PROGRAMA Nacional de Desarrollo Social 2014-2018V

PROGRAMA Nacional de Desarrollo Social 2014-2018.

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 2014-2018

Siglas y Acrónimos

Censo.- Censo Nacional de Población y Vivienda.

Conapo.- Consejo nacional de Población.

Coneval.- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Enigh.- Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.

ENJ.- Encuesta Nacional de la Juventud.

ENOE.-Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Enpecyt.- Encuesta Nacional sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México.

Ensanut.- Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.

FAO.- Food and Agriculture Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

FMI.- Fondo Monetario Internacional.

IMSS.- Instituto Mexicano del Seguro Social.

INEE.- Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Inegi.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

INPC.- ndice Nacional de Precios al Consumidor.

INSP.- Instituto Nacional de Salud Pública.

ISSFAM.- Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

ISSSTE.- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

ODM.- Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son: 1) erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2) lograr la enseñanza primaria universal; 3) promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer; 4) reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años; 5) mejorar la salud materna; 6) combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades; 7) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; 8) fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Estos objetivos se intentan alcanzar para 2015 y se basan en la Declaración del Milenio de septiembre de 2000.

MCS-Enigh.- Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.

OCDE.- Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.

OMS.- Organización Mundial de la Salud.

Oportunidades.- Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

PAL.- Programa de Apoyo Alimentario.

PEA.- Población Económicamente Activa. Es la población de 12 años o más que realiza algún tipo de actividad económica (población ocupada) o que busca incorporarse a un empleo (población desocupada).

Pemex.- Petróleos Mexicanos.

PIB.- Producto Interno Bruto.

Pronades.- Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018

PISA.- Programme for International Student Assessment.

Sagarpa.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Sedesol.- Secretaría de Desarrollo Social.

SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SEP.- Secretaría de Educación Pública.

UER.- Unidades Económicas Rurales.

Marco Normativo

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 25 y 26 que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. Asimismo, el Estado deberá organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación, para lo cual habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. Bajo este marco normativo, la Ley de Planeación establece en su artículo 21 que el Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país y establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional.

Aunado a lo anterior, la citada Ley de Planeación también establece en sus artículos 22 y 26 que el Plan Nacional de Desarrollo indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deban ser elaborados; y que los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del país fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector. Dentro de los programas especiales que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece que se deberán publicar, se encuentra el Programa Nacional de Desarrollo Social.

Respecto al Programa Nacional de Desarrollo Social, la Ley General de Desarrollo Social establece en sus artículos 39 y 43 que corresponde al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, formular el Programa Nacional de Desarrollo Social en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relacionadas con la materia. Asimismo, se establece que la Secretaría de Desarrollo Social coordinará la correspondencia entre el Programa Nacional de Desarrollo Social y los programas sectoriales, promoviendo que la planeación sea congruente, objetiva y participativa. Para tales efectos, y de conformidad con el artículo cuarto del Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, los programas especiales deberán contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos que se establezcan en los programas sectoriales.

En cuanto a la formulación del Programa Nacional de Desarrollo Social, el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social establece en su artículo 10 que para la formulación de dicho Programa Nacional de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Social implementará procesos de consulta pública y recabará las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las Entidades Federativas y de los municipios, así como de los sectores social y privado.

Considerando la normatividad referente a la planeación nacional del desarrollo social, la Política Nacional de Desarrollo Social, que debe plasmarse en el Programa Nacional de Desarrollo Social, está sustentada en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Desarrollo Social, así como por el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 3 y 4 que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a la protección de la salud, a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, así como a recibir educación. Asimismo, la Constitución establece en su artículo 25 que mediante la competitividad, el fomento al crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, el desarrollo nacional deberá permitir el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas, grupos y clases sociales.

En cuanto a la Ley General de Desarrollo Social, ésta tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social. En este tenor, el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social establece que son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En lo referente al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado el 20 de mayo de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, éste establece cinco metas nacionales y tres estrategias transversales para la consecución de un objetivo general que es llevar a México a su máximo potencial. Al respecto, las metas nacionales son: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global, mientras que las estrategias transversales consisten en Democratizar la Productividad, un Gobierno Cercano y Moderno y la Perspectiva de Género.

