la delincuencia organizada. En lo que respecta a la violencia en las relaciones de noviazgo, el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) detectó tres tipos: en la primera, 15% de personas jóvenes experimentó al menos un incidente de violencia física, en la segunda el 76% de jóvenes reportó haber sido víctima de violencia psicológica; y finalmente, 16.5% señaló haber sufrido un evento de violencia sexual por parte de su pareja. En la mayor cantidad de casos (61.4%) las víctimas fueron mujeres (IMJUVE, 2008). Finalmente, destaca que las muertes por suicidio de adolescentes y jóvenes (de entre 10 y 19 años) representan el 28% del total nacional (INEGI, 2012). Gráfica 13. Porcentaje de muertes por suicidio con respecto al total de muertes violentas por sexo y grupos quinquenales de edad.  Fuente: Elaboración propia con base en Estadísticas de Mortalidad (INEGI, 2000 a 2012) Implementar acciones participativas con personas adolescentes y jóvenes(10) es de vital importancia para reducir la probabilidad de que se emprendan trayectorias de vida constantemente vinculadas a la violencia y la delincuencia. 3.3 Mujeres. En la sociedad prevalecen un conjunto de normas, creencias y valores que causan, justifican, producen y reproducen la violencia contra las mujeres. Todo ello es refrendado en diferentes ámbitos sociales y por distintos actores clave. En nuestro país, 9% de hombres y 7% de mujeres creen que los golpes a ellas se justifican, sobre todo en casos de infidelidad (Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios- ONU Mujeres- INMUJERES, 2012). Las mujeres suelen ser víctimas de la violencia y la delincuencia. En efecto, ellas se sienten más inseguras que los hombres desde cualquiera de los ámbitos geográficos en los que transcurre su vida, como su colonia o localidad (46.7% de las mujeres se siente insegura vs 41% de hombres), su municipio (65.6% mujeres vs 60% de hombres) y su entidad (74.7% mujeres vs 69.6% hombres), (INEGI, "Estadísticas a propósito del Día Internacional de la No Violencia", Datos Nacionales). La violencia y la inseguridad son situaciones que las mujeres perciben entre sus principales problemas. La ENADIS 2010 registró que las mujeres consideran que sus principales problemas son los relacionados con: el empleo (21.2%), la inseguridad (14.9%) y el abuso, acoso, maltrato, violencia y discriminación (11.6%). En tanto que 56% de las encuestadas señaló estar de acuerdo con la idea de que en México no se respetan los derechos de las mujeres (ENADIS, 2010). La violencia que viven las mujeres puede suceder en diferentes ámbitos sociales: comunitario, institucional, laboral, escolar y familiar. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2006) señaló que 16 de cada 100 mujeres de 15 años y más sufrieron al menos un incidente de violencia familiar. Gráfica 14. Porcentajes de violencia psicológica y emocional hacia las mujeres en el ámbito familiar.  Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre Dinámicas de Relaciones en el Hogar (INEGI, 2006). Por su parte, la ENDIREH(11) 2006 reportó que 41.2% de las mujeres casadas o que viven en pareja fueron víctimas de un incidente de violencia por parte de su compañero o esposo en algún momento de su relación. Por tipo de violencia, se tiene que la más declarada es la emocional (80.1%), mientras que la violencia sexual (15.6%) es la que menos casos presenta (INEGI, 2006). Por otro lado, las cifras de INEGI sobre defunciones de mujeres por homicidio muestran un incremento de 89% entre 2008 y 2011 (pasando de 1,425 a 2,693 casos) (INEGI 2008; 2009; 2010; 2011), lo que significaría que en 2011 se registraron 7.4 homicidios cada día. 43.5% de estas mujeres asesinadas sufrió la agresión en la vía pública y cerca del 25% en la vivienda (INEGI, 2011)(12). Todo lo anterior muestra la necesidad de desarrollar medidas de carácter preventivo que transformen el conjunto de prácticas y creencias que sustentan la violencia contra las mujeres desde el enfoque de género. 3.4 Población penitenciaria. La población penitenciaria es uno de los sectores menos visibles de la sociedad. Su condición de privación de la libertad en conjunto con los estigmas que la rodean, la posicionan en un contexto de violencia constante que transgrede sus derechos humanos. El sistema penitenciario mexicano está conformado por 420 centros, de los cuales 15 son federales, 303 son estatales, 91 son municipales y 11 están en el Distrito Federal. En enero de 2013, la población penitenciaria total era de 242,754, de los cuales el 95.20% de la población son hombres y 4.80% mujeres. El 79.58% se encuentran en reclusión por delitos del fuero común y 21.42% por delitos del fuero federal. (SEGOB, 2013) La finalidad de la pena es la reinserción social y la prevención de la reincidencia. Estos objetivos deben perseguirse a través del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 18). Sin embargo, el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF 2013) reporta que durante 2011, el Con base en el registro de los internos que asistieron a las actividades de reinserción, ASF determinó que el promedio de participación de los internos del fuero federal en CEFERESOS fue de 38.9% y en CERESOS de 34.5% (Auditoría Superior de la Federación, 2013). Por otro lado, este sistema presenta algunas debilidades en materia de género: · Las mujeres tienen menos acceso al servicio médico y a los programas de educación y trabajo; además de que las oportunidades laborales disponibles para ellas suelen reforzar estereotipos de género (Azaola, 1994). · Alrededor de 96% de ellas son madres (Inmujeres, 2002) y a menudo son las únicas responsables de sus hijas e hijos, ya sea porque eran madres solteras antes de ser detenidas o por haber sufrido el abandono del padre de las y los hijos después del encarcelamiento. · Las mujeres que son aprehendidas en estado de embarazo y enviadas a prisión preventiva deben concebir en el recinto (Giacomello, 2013). Al respecto, es importante señalar que la Ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados define que "en los centros de reclusión para mujeres, se brindarán la atención médica y servicios ginecológicos necesarios y, en su caso, la atención especializada durante el embarazo y posterior a éste" (Artículo 6º). La Ley también establece que "las hijas e hijos de internas que permanezcan con ellas dispondrán de los espacios correspondientes para asegurar su desarrollo integral (...)" (Artículo 3º). Sin embargo, los centros no cuentan con instalaciones y servicios para atender debidamente a las hijas e hijos de las reclutas niñas y niños (Giacomello, 2013). El tipo de trabajo que se debe realizar con estas poblaciones requiere de intervenciones integrales y coordinadas entre las instituciones públicas, el poder judicial y los responsables de los centros penitenciarios; sus derechos humanos deben ser respetados, se les debe dotar de herramientas que les permita reinsertarse en la sociedad, y evitando así la reincidencia. 3.5 Migrantes. La migración de tránsito irregular a través de México hacia los Estados Unidos se estimó en alrededor 130 mil(13) personas en 2012, en su mayoría de América Central (Unidad Política Migratoria, 2013). Desde 2005 se registró la tendencia a una leve disminución, tanto por razones económicas como por el aumento de la vulnerabilidad debido a la violencia asociada con el crimen organizado, incluyendo secuestros y asesinatos durante el trayecto (OCDE, 2013). En su tránsito por México, los migrantes enfrentan una serie de peligros en un país tan extenso. Los riesgos van desde largas caminatas que deben efectuar por el monte, el desierto y la selva, donde muchas veces padecen sed y hambre, accidentes, extorsión, asaltos, violencia física y sexual, secuestros y trata de personas, entre otros. Por su parte, las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados detenidos por la autoridad migratoria suelen ser resguardados en las estaciones migratorias del país, en condiciones de alojamiento inadecuadas. Respecto a la migración de mexicanos hacía el exterior, el número de repatriaciones por las autoridades de Estados Unidos a México fue de 332 mil en 2013 (UPM, 2013), lo que representó una disminución con respecto a 2010, año en que se registraron 469 mil. Tras ser repatriados, algunos fueron víctimas de la delincuencia y otros carecieron de recursos para volver a su lugar de origen o se comprometieron las redes de tráfico de migrantes para volver a cruzar la frontera a los Estados Unidos sin documentos (UPM, 2013). Algunos estudios advierten que la migración de mexicanos hacía el exterior podría ocasionar disolución social en las comunidades expulsoras, puesto que dan lugar a que éstas sean habitadas sólo por personas adultas mayores y niñas y niños que pueden crecer en situación de abandono y vincularse con pandillas delictivas, lo que implicaría costos sociales y culturales en la comunidades (CIDE, 2011). La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010 informa que el 80% de la población opina que los derechos de los migrantes(14) no se respetan o se respetan poco. El 20.5% menciona que el principal problema que enfrentan por su condición migratoria es la discriminación, el 17% señala que es la inseguridad, el 14 %, la falta de documentos; el 3 %, el abuso de autoridad, y un 1%, la violación de sus derechos. Por su parte, el 23% identifica como principal problema de los migrantes, situaciones que se relacionan con el desempleo (CONAPRED, 2010). CAP
CAP El fin del PNPSVD es fortalecer los factores de protección para la prevención social de la violencia y la delincuencia e incidir en las causas y los factores que la generan, buscando propiciar la cohesión comunitaria y el fortalecimiento del tejido social, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, los poderes de la unión, la sociedad civil organizada, las instancias nacionales e internacionales y la ciudadanía. Fenómenos como la violencia y la delincuencia amenazan la seguridad ciudadana y limitan el pleno ejercicio de los Derechos Humanos. Por tanto, se requieren acciones públicas que contribuyan a prevenir su generación e incremento, de manera complementaria a su control y contención. La incidencia de delitos, así como el incremento y agudización de la violencia que se ha registrado nuestro país durante los últimos años, tiene impactos negativos en la vida de las personas, entre los que destacan la modificación de comportamientos cotidianos para evitar ser víctimas de delitos; invertir en servicios privados para seguridad; afectaciones irreparables en la integridad física e incluso en la vida de las personas (PNUD, 2013). Todo lo anterior transforma la manera en que se construyen vínculos sociales, altera la relación de las personas con la comunidad y propicia el deterioro del tejido social y la convivencia comunitaria, propiciando el uso de la violencia como una forma para relacionarse y resolver problemáticas locales. En ese sentido, se plantea el desarrollo de acciones en tres niveles: Primario (Prevención Universal): medidas dirigidas a toda la población para promover formas de convivencia pacífica y legal. Secundario (Prevención Selectiva): acciones focalizadas a grupos que registran un mayor riesgo de convertirse en generadores de violencia o delincuencia, o por el contrario, ser víctimas de ellas. Terciario (Prevención Indicada): acciones para evitar la reincidencia de personas generadoras de violencia; y para evitar la revictimización. Dado que el Programa Nacional busca transversalizar el enfoque de seguridad ciudadana -que ubica los derechos y libertades en el centro de la política pública de prevención social de la violencia y la delincuencia-, el enfoque de cohesión comunitaria -como proceso integral mediante la cual las personas y las comunidades alcanzan su máximo potencial-, la perspectiva de género -que busca identificar y revertir las relaciones de poder que generan desigualdad o inequidad entre hombres y mujeres- y la perspectiva de derechos humanos -que busca el respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad-, la planeación, ejecución y evaluación de estrategias, proyectos, programas y acciones para la consecución de los objetivos específicos y la realización de las líneas de acción deberán alinearse a tales perspectivas y enfoques. Objetivo específico 1. Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social, mediante su participación y desarrollo de competencias. La seguridad ciudadana es un bien público que tiene que ser construido de manera conjunta entre el gobierno y los actores sociales del país. El interés primordial de este objetivo es incentivar la participación ciudadana y la toma de decisiones de manera conjunta, que faciliten la coordinación de acciones para prevenir la violencia y la delincuencia. De ahí que la primera estrategia consista en promover la participación de la ciudadanía en el diseño, planeación, ejecución y evaluación de las acciones de prevención impulsadas por el PNPSVD, así como corresponsabilizar a otros actores sociales en procesos de prevención social que contribuyan a la disminución de causas y factores que influyen en la generación de la violencia y la delincuencia, y fortalezcan los factores de protección. Este tipo de acciones aportarán a la construcción de convivencia no violenta y basada en la cultura de la legalidad, a partir de estrategias centradas en la mediación y la conformación de redes ciudadanas. Su justificación radica en la necesidad de reconstruir el tejido social, de fortalecer el empoderamiento y la cohesión comunitaria y desarrollar acciones de contraloría y de exigibilidad de derechos que lleven al pleno cumplimiento de la ciudadanía, permitiendo con ello generar lazos y redes que prevengan la violencia y la delincuencia. Estrategia 1.1. Implementar mecanismos de participación inclusiva y libre de discriminación de la ciudadanía y OSC en proyectos locales de prevención social. Líneas de acción 1.1.1 Fomentar la participación ciudadana y de la sociedad civil en el diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación de proyectos de prevención. 1.1.2 Impulsar la creación de redes ciudadanas, formales e informales, para la prevención social, libres de discriminación. 1.1.3 Fortalecer los consejos, comités y observatorios de seguridad para su participación en acciones de prevención, involucrando a toda la ciudadanía. 1.1.4 Implementar procesos de capacitación a la ciudadanía y sociedad civil organizada en materia de prevención social, situacional, comunitaria y psicosocial. 1.1.5 Promover la contraloría social en acciones de prevención implementadas en territorios focalizados, con participación inclusiva y libre de discriminación. Estrategia 1.2. Desarrollar competencias en la ciudadanía y en OSC de cultura de paz, cultura de legalidad y convivencia ciudadana. Líneas de acción 1.2.1 Fomentar la implementación de modelos de convivencia que fortalezcan la cultura de paz. 1.2.2 Promover el reconocimiento y respeto de la diversidad sexual, étnica, etaria, y racial, en los ámbitos comunitarios, escolar y familiar. 1.2.3 Impulsar la implementación de modelos de negociación, mediación y conciliación con la finalidad de resolver conflictos comunitarios y escolares. 1.2.4 Promover el reconocimiento, protección y ejercicio de derechos y obligaciones ciudadanas para impulsar la cultura de la legalidad. 1.2.5 Promover acciones de prevención de accidentes viales, así como el desarrollo de programas de educación vial. 1.2.6 Impulsar acciones que fortalezcan el sentido de pertenencia e identidad comunitaria. 1.2.7 Promover en la ciudadanía la cultura de la denuncia ante hechos delictivos y de violencia. Estrategia 1.3 Promover la participación de actores sociales estratégicos para la prevención social y la corresponsabilidad en materia de seguridad. Líneas de acción 1.3.1 Fortalecer la vinculación con el sector académico para el desarrollo de investigación y acciones que contribuyan a la prevención social. 1.3.2 Incentivar la corresponsabilidad con la iniciativa privada en el desarrollo de acciones para la prevención social. 1.3.3 Fomentar que los medios de comunicación difundan con responsabilidad social la información sobre prevención de la violencia y la delincuencia. 1.3.4 Promover la colaboración con agencias internacionales especializadas en prevención social para el fortalecimiento de capacidades institucionales y competencias ciudadanas. 1.3.5 Fomentar que las asociaciones religiosas promuevan prácticas de convivencia pacífica en las demarcaciones en donde se aplica el programa. Objetivo específico 2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria. La violencia y la delincuencia impactan a toda la población de manera heterogénea. Algunos grupos poblacionales como las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres registran mayor vulnerabilidad a experimentar estas problemáticas, toda vez que su condición y posición social influye en que se vean afectados por diversas situaciones que combinadas les expone a mayor riesgo ante la violencia y delincuencia; algunas de estas situaciones son la deserción escolar, falta de oportunidades laborales, embarazo temprano, consumo de drogas, ambientes familiares deteriorados y problemáticos, marginación y exclusión. Transformar esas situaciones requiere incentivar cambios socioculturales, a través de procesos de prevención de corto, mediano y largo plazo que permitan desarrollar habilidades y capacidades individuales, familiares y comunitarias para construir relaciones libre de violencia. Por lo anterior este objetivo es de vital importancia, ya que establece estrategias orientadas a prevenir los factores de riesgo en cada uno de estos grupos y fortalecer los factores de protección. Así mismo, se promueve estrategias para la sensibilización, el reconocimiento y la educación para la identificación de situaciones de violencia y las formas de enfrentarlas a través de la implementación de líneas de acción que contribuyen a la construcción de relaciones libres de violencia en el ámbito familiar, escolar y comunitario. Finalmente su carácter integral permite, además, sumar acciones que atiendan a víctimas de violencia, población interna en el sistema penitenciario y migrantes que posibilite la no revictimización e incorporación a la sociedad. Estrategia 2.1 Implementar medidas que disminuyan los factores de riesgo de que niñas y niños vivan situaciones de violencia y delincuencia. Líneas de acción 2.1.1 Promover acciones de convivencia democrática y de respeto a los derechos de la infancia en el ámbito familiar. 2.1.2 Promover acciones para fortalecer competencias parentales que apoyen el desarrollo de niñas y niños. 2.1.3 Promover acciones que favorezcan el buen desempeño y permanencia escolar para evitar la deserción de niñas y niños. 2.1.4 Ejecutar acciones de prevención y atención de la violencia y discriminación en el ámbito escolar. 2.1.5 Promover la participación y formación ciudadana en niñas y niños para la prevención social de la violencia y la delincuencia. 2.1.6 Fomentar actividades culturales y deportivas para niñas y niños para desarrollar estilos de vida saludables y libres de violencia. 2.1.7 Impulsar acciones permanentes de prevención del maltrato y abuso infantil, de denuncia y atención psicosocial a víctimas de estos delitos. 2.1.8 Desarrollar acciones de prevención de la explotación sexual comercial y la trata de niñas y niños. 2.1.9 Promover el uso responsable del Internet para prevenir delitos cibernéticos contra la infancia. Estrategia 2.2. Instrumentar acciones que disminuyan los factores de riesgo de que adolescentes y jóvenes vivan situaciones de violencia y delincuencia. Líneas de Acción 2.2.1 Instrumentar acciones de educación sexual y salud reproductiva para prevenir el embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual. 2.2.2 Impulsar acciones de prevención y atención del consumo de alcohol y drogas en adolescentes y jóvenes. 2.2.3 Generar acciones para construir relaciones libres de violencia en las familias, las escuelas y en el noviazgo. 2.2.4 Promover la permanencia en el sistema educativo formal de adolescentes y jóvenes en riesgo de deserción. 2.2.5 Fomentar la capacitación de jóvenes en oficios y habilidades para el trabajo y generar proyectos productivos y posibilidades de empleo. 2.2.6 Promover el desarrollo de programas educativos, formales o no formales, orientados a jóvenes que han abandonado los estudios escolarizados prematuramente. 2.2.7 Promover actividades culturales y deportivas como una forma de integración de adolescentes y jóvenes a la comunidad. 2.2.8 Impulsar proyectos de realización de diagnósticos y acciones para la prevención del suicidio en adolescentes y jóvenes. 2.2.9 Impulsar proyectos de atención para adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley y para sus familias. 2.2.10 Promover acciones de prevención, atención y protección del delito de trata de personas en adolescentes y jóvenes. Estrategia 2.3. Realizar acciones para disminuir los factores de riesgo de violencia y delincuencia contra las mujeres. Líneas de Acción 2.3.1 Impulsar la formación de nuevas masculinidades y femineidades, transformando estereotipos y roles de género que producen violencia contra las mujeres. 2.3.2 Establecer medidas para prevenir la discriminación y fomentar el trato igualitario hacia las mujeres en los ámbitos laboral y comunitario. 2.3.3 Apoyar programas y acciones orientadas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las mujeres. 2.3.4 Fomentar la capacitación laboral, desarrollo de habilidades y oportunidades productivas de las mujeres para favorecer su empoderamiento y autonomía económica. 2.3.5 Promover actividades deportivas y culturales con mujeres para fomentar su desarrollo integral y el uso del tiempo libre. 2.3.6 Impulsar intervenciones de prevención y atención integral para mujeres consumidoras de drogas. 2.3.7 Fomentar programas y acciones de atención médica, psicosocial, jurídica, económica y de protección a mujeres víctimas de violencia. 2.3.8 Impulsar la construcción, equipamiento, capacitación y operación de Centros de Justicia para las mujeres. 2.3.9 Desarrollar intervenciones de educación de personas agresoras que ejercen violencia familiar. 2.3.10 Promover programas de prevención, atención y protección a mujeres víctimas del delito de trata de personas. Estrategia 2.4 Promover la creación de mecanismos y acciones para prevenir la violencia y delincuencia en población migrante. Líneas de acción 2.4.1 Promover la elaboración de estudios que permita conocer la situación en materia de violencia y delincuencia en migrantes. 