Tomando en cuenta la normatividad en materia de planeación nacional del desarrollo social, la cual se traduce en la elaboración del Programa Nacional de Desarrollo Social, y con el fin de contribuir a atender los compromisos presidenciales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se ha estructurado el presente Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018, cuyo objeto es dirigir y orientar las acciones de gobierno a fin de disminuir las carencias sociales y mejorar el ingreso para garantizar el ejercicio de los derechos sociales de todas las personas, de tal forma que este país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo antes expuesto, el Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018 contiene objetivos, estrategias, líneas de acción, e indicadores que establecen las prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social, cuya rectoría y coordinación recaerá en las Secretarías de Desarrollo Social; de Salud; de Educación Pública; de Economía; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Hacienda y Crédito Público, así como de todos sus organismos sectorizados. Del mismo modo, el Programa Nacional de Desarrollo Social, establece las bases para trabajar en conjunto con los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil para lograr un México Incluyente y Próspero.

I. Introducción

La democracia mexicana y el Estado en su conjunto tienen el reto de garantizar condiciones mínimas de bienestar en igualdad de oportunidades para individuos y grupos. Para el sexenio 2012-2018, el gobierno federal se ha propuesto realizar acciones que reduzcan de manera significativa carencias sociales en amplios sectores de la población. El objetivo es mejorar la garantía de los derechos sociales que la Constitución reconoce a las personas.

Los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, concurren en la realización de acciones encaminadas a mejorar las capacidades de las personas para su desarrollo, en la construcción de mecanismos de justicia distributiva, en el fomento de la participación social, la colaboración corresponsable entre personas, grupos y gobiernos, así como en la promoción de acciones con perspectiva de género, discapacidad y juventud.

El Programa Nacional de Desarrollo Social integra los principales objetivos y líneas estratégicas del gobierno federal para establecer el piso mínimo de disfrute de los derechos sociales. La visión garantista que lo sustenta reconoce la necesidad de igualar la base de disfrute de derechos sociales para todas las personas y grupos, a fin de que su desarrollo y bienestar se base en sus capacidades y esfuerzo. Las distintas vertientes de este Programa dan cuenta de las acciones de diversas dependencias encargadas de garantizar la educación, la salud, la seguridad social, la alimentación, la calidad de la vivienda, el ingreso y el trabajo de las personas, así como su inclusión y no discriminación. Para lograr lo anterior, este Programa prioriza la intersectorialidad, el trabajo conjunto con gobiernos locales y sociedad civil, así como también busca fortalecer las instituciones para que todas las personas disfruten de todos sus derechos y para que éstos sean exigibles y demandables en el marco de la ley.

De esta forma, el gobierno federal, a través de los instrumentos de planeación disponibles, plasma su visión de un México incluyente y próspero que de manera progresiva eleve las condiciones de bienestar de su población, especialmente de aquella que hoy presenta los mayores rezagos sociales. Atender y beneficiar a la población en pobreza es un imperativo de justicia social que el país necesita para situarse en la vía de un desarrollo en el que México alcance su máximo potencial.

II. Diagnóstico

El presente diagnóstico da cuenta del avance de México en el fortalecimiento del desarrollo social, detalla las principales carencias sociales que enfrenta la población, y permite identificar los principales retos para lograr una sociedad más justa e incluyente. A pesar de los logros obtenidos en las últimas décadas, la pobreza y desigualdad se mantienen en niveles inaceptablemente elevados, por lo que es necesario que el conjunto de acciones y políticas de gobierno contribuyan a garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales y humanos de toda la población. Un reto fundamental es lograr una reducción de la desigual distribución de los recursos y establecer bases sólidas para un crecimiento económico alto y constante que aproveche de manera eficiente los amplios recursos con los que cuenta el país, y permita reducir las carencias sociales que enfrentan los ciudadanos. Este desafío obliga al establecimiento de una política integral de desarrollo, con la concurrencia de las diversas dependencias del gobierno federal que instrumentan políticas públicas para impulsar el desarrollo social del país, así como de las autoridades en los distintos órdenes de gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil.