2.4.2 Promover la elaboración de estudios respecto a la existencia y características del desplazamiento poblacional por motivos de violencia y delincuencia. 2.4.3 Implementar acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia orientada a población migrante. 2.4.4 Promover la no discriminación y el respeto de los derechos humanos de personas migrantes. Estrategia 2.5. Promover mecanismos y programas institucionales para la atención integral a víctimas de violencia. Líneas de acción 2.5.1 Colaborar en los programas integrales y en la instrumentación de protocolos de atención a víctimas de violencia. 2.5.2 Instrumentar modelos de atención a víctimas de delitos de alto impacto y a sus familias para prevenir problemas de salud mental. 2.5.3 Contribuir a la protección, acceso a la justicia y reparación del daño a las víctimas y evitar su revictimización. Estrategia 2.6. Promover mecanismos y programas institucionales para la atención integral a población interna en el sistema penitenciario. Líneas de acción 2.6.1 Promover la atención en salud y educación de niñas/os que viven con sus madres internas en Centros Penitenciarios. 2.6.2 Impulsar la convivencia y el respeto de los Derechos Humanos de la población interna en el sistema penitenciario. 2.6.3 Impulsar programas de inclusión y reinserción laboral de la población liberada del sistema penitenciario, sin discriminación directa o indirecta. 2.6.4 Impulsar programas de salud y educación integral para la población en reclusión que incluyan prevención y atención de adicciones. 2.6.5 Implementar acciones que fortalezcan la convivencia entre las personas internas en el sistema penitenciario y sus familias. 2.6.6 Promover programas de atención psicosocial a hijas e hijos de personas internas en reclusorios. Objetivo específico 3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana. Este objetivo establece acciones para atender la problemática de espacios públicos insuficientes y deteriorados que pueden propiciar y promover la presencia de actos violentos o delictivos en las comunidades y genera en la ciudadanía una percepción de inseguridad. Asimismo, se centra en recuperar la confianza de la población en las instituciones de seguridad pública través de la promoción del modelo de policía de proximidad. Asimismo se establecen acciones orientadas a la construcción de entornos seguros, para todas y todos, la apropiación de los espacios para fortalecer la cohesión comunitaria y reconstruir el tejido social en las demarcaciones focalizadas por el Programa. Se establecen tres estrategias: la primera incluye acciones para diseñar, intervenir, recuperar, habilitar y construir espacios públicos desde la prevención situacional, modificando el entorno urbano mediante el diseño ambiental e involucrando la participación de los vecinos y considerando sus necesidades e intereses, principalmente, de los grupos de atención prioritaria para fomentar el uso común del espacio público. La segunda promueve acciones que procuren el sano uso del tiempo libre y permitan la apropiación de espacios públicos para la convivencia y cohesión entre los integrantes de la comunidad, a través de distintas actividades de recreación, deporte, arte y cultura. Con todo lo anterior se busca atenuar la comisión de delitos de oportunidad. Finalmente, la tercera estrategia busca desarrollar habilidades en la ciudadanía y en los cuerpos policiales que procuren la comunicación y confianza mutua, esto con la finalidad de generar y fortalecer relaciones respetuosas entre ambos a partir de la promoción del enfoque de policía de proximidad. Estrategia 3.1. Realizar acciones de prevención situacional que contribuyan a la reducción de oportunidades para la violencia y la delincuencia. Líneas de acción 3.1.1 Establecer lineamientos generales de prevención situacional para intervenciones urbanas en los espacios públicos. 3.1.2 Impulsar procesos de planeación participativa con las comunidades y grupos organizados para las intervenciones urbanas. 3.1.3 Fomentar acciones para la construcción, rehabilitación y equipamiento urbano de espacios públicos para la convivencia comunitaria y el desarrollo social. 3.1.4 Promover proyectos para mejorar la imagen urbana e incidir en la apropiación de los espacios públicos y la identidad comunitaria. 3.1.5 Instrumentar intervenciones urbanas que permitan la libre movilidad de personas con discapacidad y adultos mayores, garantizando su seguridad. 3.1.6 Promover acciones para mejorar la seguridad vial que permita a las personas transitar de manera segura por las calles. 3.1.7 Impulsar acciones de desarme orientadas a adolescentes y jóvenes en situación de violencia. Estrategia 3.2 Fomentar acciones de apropiación del espacio público para fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana. Líneas de acción 3.2.1. Impulsar proyectos sociales en espacios comunitarios que fomenten la convivencia, cohesión y seguridad ciudadana. 3.2.2 Fomentar el desarrollo de actividades culturales, artísticas y deportivas en espacios públicos para la integración familiar y comunitaria. 3.2.3 Impulsar programas y acciones para la movilidad, el transporte seguro y la seguridad vial de la población. Estrategia 3.3 Favorecer el proceso de proximidad entre las instituciones policiales y la ciudadanía. Líneas de acción 3.3.1. Apoyar la implementación de modelos policiales de orientación comunitaria, que contemple la formación especializada, desde la perspectiva de derechos humanos. 3.3.2. Promover la vinculación Policía y comunidad, bajo la premisa del respeto mutuo, que incidan en la seguridad de las comunidades. 3.3.3 Instrumentar acciones con la ciudadanía para prevenir actos de corrupción en las corporaciones policiales. 3.3.4. Fomentar que los contenidos temáticos de protección de víctimas sean parte de la profesionalización. 3.3.5 Fomentar el diseño de protocolos de actuación policial y ministerial para evitar la criminalización de consumidores de drogas. 3.3.6. Impulsar talleres de sensibilización y capacitación a las policías sobre protocolos de actuación en materia de violencia familiar. 3.3.7. Promover la capacitación a las policías sobre protocolos de actuación y no discriminación a jóvenes en pandillas. Objetivo específico 4. Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales/delegacionales, entidades federativas y federación. Este objetivo contempla líneas de acción para contribuir a que los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno fortalezcan las capacidades institucionales necesarias para desarrollar estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia. Parte del reconocimiento de la necesidad de fortalecer las herramientas y capacidades para implementar proyectos de prevención. Establece dos estrategias, la primera se orienta a transmitir conocimientos que les permitan identificar aquellos factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia; atenderlos y transformarlos en factores de protección. Se incluyen líneas de acción para generar conceptos, lineamientos, metodologías e información útiles en la instrumentación de acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia. La segunda estrategia se propone generar mecanismos de seguimiento y evaluación de las acciones de prevención social, lo que permitirá identificar, rendir cuentas y transparentar los resultados e impactos de las actividades realizadas en el marco del PNPSVD. Incluye líneas de acción para sistematizar las experiencias, destacar las lecciones aprendidas, retroalimentar los proyectos de prevención y mejorar constantemente las estrategias para prevenir la violencia y la delincuencia, a fin de asegurar la sostenibilidad en el tiempo necesaria para lograr los cambios socioculturales que contempla la estrategia sustantiva del Programa. Estrategia 4.1. Promover la formación de capacidades técnicas para la prevención social en los servidores públicos de municipios/delegaciones, entidades federativas y federación. Líneas de acción 4.1.1 Promover la alineación de presupuestos en los tres órdenes de gobierno en materia de prevención social. 4.1.2 Definir y homologar lineamientos, metodologías y estándares de participación para el diseño, instrumentación y seguimiento de políticas de prevención social. 4.1.3 Establecer procesos de elaboración de diagnósticos y planeación estratégica para la prevención social de la violencia y la delincuencia. 4.1.4 Promover la formación y asesoría a servidores públicos de los tres órdenes de gobierno para implementar procesos de prevención social. 4.1.5 Capacitar a servidores públicos en perspectivas de derechos humanos, cohesión comunitaria, género y no discriminación para implementar acciones de prevención. 4.1.6 Impulsar la utilización de nuevas tecnologías para el fortalecimiento de capacidades institucionales para la prevención social. Estrategia 4.2 Impulsar mecanismos que posibiliten la evaluación, comunicación y rendición de cuentas en acciones y resultados de prevención social. Líneas de acción 4.2.1 Establecer un sistema de información en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia. 4.2.2 Promover la creación de instrumentos de medición de fenómenos asociados con la prevención social de la violencia y la delincuencia. 4.2.3 Impulsar el seguimiento y evaluación de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia. 4.2.4 Difundir las acciones y resultados de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia. 4.2.5 Crear mecanismos para garantizar el ejercicio eficiente y transparente de recursos destinados a programas para generar confianza en la ciudadanía. 4.2.6 Sistematizar las experiencias de prevención implementadas, destacando las lecciones aprendidas para enriquecer el Programa. Objetivo específico 5. Asegurar una coordinación efectiva y sostenida entre dependencias y entidades federales para diseñar, implementar y evaluar procesos de prevención social. Este objetivo atiende la necesidad de contar con programas de prevención social de la violencia y la delincuencia integrales y con una implementación transversal. En él se plantean acciones para el trabajo conjunto de las instituciones que integran la Administración Pública Federal, liderado por la Secretaría de Gobernación, para instrumentar el PNPSVD e incorporar las estrategias de prevención social en sus programas, incluyendo proyectos y acciones de las instituciones a cargo de la seguridad pública y procuración de justicia. El trabajo coordinado implica generar y asumir compromisos, así como darles seguimiento y verificar su cumplimiento. Para ello se pretende generar diálogos colaborativos y asociativo entre las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial para facilitar la tarea de coordinación y efectividad de las acciones de prevención social. Asimismo, el objetivo pone énfasis en la necesidad de que las dependencias de la Administración Pública Federal se coordinen a fin de generar información especializada en materia de prevención que permita elaborar diagnósticos y generar herramientas de evaluación eficaces. Finalmente, se contemplan acciones que incorporen a la sociedad civil en la evaluación, planeación y modificación de los programas, proyectos y acciones estratégicas que implementen las dependencias de la Administración Pública Federal. Estrategia 5.1 Promover la coordinación entre dependencias y entidades federales para implementar programas, proyectos y acciones estratégicas de prevención social. Líneas de acción 5.1.1 Garantizar una efectiva coordinación de la Comisión Intersecretarial en la implementación de programas, proyectos y acciones estratégicas de prevención social. 5.1.2 Impulsar la incorporación de prioridades, poblaciones y ámbitos de prevención en los instrumentos programáticos de las dependencias y entidades federales. 5.1.3 Implementar programas, proyectos y acciones estratégicas de prevención social con las instituciones federales de seguridad pública y procuración de justicia. 5.1.4 Garantizar la articulación, homologación y complementariedad de programas, proyectos y acciones estratégicas federales en los polígonos y demarcaciones del PNPSVD. 5.1.5 Diseñar e implementar esquemas de participación y corresponsabilidad ciudadana para potenciar el impacto de programas, proyectos y acciones estratégicas federales. Estrategia 5.2 Promover la coordinación entre dependencias y entidades federales para generar información estratégica, elaborar diagnósticos y construir herramientas de evaluación. Líneas de acción 5.2.1 Promover el intercambio de información estratégica entre dependencias y entidades de la Comisión Intersecretarial para elaborar diagnósticos de prevención social. 5.2.2 Impulsar coordinación efectiva de la Comisión Intersecretarial para diseñar y planear programas y acciones en demarcaciones y polígonos del PNPSVD. 5.2.3 Generar herramientas de evaluación para la eficiencia e impacto de programas y acciones federales en demarcaciones y polígonos del PNPSVD. 5.2.4 Promover esquemas de contraloría ciudadana que aseguren la transparencia de programas, proyectos y acciones estratégicas federales en el PNPSVD. CAP El Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 en la Meta "México en Paz" define como uno de sus objetivos el "Mejorar las condiciones de seguridad pública", para lo cual una de sus estrategias hace referencia directa al PNPSVD, señalando que para aportar al cumplimiento de dicho objetivo se centrará en: Aplicar, evaluar y dar seguimiento al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Esta estrategia demuestra la relevancia y el énfasis que el actual gobierno está haciendo en materia de prevención como una estrategia eficaz y eficiente para atender la seguridad del país. En este marco, el indicador estratégico seleccionado por el PND para medir la consecución de dicho objetivo es:
Así, el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con sus diversas estrategias y líneas de acción, debe contribuir al mejoramiento de dicho indicador, en conjunto con todas las entidades encargadas de la seguridad y la justicia en el país. Indicadores del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia A continuación se presentan para cada uno de los objetivos específicos definidos en el PNPSVD los indicadores con los que se medirá su alcance, incluyendo la medición de resultados con indicadores particulares para cada aspecto.
FICHAS T Objetivo 1. Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias.
Objetivo 2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria.
Objetivo 3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana.
Objetivo 4. Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales/delegacionales, entidades federativas y federación.
Objetivo 5. Establecer una coordinación efectiva y sostenida entre dependencias y entidades federales para diseñar, implementar y evaluar procesos de prevención social.
*ACLARACI El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia estableció dichos indicadores para medir los resultados obtenidos en su implementación, sin embargo, es importante resaltar que, en conjunto con el INEGI se ha diseñado una Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) con el objetivo de obtener estimaciones sobre variables asociadas a factores de riesgo y exposición a situaciones de violencia y la delincuencia que afectan el desarrollo de los jóvenes y de las familias en nuestro país, que nos acerquen a un panorama más puntual y especifico de lo que ocurre en los estados y municipios. DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCI Dependencias · Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). · Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). · Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). · Secretaría de Educación Pública (SEP). · Secretaría de Gobernación (SEGOB). · Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). · Secretaría de Salud (SS). · Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). · Secretaría de Economía (SE). · Procuraduría General de la República (PGR). Entidades · Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). · Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). · Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). · Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). · Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (INFONAVIT). · Nacional Financiera (NAFIN). La relación de dependencias y entidades aquí referida no es exhaustiva ni limitativa pues podrán incorporarse otras que, en el marco de sus atribuciones, contribuyan a la ejecución del Programa. Además, la perspectiva nacional y de cooperación interinstitucional del Programa comprende la participación y/o colaboración de los poderes de la unión, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, los órganos autónomos y las demás instancias e instituciones nacionales e internacionales que coadyuven a su adecuado cumplimiento, en estricto apego a lo establecido en la Constitución, las leyes y demás disposiciones normativas aplicables. La correspondencia entre las dependencias y entidades participantes y los objetivos, estrategias y/o líneas de acción del Programa se detallan en el Anexo 1. TRANSPARENCIA Conforme a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), "El derecho de acceso a la información pública se interpretará conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y la interpretación que de los mismos hayan realizado los órganos internacionales especializados" (LFTAIPG, artículo 6) La presente Administración asume la transparencia como uno de los principales elementos de la nueva relación entre gobierno y sociedad, para una eficaz rendición de cuentas y combate a la corrupción. La Secretaría de Gobernación, en estricto apego a la normatividad aplicable en materia de transparencia, difundirá y publicará en la página de internet www.gobernacion.gob.mx el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, publicará cada año en el medio electrónico referido, los avances en los objetivos, indicadores y metas de este Programa Especial, de conformidad con la normatividad aplicable SIGLAS Y ACR APF Administración Pública Federal ASF Auditoría Superior de la Federación BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos BID Banco Interamericano de Desarrollo CENADIC Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones CIDAC Centro de Investigación para el Desarrollo CIJ Centro de Integración Juvenil CNPDPC Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana CONACULTA Consejo Nacional para la Cultura y el Arte CONADE Consejo Nacional de Cultura Física y Deporte CONADIC Comisión Nacional contra las Adicciones CONAPRA Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes CONAPRED Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONAVIM Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres CNS Comisión Nacional de Seguridad DIF Desarrollo Integral de la Familia ECOPRED Encuesta de Cohesión Social y Delincuencia EINSF Encuesta a Instituciones sin Fines de Lucro ENADIS Encuesta Nacional sobre Discriminación en México ENCASU Encuesta Nacional Sobre Capital Social Urbano ENCUP Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas ENDIREH Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENOE Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENPICOR Encuesta sobre percepción de inseguridad, conducta de riesgo y participación ciudadana ENSANUT Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENVIM Encuesta Nacional sobre la Violencia contra las Mujeres ENVIPE Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública FASP Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal FOMMUR Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales FONHAPO Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares IMJUVE Instituto Mexicano de la Juventud INEE Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INAES Instituto Nacional de la Economía Social INADEM Instituto Nacional de Emprendedor INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía LGPSVD Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia LGAMVLV Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia LGIHM Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres MIR Matriz de Indicadores de Resultados NAFIN Nacional Financiera OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OEA Organización de los Estados Americanos OMSOrganización Mundial de la Salud ONUOrganización de las Naciones Unidas ONUDC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito OSCOrganizaciones de la Sociedad Civil PEA Población Económicamente Activa PGCM Programa de Gobierno Cercano y Moderno PGR Procuraduría General de la Republica PND Plan Nacional de Desarrollo PNIODM Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra la Mujer PNPSVD Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia PRONAFIM Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social SESNSP Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público SEP Secretaría de Educación Pública SIIE Sistema Institucional de Información Estadística SETEC Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal SSA Secretaría de Salud SUBSEMUN Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios SNDIF Sistema Nacional de Integración Familiar TIC Tecnologías de la Información y Comunicación UPMUnidad Política Migratoria GLOSARIO Adicción Dependencia física y/o psicológica a alguna o varias drogas legales o ilegales, provocada por el abuso en el consumo y la búsqueda ansiosa de la misma (CONADIC, 2008). Asociación Grupo de personas con intereses en común, cuyos miembros trabajan de manera organizada y solidaria para el logro de sus objetivos (PNPSVD). Buenas prácticas de convivencia y seguridad Lecciones innovadoras o prometedoras que se traducen en un ejemplo del "buen hacer"; suelen presentar las siguientes características (UrbAl, s.a.): -Una correcta identificación de las causas de los problemas. -Una adecuada planificación de las acciones para solucionar dichos problemas desde una perspectiva innovadora que involucre la participación ciudadana. -Una ejecución de las actividades, acorde con la planificación y productos esperados. -Un impacto visible, que tenga alcance, con capacidad para multiplicarse y que sea sostenible en el tiempo. Capital social Relaciones, instituciones, normas y redes sociales basadas en la confianza, posibilitadas por la comunicación y que se caracterizan por la cooperación para la obtención de beneficios comunes, tanto en el plano social como en el político y económico (Ángeles, 2010). Causas de la violencia Conjunto de factores económicos, sociales y culturales que son estructurales y se relacionan entre sí, y que generan distintos tipos de violencia. Algunos ejemplos son: la desigualdad económica y social, la inequidad de género, educación insuficiente y de baja calidad, cobertura insuficiente de los sistemas de salud, entre otros (PNPSVD). Ciudadano (a) Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: I. Haber cumplido 18 años, y II. Tener un modo honesto de vivir. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Ciudadanía Adscripción o pertenencia a la ciudad, que otorga derechos y deberes (Carrión, 2008), definición amplia que no acota la ciudadanía a los derechos políticos, civiles y sociales. Cohesión Comunitaria Proceso integral mediante el cual las personas y las comunidades alcanzan su máximo potencial. Dicho proceso es un continuo, no una dicotomía, por lo que su fortalecimiento o debilitamiento depende de ocho dimensiones interrelacionadas e interdependientes. Cohesión Social "Relación e interrelación de la sociedad y de las instituciones mediante acciones que permitan generar un acceso equitativo al empleo, a la educación, a la salud, a un estado de derecho, al sentido de pertenencia, y al derecho a participar en proyectos colectivos, con la finalidad de generar bienestar social" (Reglamento de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; artículo 3, fracción I) Competencias ciudadanas Conjunto de conocimientos, capacidades y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que orientan moral y políticamente la acción ciudadana. Involucran aquellos aspectos que posibilitan la convivencia pacífica: el reconocimiento y respeto del otro; la participación y responsabilidad democrática; y la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (Ruíz y Chaux, 2005). Competencias parentales Capacidades prácticas que tienen los padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos, asegurándoles un desarrollo suficientemente sano. Las competencias parentales forman parte de lo que hemos llamado la parentalidad social, para diferenciarla de la parentalidad biológica, es decir, de la capacidad de procrear o dar la vida a una cría (Barudy, s/f). Comunidad Existen tres tipos de comunidades. Las comunidades geográficas -definidas en función de un territorio: la calle, colonia, barrio, pueblo, ciudad, zona metropolitana, entidad federativa-, las comunidades poblacionales -definidas en función de categorías como el sexo, la edad, la etnicidad, la nacionalidad, la religión o la orientación sexual- y las comunidades simbólicas -definidas en función de las preferencias, identidades, intereses y estilos de vida de sus integrantes (Cohesión Comunitaria e Innovación Social AC, 2009). La comunidad también puede entenderse como un grupo de personas que, si bien son diferentes, son capaces de resolver los conflictos que estas diferencias generan, alinear sus intereses y construir objetivos compartidos que las mueven a la acción conjunta; a su vez, todo esto deriva en la creación de un sentido de pertenencia y una identidad colectiva. La consolidación de la comunidad es vista como un proceso ligado a la disminución del delito y de las oportunidades para cometer delitos, la defensa frente a los extraños o la formación de un espacio social seguro (Dammert, 2003). Conciliación Negociación asistida en la que un tercero guía a las partes en un proceso integrado por etapas y propone fórmulas de solución que serán valoradas por los participantes, quienes, a través de una comunicación fluida, estarían en condiciones de identificar sus intereses y necesidades, y de cubrirlos evaluando constantemente la pertinencia de las alternativas de acuerdos propuestas por el conciliador, pudiendo, incluso, alcanzar soluciones que creativamente hayan surgido de las propias partes (Buenrostro, Pesqueira & Soto, 2012) Confianza ciudadana en las instituciones Niveles mínimos de credibilidad en las instituciones que pueden mejorarse o reconstituirse a través de la comprobación de los valores democráticos, el establecimiento de códigos de ética y el diseño de mecanismos anticorrupción y controles institucionales que reduzcan la impunidad (Bazaldúa, s.a.). Confianza en la policía Relación estable y de respeto entre la policía y la ciudadanía a la cual debe servir. Las corporaciones policiales, en tanto pilares de la construcción de confianza en la comunidad, deben adherirse a los principios éticos de integridad y profesionalismo (U.S. Department of Justice, 2009). Conflicto Choque de dos o más posiciones diferentes frente a una misma situación, en un contexto determinado. El conflicto no es lo mismo que la violencia (puede haber conflictos sin violencia, aunque no violencia sin conflicto) y puede ser positivo o negativo según cómo se aborde y termine, con posibilidades de ser conducido, transformado y superado (Fisas, 2001). Contraloría social El conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que realizan las personas, de manera organizada o independiente, en un modelo de derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes (Secretaría de la Función Pública). Convivencia Conjunto de relaciones de la vida cotidiana que se dan entre miembros de una comunidad, una vez que se han coordinado los intereses individuales con los colectivos y por tanto los conflictos se resuelven de manera pacífica (PNUD, 2006). Coproducción de la seguridad Acciones coordinadas que permiten a diversas instancias municipales, estatales y federales, organizaciones de la sociedad civil, del sector privado y a los habitantes de las comunidades participar en la construcción de una ciudad más segura, enfrentando de manera efectiva y coordinada los problemas de inseguridad (Ruiz et al, 2006). Corresponsabilidad (en materia de seguridad ciudadana) Dícese de la participación de la comunidad en coadyuvancia con las autoridades, a través de: 1) la comunidad, tenga o no estructura organizativa y 2) la sociedad civil organizada (Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 128). Se observa que la corresponsabilidad implica la incorporación de la ciudadanía en programas y acciones en materia de seguridad, lo que permite la cooperación entre autoridades, actores y organizaciones (Ruiz et al, 2006). Criminalización Proceso mediante el cual un individuo o grupo social estigmatiza y/o discrimina a otro individuo o grupo adjudicándoles arbitraria e injustificadamente -ya sea por razones políticas, económicas, culturales, étnicas o económicas- la potencial ejecución de acciones consideradas delictivas o criminales (PNPSVD). Criminalización de las juventudes Creencia de que las condiciones socioculturales en las cuales crecen los jóvenes los conducen inevitablemente hacia la delincuencia criminal. Esto implica estigmatizar a las juventudes, especialmente a las más pobres, como criminales, hasta el punto que les resulta sumamente difícil escapar a esta etiqueta (Dupret, 2010). Cultura Ciudadana Conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio común, así como al reconocimiento de derechos y deberes (Mockus, 2001). Cultura de la legalidad Mecanismo de regulación individual y social que exige por parte de la ciudadanía una cierta armonía entre el respeto a la ley, las convicciones morales, las tradiciones y las convenciones culturales (México Unido Contra la Delincuencia A.C., 2012). Cultura de paz Estilos de vida, creencias, valores y comportamientos que favorecen la construcción de la paz. Se relaciona con los cambios institucionales que promueven el bienestar, la igualdad, la administración equitativa de recursos y la seguridad, sin recurrir a la violencia (Boulding-Kenneth, 1998) Delincuencia Fenómeno social, que obedece a diversas causas y tiene múltiples dimensiones, y que se expresa mediante una conducta que quebranta un orden social o legal determinado (delito) (BID, s.a.). Delincuencia organizada Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes: terrorismo; acopio y tráfico de armas; tráfico de indocumentados; corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo; delitos en materia de trata de personas y, las conductas previstas en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18. (Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro). (Ley Contra la Delincuencia Organizada. Artículo 2) Delito Es el acto u omisión que sancionan las leyes penales (Código Penal Federal, 1931, última reforma 2003). Derecho a la ciudad Se encuentra estrechamente relacionado con los derechos humanos reconocidos y concebidos integralmente, e incluye: el derecho a un hábitat que facilite el tejido de las relaciones sociales; el derecho a sentirse parte de la ciudad (sentido de cohesión social y construcción colectiva); el derecho a vivir dignamente en la ciudad; el derecho a la convivencia; el derecho al gobierno de la ciudad; y el derecho a la igualdad de derechos (Mathivet, 2010). Despenalización Consiste en la reducción cualitativa y cuantitativa de una pena. Ante la escalada del sistema de castigo, también se despenaliza cuando se establece un sistema de penas alternativas (Ruiz-Vadillo, 1999). Diagnóstico Consiste en la identificación de problemáticas específicas del territorio en estudio, de su relevancia y magnitud, así como de las posibles causas, factores de riesgo y protección asociados a ellas. El diagnóstico constituye una herramienta permanente de trabajo, que no sólo es útil para la etapa inicial de un programa o estudio, sino también para comprobar avances o tendencias del proceso y evaluar actividades, resultados o impactos. El diagnóstico puede ser documental (si únicamente se recurre a fuentes indirectas y cifras) o participativo (si se realiza trabajo de campo y se construye en colaboración estrecha con los miembros de la comunidad) (PNPSVD). Diagnóstico Documental Tipo de diagnóstico que se construye a partir de cifras oficiales obtenidas de registros administrativos y con información recopilada por instancias gubernamentales y no gubernamentales, por ejemplo, datos sociodemográficos e índices delictivos, así como los resultados de encuestas de victimización y percepción de seguridad. Con los datos recabados se obtiene un panorama general de la situación tanto a nivel nacional como local que permite conocer las problemáticas en el territorio, sus transformaciones y tendencias, lo cual constituye una línea base para el diseño de proyectos de intervención que contribuyan a su disminución y resolución (PNPSVD). Diagnóstico Participativo Tipo de diagnóstico en el que la ciudadanía y los distintos actores de la comunidad se involucran activamente durante todo el proceso de elaboración. Sus objetivos son: 1) realizar una caracterización de la comunidad, en términos de su territorio y aspectos sociales, económicos y culturales; 2) conocer y jerarquizar las necesidades y problemas de la comunidad, así como las acciones que sus miembros identifican para resolverlos; 3) y detectar las causas y factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia, así como los factores de protección, con miras a desarrollar programas que incidan sobre los primeros (causas y factores de riesgo) y estimulen los segundos (factores de protección). Para llevar a cabo el diagnóstico participativo el equipo de trabajo de cada demarcación puede