Ingresos

En México, gracias a la consolidación de la estabilidad macroeconómica y la construcción de una red de protección social, la recuperación después de la crisis económica y financiera internacional de 2008-2009 fue más sólida que en otras economías. No obstante, el crecimiento del país en las últimas décadas ha sido insuficiente para generar un desarrollo sostenido: el crecimiento real promedio del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de los últimos 21 años se ubica en 0.7%. Ello se debe, en parte, a que existen factores que han restringido la evolución de la productividad total de los factores que de 1990 a 2011 disminuyó 0.4% por año en promedio.(1) Derivado de lo anterior, el desempeño del PIB en México durante la última década fue bajo (un promedio anual de 2.1% entre 2000 y 2012), en comparación con el desempeño de, por ejemplo, China, Argentina y Corea (países que expandieron su economía en el mismo periodo a un ritmo anual promedio de 10.1%, 4.5% y 3.9%, respectivamente) (gráfica 1).

Gráfica 1. Tasa de crecimiento promedio anual del PIB real en el periodo 2000-2012 en países
seleccionados

(Porcentaje)

Fuente: Secretaría de Economía (SE).(2)

A esta situación de bajo crecimiento se agrega que las actividades primarias presentaron en la pasada década una menor tasa de crecimiento promedio que la observada en el total de la economía (gráfica 2). Además, en el sector agropecuario destaca la persistencia de un alto número de productores que desempeñan actividades principalmente con propósitos de autoconsumo, de la cuales prácticamente no obtienen margen de utilidad alguno. En 2012, de un total de 5.3 millones de Unidades Económicas Rurales (UER), poco menos de 3.9 millones (73.0% del total) se orientaban principalmente a la producción de subsistencia. Estas unidades de producción se caracterizan por carecer de activos productivos, tener acceso limitado al crédito y ubicarse principalmente en las regiones Centro, Sur y Sureste del país (cuadro 1). La población en estas unidades presenta altos niveles de pobreza y marginación, mientras que alrededor del 30.0% de estas UER están conformadas por personas hablantes de lengua indígena.(3)

Gráfica 2. Crecimiento anual promedio del producto por sector de la economía, 2000-2013

(Porcentaje)

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con información del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).

Cuadro 1. Características de las UER, 2012

Tipo de UER	Número de UER	Porcentaje de UER por estrato	Superficie promedio (hectáreas)	Valor promedio de activos (Millones de pesos)	Destino principal de la producción	Acceso al crédito	Regiones de ubicación principal
Familiar de subsistencia sin vinculación al mercado	1,192,029	22.4%	3.5	0.004	autoconsumo	Sin acceso	Centro, Sur y Sureste
Familiar de subsistencia con vinculación al mercado	2,696,735	50.6%	8.8	0.04	autoconsumo y mercado nacional	2.7% UER	Centro y Sureste
En transición	442,370	8.3%	32.3	0.14	mercado nacional	7.8% UER	Occidente, Bajío, Centro y Golfo
Empresarial con rentabilidad frágil	528,355	9.9%	37.5	0.24	mercado nacional	13.1% UER	Golfo, Noroeste, Occidente y Bajío
Empresarial pujante	448,101	8.4%	141.4	0.75	mercado nacional	44.5% UER	Noroeste, Occidente y Bajío.
Empresarial dinámico	17,633	0.3%	297.6	5.0	mercados nacional y de exportación	50.5% UER	Noroeste, Occidente y Bajío.

Fuente: Sedesol con información de FAO y Sagarpa (2012), op. cit.

Por otra parte, el comportamiento de largo plazo de la pobreza por dimensión de ingresos que se muestra en la gráfica 3 da cuenta de los efectos que el desempeño de la economía ha tenido sobre la tasa de pobreza, la cual ha aumentado durante los periodos de crisis y se ha reducido durante las fases de recuperación de la economía. Sin embargo, la pobreza por ingresos en México durante el periodo 1992-2012 no cambió sustancialmente, dado que en 1992 el 53.1% de las personas se encontraba en situación de pobreza de patrimonio, mientras que para 2012 dicha incidencia se ubicó en 52.3% de personas.(4)

Gráfica 3. Pobreza por dimensión de ingreso 1992-2012

(Porcentaje)