valerse de técnicas tanto cualitativas (talleres, entrevistas a profundidad, entrevistas grupales, marchas exploratorias, etc.) como cuantitativas (cuestionarios) (PNPSVD). Discriminación Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo; También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia (Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, artículo 1, fracción III). Educación no formal Aquella que se da a través de procesos, medios e instituciones específicamente diseñados en función de objetivos explícitos de formación o instrucción que no están directamente dirigidos a la obtención de los grados propios del sistema educativo institucionalizado (Trilla, 1985). Eficacia Colectiva Pone énfasis en las creencias compartidas y en la unión de capacidades para la acción dentro del barrio, en otras palabras, es un esfuerzo activo por ocuparse de otros (Manzano, 145). Empoderamiento de las mujeres Proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades (Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia, Art.5, Fracc. X, publicada en DOF, 15-01-13). Enfoque psicosocial Se sustenta en la premisa de que las necesidades, creencias, motivaciones, emociones y comportamientos del ser humano son resultado de la relación con sus semejantes y con el ambiente. En otras palabras, la interacción de una persona con sus familiares, pareja, amigos, compañeros, vecinos, etc. determina la manera en que percibe al mundo y actúa sobre él (PNPSVD). Espacio público Lugar de relación, identificación, encuentro y actividad funcional y ritual entre diferentes miembros de la sociedad. Lo público se concibe como el espacio de todos, donde aprenden a vivir juntos y a compartir valores tales como el respeto, la solidaridad y la tolerancia (Ramírez-Kuri, 2009). Estándares Son principios o criterios de actuación fundados en textos legales, donde se establecen las bases de las políticas públicas así como las garantías de los ciudadanos, y el consenso surge de la experiencia profesional. Los estándares son el marco de orientación consensado para la formulación de políticas públicas, que clarifican el contenido mínimo de los derechos fundamentales tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales (Malvido, 2011). Explotación sexual Una forma de coerción y violencia contra cualquier ser humano que equivale al trabajo forzoso y a una forma contemporánea de esclavitud (Organización Internacional del Trabajo; Declaración de Estocolmo, adoptada en el Congreso mundial contra la explotación sexual comercial infantil, 1996). Factores detonadores de la violencia Acontecimientos que en un determinado momento desatan o aceleran procesos de violencia en un territorio definido y contribuyen a una ruptura de la convivencia social pacífica. Por ejemplo, catástrofes ambientales o humanas, crisis económicas, cierre de fronteras, cambio repentino de controles o de políticas gubernamentales, aceleración en los precios o escasez de productos esenciales (Incide Social, 2011). Factores precursores de la violencia Variables que inciden o contribuyen a que se generen ambientes sociales violentos como: situaciones de profunda desigualdad, discriminación o exclusión, conflictos étnicos o religiosos, despojo de tierras y recursos, desarrollo de grandes conjuntos habitacionales con malas condiciones de habitabilidad, corrupción generalizada e impunidad (Incide Social, 2011). Factores de protección o contención de la violencia Capacidades individuales, grupales o institucionales y formas de relaciones sociales que generan respeto, tolerancia, reconocimiento del otro y de sus necesidades, y mecanismos de sanción social a las trasgresiones, aceptados por todos y que permiten procesar adecuadamente los conflictos, como son hábitos y prácticas de gobernabilidad democrática, cultura de paz y diálogo, modelos de crianza democráticos, gestión participativa de empresas, entre otros (Incide Social, 2011). Factores de riesgo de la violencia Expresan la existencia de conflictos y desequilibrios graves que advierten sobre el posible surgimiento de diversas formas de violencia, algunos son: hacinamiento, embarazos adolescentes, deserción escolar, desempleo, adicciones, entre otros. (Incide Social, 2011). Los factores de riesgo pueden ser clasificados en ámbitos de procedencia, de acuerdo a un continuo que va desde el nivel individual hasta el nivel sociocultural. A continuación se enumeran estos ámbitos, proporcionando en cada caso algunos ejemplos. a) Factores individuales: bajo coeficiente intelectual, baja capacidad de resolución de conflictos, actitudes y valores favorables hacia conductas de riesgo, hiperactividad, temperamento difícil en la infancia. b) Factores familiares: baja cohesión familiar, tener padres con enfermedad mental, estilos parentales coercitivos, ambivalentes o permisivos. c) Factores ligados al grupo de pares: pertenencia a grupos de pares involucrados en actividades riesgosas (comportamientos delictivos, consumo de drogas, por ejemplo). d) Factores escolares: bajo apoyo del profesor, alienación escolar, violencia escolar. e) Factores sociales o comunitarios: bajo apoyo comunitario, estigmatización y exclusión de actividades comunitarias. f) Factores socioeconómicos y culturales: vivir en condición de pobreza (Hein, s.a.). Focalización de la intervención Estrategia cuya finalidad es identificar zonas de intervención específicas, mediante la realización de una cartografía municipal de seguridad que determine las delimitaciones territoriales o poblacionales con mayor índice de violencia y delincuencia (PNUD, 2006). Género Categoría utilizada para analizar cómo se definen, representan y simbolizan las diferencias sexuales en una determinada sociedad. Por tanto, el concepto de género alude a las formas históricas y socioculturales en que mujeres y hombres construyen su identidad, interactúan y organizan su participación en la sociedad. Estas formas varían de una cultura a otra, se transforman a través del tiempo y se aprenden (INMUJERES/PNUD, 2007). Geo-referenciación Herramienta que tiene la particularidad de representar gráficamente un gran volumen de información, distinguiendo características geográficas o regiones culturalmente diferenciadas (CEAMEG, 2010). Gobernabilidad (en relación con la seguridad) Consiste en la construcción de capacidades institucionales de gestión de responsabilidades para una política de convivencia y seguridad (PNUD, 2006). Grupos en situación de vulnerabilidad Son aquellos grupos que comparten ciertas características que los colocan en una situación de debilidad o desventajas, las cuales, aumentan el riesgo de que padezcan daños en bienes o valores sociales importantes; y limitan el ejercicio de sus derechos humanos. Las características que los posicionan en tal situación pueden estar motivadas por razones de diversa índole, de las que destacan: 1) Por razón de género, las mujeres 2) Por razón de edad, las niñas, niños y jóvenes 3) Por razón de circunstancias físicas o psíquicas, las personas discapacitadas, 4) Por razón de nacionalidad o etnia, las personas extranjeras sin permiso y ciertas minorías, 5) Por razones sociales y económicas, los reclusos, ex-reclusos, consumidores de drogas, pobres, etc. (Presno, Miguel (s/f)). Indicador Variable cuantitativa cuyos valores son susceptibles de interpretación en un campo de conocimiento, respecto a determinados valores de referencia, establecidos en forma teórica o empírica (INEGI, 2011). Infancia Estado y condición de la vida de niños y niñas; por consiguiente, significa mucho más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta, pues alude a la calidad de esos años. Pese a los debates sobre la definición de la infancia y las diferencias culturales, existe un criterio ampliamente compartido de que debe darse en un espacio delimitado y seguro, en el cual los niños y las niñas puedan crecer, jugar y desarrollarse (UNICEF, 2005). Integralidad (política social) Proceso en el que el Estado, en sus distintos órdenes de gobierno, desarrolla políticas públicas mediante estrategias articuladas desde diferentes ámbitos eficaces para la atención y prevención de fenómenos multicausales, como la violencia y la delincuencia, con la participación ciudadana y comunitaria (LGPSVD, 2012). Intersectorialidad Consiste en la articulación, homologación y complementariedad de las políticas públicas, programas y acciones de los distintos órdenes de Gobierno, incluidas las de justicia, seguridad pública, desarrollo social, economía, cultura y derechos humanos, con atención particular a las comunidades, las familias, las niñas y niños, las mujeres, así como las y los jóvenes en situación de riesgo (LGPSVD, 2012). Estrategia dirigida a mejorar la eficacia y eficiencia de los proyectos interinstitucionales y las políticas públicas de seguridad ciudadana, convocando esfuerzos de las autoridades locales, las organizaciones de la sociedad civil organizada y las comunidades ubicadas en sitios críticos (PNUD, 2006). Justicia Restaurativa Método de justicia alternativa que se ocupa de que el delincuente se obligue con la víctima y con la comunidad, responsabilizándose de sus actos, encontrando alternativas reparatorias y, sobre todo, participando en la satisfacción de aquellas necesidades que trascienden a la simple reparación patrimonial. Así como la justicia represiva se centra en el castigo del delincuente y la justicia resocializadora en la readaptación del ofensor, la justicia restaurativa se centra en las necesidades, los compromisos, la transformación y la reintegración de la víctima y del ofensor; además, dependiendo del procedimiento utilizado, se ocupa de la comunidad con el fin de resarcir el daño (Buenrostro, Pesqueira & Soto, 2012). Juventudes La juventud es una etapa de vida que en términos generales comprende de los 15 a los 29 años (existen variantes en este rango según el autor de que se trate) y que se encuentra marcada por diferentes condiciones: de clase, de género, de generación, de etnia, de territorio, entre otros. Esto último supone que la juventud tiene significados muy distintos para los grupos y las personas pertenecientes a cada sector social específico, y nos obliga a hablar no de una "juventud", sino de muchas "juventudes", en el sentido de las múltiples formas que pueden existir de vivir lo juvenil, dependiendo del contexto de cada joven (Castillo-Berthier, 2013). Es el atributo del estado que consiste en la existencia en una parte importante de la población de un grado de consenso tal que asegure la obediencia sin que sea necesario, salvo en casos marginales, recurrir a la fuerza (Bobbio, 1991). Creencia de que los procedimientos, acciones y decisiones de un Estado son correctas, justas, adecuadas, y que por ello merecen reconocimiento (Carrillo, 1984). Masculinidades Son resultado de las normas, valores, significados y códigos de conducta que se atribuyen al sexo masculino. Las masculinidades no son estáticas, sino que se construyen a lo largo de la vida de las personas y los códigos aprendidos se van ajustando según el ciclo de vida y el entorno social. La cultura atribuye a los hombres las características de fuerza, competencia, destreza, control, racionalidad y autoridad. Estas características cambian según la generación y la posición social. Las nuevas