Fuente: Sedesol con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En términos de la medición de pobreza multidimensional, la población que reside en hogares con ingresos per cápita inferiores al valor de la línea de bienestar representó en 2012 el 51.6% de la población total, equivalente a 60.6 millones de personas, de tal manera que, bajo esta condición, en el sector urbano del país

se encontraban 43.5 millones de personas (48.3% de la población urbana), mientras que en las zonas rurales había 17.1 millones de personas (62.8% de la población rural) (gráfica 4). Además, en 2012 se identificó que 23.5 millones de personas (20.0%) residía en hogares con ingresos per cápita inferiores al valor de la línea de bienestar mínimo, es decir, estos hogares no son capaces de adquirir la canasta alimentaria aunque destinen la totalidad de sus ingresos a dicho propósito; de estos, 14.6 millones se encontraban en el sector urbano (16.2%) y 8.9 millones residían en el sector rural (32.7%).

Gráfica 4. Población con ingreso menor a la línea de bienestar por ámbito rural y urbano, 2010-2012

(Porcentaje)

Fuente: Sedesol con información de Coneval con base en los MCS-Enigh 2010 y 2012.

Justo es reconocer que las transferencias monetarias a la población de bajos ingresos han permitido contener el avance de la pobreza. Sin las transferencias, el volumen de la población en pobreza multidimensional hubiera sido mayor en 1.7 puntos porcentuales para 2008, en 1.4 puntos porcentuales para 2010 y en 1.5 puntos porcentuales para 2012 (gráfica 5). Sin embargo, para alcanzar los objetivos de reducir la pobreza y lograr el acceso equitativo a los derechos sociales es necesario reforzar la entrega de transferencias monetarias con otras políticas públicas que construyan oportunidades que permitan a la población abandonar la pobreza por la vía productiva.(5)

Gráfica 5. Población en situación de pobreza multidimensional, con y sin transferencias monetarias
2008, 2010 y 2012

(Porcentaje)

Fuente: Sedesol con información del MCS- Enigh 2008, 2010 y 2012.

Adicionalmente, existen enormes retos en cuanto a la desigualdad en la distribución del ingreso, los cuales se derivan de la concentración en pocos individuos de los ingresos generados en la economía. Esta situación constituye una seria limitante al aumento del potencial económico del país, ya que el bajo poder adquisitivo de amplios sectores de la población debilita la demanda de bienes y servicios. Al respecto, la información más

reciente sobre el ingreso de los hogares hace notar que la desigualdad de ingresos implica que los hogares en el decil X tienen un ingreso promedio casi 20 veces mayor al ingreso promedio de los hogares en el decil I (gráfica 6).

Gráfica 6. Ingreso corriente total promedio trimestral en deciles de hogares, 2012

(Pesos en 2012)

Fuente: Sedesol con información de la Enigh 2012.

El abatimiento de la desigualdad, así como la necesidad de elevar los ingresos de la población con menores recursos son retos fundamentales de las políticas social y económica. Alcanzar estos objetivos no puede disociarse de los grandes cambios que requiere el país. No sólo es la estabilidad de los indicadores macroeconómicos lo que dará el impulso decisivo al bienestar económico de la población, sino también el fomento al crecimiento económico, la creación de empleos y el incremento de los salarios reales.

Uno de los puntos fundamentales de la estrategia económica es el fortalecimiento del mercado interno como una condición indispensable para democratizar la productividad y ampliar los polos del desarrollo nacional hacia más estados y regiones del país. Esta estrategia reconoce que la mejor herramienta para disminuir la pobreza, las carencias y rezagos sociales, radica en el impulso de las iniciativas productivas surgidas en los diferentes sectores de la población y orientadas a la vocación productiva regional.

Alimentación

Para que toda la población goce del pleno ejercicio del derecho a la alimentación reconocido en la Constitución, aún está pendiente resolver importantes retos, entre los que se encuentran el insuficiente acceso a los alimentos de los grupos sociales en desventaja, la vulnerabilidad de las familias con bajos ingresos ante la volatilidad en los precios de los alimentos y la persistencia de la desnutrición entre la población infantil.

Hacia finales de 2007 se empezó a manifestar el alza de los precios de los alimentos y su volatilidad en los mercados internacionales. Cabe señalar que esta tendencia no se ha revertido completamente, aunque en 2012 y 2013 se observó una reducción en el nivel de precios de los alimentos (gráfica 7). Esta situación, en combinación con la recesión causada por la crisis de los mercados financieros internacionales, constituyó una seria amenaza a la seguridad alimentaria mundial, debido a que el acceso a ciertos alimentos se vio limitado. Al mismo tiempo, esta situación propició que la dieta de la población con menores recursos se restringiera a alimentos más económicos cuyo aporte nutricional es, en muchos casos, deficiente. (6)

Gráfica 7. ndice global de precios de los alimentos de la FAO

(Valor del índice)

Fuente: Sagarpa(7) con información de la FAO.

Lo anterior implicó que en México en los años recientes los precios de los alimentos hayan mostrado una alta variabilidad. En la gráfica 8 se muestra la evolución de los valores de las canastas alimentarias (equivalente al valor de la línea de bienestar mínimo), tanto en el sector rural como en el urbano, que se resume de la siguiente manera: entre 2008 y 2009 estas líneas crecieron a tasas superiores a la inflación; posteriormente, durante 2010 y 2011 presentaron tasas de crecimientos cercanas al aumento inflacionario; durante 2012 así como en el primer trimestre de 2013 se elevaron nuevamente; finalmente, en el periodo reciente han registrado un menor ritmo de crecimiento. Cabe destacar que la tendencia volátil de los precios alimentarios afecta particularmente a las personas en condición de pobreza, pues ellos destinan una mayor proporción de su gasto a la compra de alimentos que el resto de la población.

Gráfica 8. Evolución del INPC y de las líneas de bienestar mínimo rural y urbana, 2008-2014

(Variación porcentual anual)

Fuente: Sedesol con información del Coneval.

Por otro lado, pese a que México es considerado un importante productor mundial de agroalimentos (octavo a nivel mundial), la producción nacional no ha sido suficiente para satisfacer las necesidades de la población mexicana en lo que concierne a algunos alimentos básicos, como arroz, oleaginosas, trigo o maíz amarillo, productos que deben ser importados de mercados externos para satisfacer la demanda interna del país. En este contexto, destaca que en 2012 la participación del PIB del sector primario en el PIB nacional se

ubicó en sólo 3.4%, cuando en 1950 dicha participación ascendía a 16.1%.(8)

En este contexto, las cifras del Coneval muestran que, en 2012, 27.4 millones de mexicanos, equivalente al 23.3% de la población, no contaban con acceso a una alimentación adecuada (gráfica 9). De estos, 7.0 millones se encuentran en condición de pobreza extrema y con carencia por acceso a la alimentación, es decir se encuentran en una situación de pobreza extrema de alimentación. Asimismo, de acuerdo con la información oficial más reciente, se encuentran en condición de pobreza extrema de alimentación 3.4 millones de hombres y 3.6 millones de mujeres; 3.2 millones de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años; 2.1 millones de jóvenes con edades entre 12 y 29 años; 1.3 millones de hablantes de lenguas indígenas; 564 mil 548 personas con discapacidad (de las cuales 224 mil 158 personas son además jefes o jefas de familia) y 484 mil 962 adultos de 65 años o más.

Gráfica 9. Población con carencia por acceso a la alimentación 2008-2012

(Porcentaje y millones de personas)

Fuente: Sedesol con información del Coneval.

Por lo que respecta a los indicadores de desnutrición en menores de cinco años, entre 1988 y 2012, se observa que la emaciación (bajo peso para talla) decreció de 6.2% a 1.6% y el indicador de bajo peso descendió de 10.8% a 2.8%. Por su parte, aunque la desnutrición crónica (baja talla) también disminuyó en el periodo considerado, para 2012 esta condición presentó una tasa de prevalencia de 13.6% (equivalente a 1.5 millones de menores) (gráfica 10). Estas cifras reflejan que aún existen retos importantes para garantizar la seguridad nutricional de las niñas y niños del país.

Gráfica 10. Indicadores de desnutrición en menores de cinco años en 1988-2012

(Porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) con información de la Ensanut 2012.