masculinidades consisten en la transformación de esas características ideales de masculinidad por otras centradas en la corresponsabilidad y la equidad (Figueroa y Franzoni, 2011). Mediación Método alternativo de resolución de conflictos, conducido por un miembro de la comunidad neutral e imparcial que dirige a las partes en la negociación de un acuerdo mutuamente aceptable (Buenrostro, Pesqueira & Soto, 2012). Mediación comunitaria Es la capacidad de negociación y acuerdo, asistida por un tercero, para la resolución de conflictos y disputas interpersonales entre los vecinos o residentes de un barrio o comunidad (Cardozo, s.a.). Mediación escolar Método empleado para intervenir y resolver los conflictos antes de que se conviertan en violencia dentro de las escuelas. La mediación escolar requiere que los involucrados tengan disposición hacia la convivencia dentro del marco de derechos y deberes de la propia escuela, por lo que también requiere que las normas sean consensuadas, trabajadas, conocidas y aceptadas por la comunidad escolar (Arellano, 2008). Migración Es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva. Inmigración: es el arribo a una localidad o país, por cambio de la residencia habitual. Emigración: es la salida de la localidad o del país por cambio de residencia al lugar de destino. Migración interna: cambio de residencia al interior del país (Incide Social, 2011). Migrante Individuo que sale, transita o llega al territorio de un Estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación (Ley de Migración, 2011). Negociación Mecanismo de solución de controversias que provee desde espacios físicos hasta asesoría de especialistas sobre aspectos relacionados con el conflicto, lo que proporciona a las partes elementos para encontrar una situación consensada y estructurada que se vea reflejada, según el caso, en la firma de un convenio y que, atendiendo a la legislación, se pueda elevar a la categoría de cosa juzgada (Buenrostro, Pesqueira & Soto, 2012). Niño/Niña Todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad (Artículo 1 de la Convención sobre los derechos del niño, ONU, 1989). Participación ciudadana Conjunto de acciones por medio de las cuales los ciudadanos toman parte, a título individual o colectivo, en el diseño, gestión y control de las políticas públicas o colaboran en el desarrollo de tareas de interés general. La participación permite traducir y jerarquizar las necesidades y las expectativas sociales en medidas de gobierno, así como articular esfuerzos en torno a objetivos específicos (Incide Social, 2011). Percepción de seguridad Es la sensación de la ciudadanía frente a condiciones de seguridad-inseguridad en su entorno; por tanto, afecta positiva o negativamente su calidad de vida y comportamiento, y se da por diversos factores, entre los cuales destacan: la confianza en las autoridades, la victimización (directa o indirecta), la incivilidad o desorden social, la vulnerabilidad física y social, las redes sociales con las que cuenten los ciudadanos y la exposición a los medios masivos de comunicación (Vilalta, 2012). Perspectiva de Derechos Humanos en las Políticas Públicas Este enfoque supone que toda aquella acción del gobierno responda o atienda un problema público bajo un sistema de derechos, el cual a su vez tiene sus fundamentos en los principios constitucionales y los instrumentos internacionales que se orientan a la consolidación de una sociedad de derechos (Manual y protocolo para la elaboración de políticas públicas de derechos Humanos conforme a los nuevos principios constitucionales, Diciembre 2013, pág. 38 y 39) Perspectiva de género Visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones (Reglamento de la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, artículo 22; fracción II). Policía orientada a la comunidad Aquella que permite generar lazos sólidos con la ciudadanía para desarrollar programas y acciones colaborativas de coproducción de la seguridad, al mismo tiempo que concilia la acción preventiva, la reactiva y el respeto por los derechos humanos. Esto es lo que se ha llamado una nueva filosofía para hacer y ser policía en un espacio de ciudadanía en democracia (USAID & INSYDE, 2013). Política pública Son las decisiones del gobierno que incorporan la opinión, la participación la corresponsabilidad y el dinero de los privados, en su calidad de ciudadanos electores y contribuyentes (Aguilar, 1992). Política de seguridad ciudadana Conjunto de intervenciones públicas llevadas a cabo por diferentes actores estatales y sociales, cuya finalidad es abordar y resolver riesgos y conflictos concretos y visibles, así como hechos violentos o delictivos que lesionen los derechos y libertades de las personas, mediante la prevención y el control de los mismos (PNUD, 2006). Prevención de la violencia Estrategias destinadas a impedir el surgimiento y escalada de la violencia, mediante la reducción de los factores generadores y de riesgo, y el fortalecimiento de los factores de protección. De acuerdo con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (CNPDPC, 2012), existen tres niveles en los que se implementa la prevención: Primario: es de aplicación universal y consiste en medidas que operan mucho antes de que ocurran los hechos violentos y/o delictivos, al promover acciones no violentas y proveer incentivos positivos para que la población tome caminos alternativos a la delincuencia y la violencia. Secundario: está enfocada a quienes tienen mayor riesgo de generar violencia y/o cometer un delito. Terciario: políticas y acciones dirigidas a los generadores de violencia y/o delincuentes para evitar la reincidencia, así como a las víctimas, para evitar la revictimización. Prevención en el ámbito comunitario. La prevención en el ámbito comunitario pretende atender los factores que generan violencia y delincuencia mediante la participación ciudadana y comunitaria, y comprende: I. La participación ciudadana y comunitaria en acciones tendientes a establecer las prioridades de la prevención, mediante diagnósticos participativos, el mejoramiento de las condiciones de seguridad de su entorno y el desarrollo de prácticas que fomenten una cultura de prevención, autoprotección, denuncia ciudadana y de utilización de los mecanismos alternativos de solución de controversias; II. El mejoramiento del acceso de la comunidad a los servicios básicos; III. Fomentar el desarrollo comunitario, la convivencia y la cohesión social entre las comunidades frente a problemas locales; IV. La participación ciudadana y comunitaria, a través de mecanismos que garanticen su efectiva intervención ciudadana en el diseño e implementación de planes y programas, su evaluación y sostenibilidad, y V. El fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil (Cfr. LGPSVD, Art. 8 2012). Prevención de la delincuencia Proceso que disminuye, limita y liquida las causas y condiciones de la delincuencia (en tanto fenómeno social), a través de medidas implementadas por el Estado y la sociedad en su conjunto (Morales, 2002). Prevención del delito Estrategias y medidas que buscan reducir el riesgo de que ocurran delitos, así como sus posibles efectos dañinos sobre la sociedad y los individuos (incluyendo el miedo al crimen), al intervenir sobre sus múltiples causas (ONU, 2002, citado en CNPDPC, 2012). Prevención policial Estrategia sustentada en la actuación del poder local a través de acciones de las instituciones policiales para prevenir la incidencia criminal (Trajano y Cano, 2005). El objetivo práctico de la policía es reducir la victimización causada por el crimen, la cual está relacionada con la prevención de la criminalidad y la violencia. Tradicionalmente, la policía ha actuado con metodologías reactivas, con el fin de controlar y reprimir la delincuencia y el comportamiento violento. Sin embargo, el trabajo policial también debe orientarse a la detección de las oportunidades potenciales para cometer delitos y así poder impedirlos. Se ha visto que la policía es más eficaz en la prevención de la delincuencia cuando sus intervenciones se dirigen: 1. A los lugares donde se concentra la delincuencia ("hot spots o puntos críticos"). 2. A las personas más vulnerables y las víctimas de repetición. 3. A los delincuentes reincidentes, asegurando que todas las protecciones legales y el debido proceso sean plenamente respetados (IDB, 2012). Prevención en el ámbito psicosocial La prevención en el ámbito psicosocial tiene como objetivo incidir en las motivaciones individuales hacia la violencia o las condiciones criminógenas con referencia a los individuos, la familia, la escuela y la comunidad, que incluye como mínimo lo siguiente: I. Impulsar el diseño y aplicación de programas formativos en habilidades para la vida, dirigidos principalmente a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad; II. La inclusión de la prevención de la violencia, la delincuencia y de las adicciones, en las políticas públicas en materia de educación, y III. El fortalecimiento de las capacidades institucionales que asegure la sostenibilidad de los programas preventivos (Cfr. LGPSVD, Art.10, 2012). Prevención de la reincidencia Conjunto de estrategias basadas en medidas para la reinserción social de personas que han delinquido. Se enfoca también en la población que ha experimentado procesos de victimización para facilitar su atención, recuperación y reinserción en la vida cotidiana (Trajano y Cano 2005). Prevención ámbito situacional La prevención en el ámbito situacional consiste en modificar el entorno para propiciar la convivencia y la cohesión social, así como disminuir los factores de riesgo que facilitan fenómenos de violencia y de incidencia delictiva, mediante: I. El mejoramiento y regulación del desarrollo urbano, rural, ambiental y el diseño industrial, incluidos los sistemas de transporte público y de vigilancia; II. El uso de nuevas tecnologías; III. La vigilancia respetando los derechos a la intimidad y a la privacidad; IV. Medidas administrativas encaminadas a disminuir la disponibilidad de medios comisivos o facilitadores de violencia, y V. La aplicación de estrategias para garantizar la no repetición de casos de victimización (Cfr. LGPSVD, Art.9, 2012). Se orienta a evitar los delitos y la violencia reduciendo la oportunidad de cometerlos al aumentar los riesgos que implicaría su comisión. También contribuye a la detección y detención de los delincuentes, mediante el diseño ambiental y la asistencia a víctimas reales o potenciales del delito. Busca para ello modificar las condiciones que influyen en la delincuencia, la victimización y la inseguridad, mediante el fomento de iniciativas, experiencias y la decisión de los miembros de la comunidad (Revista Invi, 2008). Prevención social de la violencia y la delincuencia La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir los factores de riesgo que favorecen la generación de la violencia y delincuencia (Cfr. LGPSVD, Art.2, 2012). Acciones destinadas a atacar las causas sociales estructurales de la violencia y la delincuencia, tales como el desempleo, la desintegración familiar o las carencias en la educación formal, mediante programas integrales de desarrollo social, cultural y económico, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo y desarrollo urbano (Pasin, 