El gasto en alimentos de los hogares es un indicador de la capacidad de adquisición y de las preferencias alimentarias de las familias. Con base en los resultados de la Enigh 2012, el 42.1% del total del gasto de los hogares en las zonas rurales se destinó a la compra de alimentos, mientras que los hogares en el sector rural destinaron 32.8% de su gasto a este rubro (cuadro 2). Cuando se considera la proporción del gasto en alimentos de los distintos grupos sociales, se observa que los hogares donde el jefe de familia habla alguna

lengua indígena, los hogares con jefatura femenina, los hogares con hijos menores de cinco años y los hogares con adultos de 65 años en adelante destinan un mayor porcentaje del gasto total a su alimentación, en comparación con el hogar promedio nacional. Adicionalmente, el cuadro 1 hace notar que los cereales, carnes, verduras, leche y sus derivados son los alimentos en los que más gastan los hogares mexicanos, en contraste se destina un bajo porcentaje del gasto a la compra de frutas, pescados y mariscos. Por su parte, la población en las áreas rurales destina porcentajes menores del gasto a la adquisición de carne, leche y frutas en comparación con el promedio nacional, mientras que los porcentajes destinados a la compra de cereales, verduras y huevo son mayores que dicho promedio.

Cuadro 2. Gasto en alimentos de los hogares, 2012

Rubro de gasto	Nacional	Rural	Urbano	Jefa/e del hogar habla lengua indígena	Jefa del hogar mujer	Hogares con menores de 18 años	Hogares con menores de 5 años	Hogares con adultos de 65 años en adelante
Gasto en alimentos (% del Gasto Corriente Monetario)	34.0	42.1	32.8	46.2	34.0	35.4	36.2	35.9
Como % del gasto en alimentos:
Cereales	14.9	19.7	14.1	19.0	15.0	16.6	16.3	16.2
Carnes	17.5	16.5	17.7	17.4	18.6	18.8	17.9	18.3
Verduras	8.6	12.2	7.9	12.3	8.8	9.1	8.8	10.2
Leche y derivados	8.9	8.6	8.9	6.1	9.1	9.7	10.6	9.0
Huevo	3.2	4.5	3.0	5.0	3.4	3.6	3.6	3.6
Frutas	3.4	3.0	3.5	2.9	3.7	3.1	2.9	4.1
Pescados y mariscos	1.8	1.8	1.7	1.9	1.8	1.7	1.6	1.9
Aceites y grasas	1.3	2.9	1.1	2.3	1.2	1.5	1.5	1.5
Tubérculos	1.1	1.5	1.0	1.4	1.1	1.2	1.2	1.2
Azúcar y mieles	0.8	2.0	0.6	2.0	0.8	0.9	0.9	1.1

Fuente: Sedesol con información de la Enigh 2012.

La situación alimentaria en el país demanda resultados inmediatos que garanticen a la población más vulnerable el derecho a la alimentación y la seguridad nutricional, a través de acciones coordinadas y transparentes. La estrategia para elevar el acceso de toda la población a una alimentación variada y nutritiva debe implicar un proceso participativo, dirigido a conjuntar esfuerzos de los tres niveles de gobierno, la sociedad civil organizada y los ciudadanos en general, a fin de superar la pobreza y contribuir a la seguridad alimentaria de la población.

Educación

La educación de calidad es esencial para potenciar las capacidades y habilidades de los ciudadanos. La educación contribuye a construir la igualdad de todos los mexicanos ante la ley, la democracia, la equidad de género y el respeto a la naturaleza. Por ello, resulta fundamental que la política educativa coadyuve al desarrollo del potencial humano de los mexicanos, garantice la inclusión y la equidad en el sistema educativo nacional, y dote de sentido social a la promoción del deporte.

Los resultados de las mediciones oficiales del rezago educativo realizadas por el Coneval muestran que este indicador disminuyó entre la población mexicana durante el periodo 1990-2012. Sin embargo, en 2012 aún se encontraban en rezago educativo 22.6 millones de personas, equivalente al 19.2% de la población nacional (cuadro 3). Además, la tasa de prevalencia del rezago educativo fue mayor en las mujeres (20.0%) que en los hombres (18.4%). En particular, las entidades donde las brechas de género en educación fueron más altas son Chiapas (30.0% en hombres y 36.9% en mujeres), Oaxaca (24.7% y 30.3%) y Puebla (22.0% y 26.0%). Destaca que el rezago educativo se ubicó en niveles mayores al promedio nacional para los adultos de 65 años en adelante (63.1%), las personas con discapacidad (54.5%), la población indígena (34.1%) y la población en pobreza extrema (47.7%). Estas cifras reflejan la necesidad de continuar trabajando en garantizar la educación básica para los grupos de población referidos. De igual forma, es preciso promover la igualdad de acceso a las oportunidades educativas entre mujeres y hombres, invirtiendo en mecanismos que

eliminen las limitaciones en el acceso de las mujeres a los beneficios de la educación.