2009). Proceso de prevención Conjunto de acciones o actividades de mediano y largo plazo, articuladas mediante proyectos orientados a la atención multisectorial de diversas causas y factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia y al fortalecimiento de los factores de prevención en un espacio determinado. Reinserción social Serie de actividades con base en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte a efecto de que los internos que alcancen su libertad, no vuelvan a delinquir (CPEUM, Art 18). Seguridad Ciudadana Obligación del Estado de garantizar la seguridad de la persona, actuando sobre las causas que originan la Violencia, la delincuencia y la inseguridad (Reglamento de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, artículo 22; fracción I). Seguridad Pública Es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley Gral. del Sistema Nacional de Seguridad Pública art. 2). Tejido social Es un conjunto articulado de redes personales, de categorías, de estructuras formales y funcionales, de iniciativas de asociación y de ayuda mutua en el interior de las sociedades, que permiten a los individuos y la sociedad ampliar sus opciones y oportunidades para mejorar su calidad de vida (Incide Social, 2011). Transversalidad Método de gestión pública que permita aplicar recursos de distintos esferas a un mismo propósito o programa, cuando los objetivos son complejos y traslapan o sobrepone las fronteras organizaciones sectorizadas. En este sentido, la transversalidad es un proceso activo, de cambio o transformación en las concepciones de un problema público y un método de gestión que requiere de una planeación concertada y coordinada entre agencias, actores, y proyectos entre agencias diversas que comparten objetivos, metas, prioridades y permite generar sinergias para responder con mayor eficacia a los problemas sociales (Glosario del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las mujeres, PROIGUALDAD 2013-2018) Urbanismo social Es una estrategia que prioriza un enfoque de la obra pública para el desarrollo humano, la convivencia y la integración, a través de la dignificación de espacios y el fortalecimiento del tejido social con el fin de combatir la violencia y la desigualdad urbanas (Echeverri y Orsini, 2011) Víctima Son aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesto en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos, como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado Mexicano sea parte. Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos (Artículo 4 de la Ley General de Victimas). Victimización Acto en el cual una persona es objeto del uso de la fuerza que le produce un daño físico o psicológico. La victimización parte del criterio de ocasionar daños, dañar a otros en su persona o en su patrimonio y sus derechos (Cruz, 1999). Violencia El uso deliberado del poder o de la fuerza física, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Quedan incluidas las diversas manifestaciones que tiene la violencia como la de género, la juvenil, la delictiva, la institucional y la social, entre otras (Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Art. 4, Fracc. XI). Ahora bien, si se habla de violencia (en plural) es porque no hay una, sino muchas formas de la misma. Esta afirmación parte de la comprensión de la violencia como una condición social que tiene múltiples actores directos e indirectos, que es cambiante en la historia y en el espacio, que se construye socialmente en un lugar y momento particular (Carrión y Armijos, 2009). Violencia contra la mujer Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como el público (Artículo 7 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia, en DOF, 15-01-13). Violencia de género Formas de violencia basadas en las diferencias adscritas socialmente para mujeres y hombres; esto implica que la violencia de género no tiene como únicos blancos a las mujeres sino también a los hombres y minorías sexuales (Valasek citado en CONAVIM, 2010). Violencia familiar Acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación (Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia, en DOF, 15-01-13). Son acciones únicas o repetitivas, cometidas por un miembro de la familia en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar si la relación se da por parentesco consanguíneo, de afinidad, o civil mediante matrimonio, concubinato u otras relaciones de hecho, independientemente del espacio físico donde ocurra (García y Cerda, 2011). Violencia escolar Se entiende por violencia escolar la acción u omisión intencionada que (...) ocurre en la escuela, alrededores o actividades extraescolares, y que daña a terceros. Sus autores suelen ser personas implicadas en el contexto escolar. Cuando la violencia escolar ocurre entre personas, tres son las modalidades principales: una es la violencia del profesor contra el alumno; otra es la del alumno contra el profesor y, finalmente, la violencia entre compañeros o bullying (Sanmartín; 2011). Violencia feminicida Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres (CONAVIM, 2010). Violencia urbana Aquélla ejercida en el marco de las relaciones y dinámicas mediadas por la convivencia urbana, cuyas expresiones más frecuentes son el robo a mano armada, las amenazas, las agresiones, los golpes, los secuestros y el homicidio (Cruz, 1999). BIBLIOGRAF American Bar Association (2009). Human Trafficking Assessment Tool. [Disponible en: http://apps.americanbar.org/rol/publications/mexico_2009_htat_en.pdf]. Alvarado Mendoza Arturo (2012). El tamaño del Infierno. Un estudio sobre la criminalidad en la zona metropolitana de la Ciudad de México, México, Colegio de México. Amnistía Internacional (2013). Informe 2013: el estado de los derechos humanos en el mundo. [Disponible en: http://files.amnesty.org/air13/AmnestyInternational_AnnualReport2013_complete_es.pdf] Ángeles, F. (2010). 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De este modo, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana diseña e implementa acciones preventivas, articuladas y transversales, con las secretarías que conforman esta Comisión: · Secretaría de Gobernación · Secretaría de Hacienda y Crédito Público · Secretaría de Desarrollo Social · Secretaría de Economía · Secretaría de Comunicaciones y Transportes · Secretaría de Educación Pública · Secretaría de Salud · Secretaría del Trabajo y Previsión Social · Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Es importante señalar que además de las instituciones de la Administración Pública Federal responsables de la ejecución del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018 descritas en la siguiente tabla, la ejecución de las estrategias establecidas se llevará a cabo mediante acciones coordinadas y corresponsables entre los tres órdenes de gobierno y con estricto apego a la distribución de competencias que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad. A continuación se establece de manera enunciativa y no limitativa la correspondencia por línea de acción de las instituciones participantes en la ejecución del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018. Objetivo específico 1. Incrementar la corresponsabilidad con la ciudadanía y actores sociales en la prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias.
Objetivo 2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria.
Objetivo 3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana
Objetivo 4. Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales/delegacionales, entidades federativas y federación
Objetivo 5. Asegurar una coordinación efectiva y sostenida entre dependencias y entidades federales para diseñar, implementar y evaluar procesos de prevención social.
ANEXO 2. INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN EL DISEÑO DEL PROGRAMA. En la realización de este documento colaboraron especialistas de la sociedad civil, fundaciones, instancias gubernamentales, iniciativa privada y la academia; se les reconoce a todas y todos su disposición, asesoría y experiencia que enriquecieron el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Para contar con sus aportaciones técnicas y metodológicas, se realizaron, a través del apoyo de la Fundación Este País, 10 mesas con los siguientes temas:
Asimismo, a lo largo de todo el proceso de diseño del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia se sumaron los esfuerzos y valiosa participación de otros especialistas en el tema, retroalimentando y enriqueciendo los contenidos del mismo. En la siguiente tabla se enlistan las organizaciones e instituciones de las que forman parte las personas especialistas que participaron en este proceso:
Participaron también autoridades de los Gobiernos de las 32 Entidades Federativas y de los 82 Municipios y Delegaciones participantes en el Programa Nacional de Prevención del Delito 2013. __________________________________ 1 La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia sólo contempla los primeros cuatro tipos de prevención. Sin embargo, por su importancia se agrega la prevención policial. 2 La violencia y la delincuencia impiden el acceso y pleno ejercicio del derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personal y al derecho de una vida libre de violencia, entre otros derechos. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009), Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos). 3 4 ttp://www.pgr.gob.mx/Temas%20Relevantes/Documentos/Informes%20Institucionales/2012/1.4%20Crimen%20Organizado.pdf 5 Para mayor información Ver: Bott, Sarah, Alessandra Guedes, Mary Goodwin y Jennifer A. Mendoza (2012), Violence Against Women in Latin America and the Caribbean: A comparative analysis of population-based data from 12 countries, Organización Panamericana de la Salud, Washington. 6 Las cifras comprenden a la población entre 12 y 65 años de edad. 7 Para mayor información Ver: Trudel, M., Puentes-Neuman, G. (2000): The contemporary concepts of at risk children: theoretical; models and approaches in the early yearsâ, Pan Canadian Education Research Agenda Symposium, Adolescence; Rutter, Giller y Hagell (1998): Antisocial behavior by young people, Cambridge University press; Schonert-Reichl, (2000): Children and youth at risk: some conceptual considerationsâ, Pan Canadian Education Research Agenda Symposium. 8 Los cálculos fueron estimados a partir de la sumatoria de los estados que conforman cada región y de los doce meses de 2013. 9 Destaca que no existen cifras precisas sobre el número de éstas, ni sobre las características de las y los jóvenes que las integran; se trata de una situación que no ha sido suficientemente estudiada y que generalmente es abordada a partir del estigma y la criminalización. 10 Para efectos del PNPSVD las personas adolescentes y jóvenes son aquellas entre 12 y 29 años de edad. 11 12 Estas cifras corresponden a registros administrativos, los que no necesariamente reflejan el total de muertes de mujeres por homicidio,ya que en algunos casos los homicidios no son calificados como tales. 13 Cifra preliminar (Unidad Política Migratoria, 2013) www.politicamigratoria.gob.mx 14 Refiere a personas que nacieron en un país diferente en México y que habitan en nuestro país. |
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