Cuadro 3. Evolución del rezago educativo 1990-2012. 1/

(Porcentaje)

Año	Rezago educativo (porcentaje)
1990	26.6
2000	22.5
2005	19.8
2008	21.9
2010	20.7
2012	19.2

1/ Nota: los datos correspondientes a 2008, 2010 y 2012 provienen de la información en el MCS-Enigh. Para los años restantes la información proviene de los Censos y Conteo.

Fuente: Elaboración de Sedesol con información de Coneval.

Por otro lado, de acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), prácticamente se ha alcanzado la cobertura universal en educación primaria, mientras que la tasa de cobertura de nivel secundaria se ubicó durante el ciclo escolar 2011/2012 en 79.8%. En contraste, para la educación media superior y superior, las tasas de cobertura se estiman en 51.9% y 27.6%,(9) respectivamente. Destaca que, en el mismo ciclo escolar, en media superior el 61.3% de los alumnos terminaron este nivel en el tiempo mínimo esperado, mientras que en educación superior la eficiencia terminal fue de 71.2%. La matrícula de educación superior se ve afectada por el bajo índice de absorción (proporción de estudiantes que ingresan al siguiente nivel educativo en relación con el total de alumnos que egresaron del último grado del nivel educativo inmediato anterior) y por el alto grado de deserción en la educación media superior, al respecto el cuadro 4 muestra que el acceso a ambos niveles de educación es mayor para los estratos de población con mayores ingresos.

Cuadro 4. Distribución de los estudiantes en educación media superior y superior de acuerdo a
niveles de ingresos, 2012

Decil	Porcentajes de estudiantes en educación media superior	Porcentaje de estudiantes en educación superior
I	5.2	2.6
II	7.4	3.7
III	8.3	4.8
IV	10.3	6.1
V	11.3	8.6
VI	12.2	9.2
VII	11.9	11.5
VIII	12.7	14.2
IX	11.4	18.1
X	9.4	21.2
NACIONAL	100	100

Fuente: Sedesol con información del MCS-Enigh 2012.

Otro reto pendiente en materia educativa es crear incentivos para que la población estudiantil no abandone el sistema educativo. Al respecto, en 2012, las tasas de deserción se mantuvieron en niveles relativamente altos en las instituciones de educación secundaria y de media superior (ver gráfica 11), destacándose que las mujeres presentan tasas inferiores a las de los hombres. De manera específica la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012 reportó que el 43.1% de la población de jóvenes estudia o estudió hasta la secundaria, 28.2% la preparatoria y únicamente para el 10.5% su grado máximo de estudio es el profesional. Igualmente, esta fuente de información destaca que 8 de cada 10 jóvenes considera que la educación se traduce en éxito y que a través de la educación podrán conseguir un buen trabajo (53.5%), un

buen desarrollo profesional (17.6%), ganar dinero (9.3%) y obtener conocimientos (8.0%).

Gráfica 11. Tasa de deserción escolar en primaria, secundaria y media superior por género, 2012.

(Porcentaje)

Fuente: Elaboración de Sedesol con información de la SEP.

En lo que corresponde a la educación física de la población, la información derivada de la Ensanut 2012 permite estimar que 58.6% de los niños y adolescentes entre 10 y 14 años no refieren haber realizado alguna actividad física organizada durante los 12 meses previos a la encuesta, 38.9% realizó una o dos actividades y 2.5% más de tres actividades. En lo que respecta a la actividad física, en México 22.7% de los adolescentes entre 15 y 18 años realizan menos de 30 minutos diarios de actividad física, 18.3% entre 30 y 60 minutos y 59.0% al menos 60 minutos.(10) Debido a los altos índices de sobrepeso y obesidad registrados en el país, no se puede soslayar la necesidad de dotar de sentido social al modelo de gestión de la cultura física y el deporte con el propósito de mejorar la salud de los educandos y prevenir enfermedades.

Una educación de calidad es la mayor garantía para el desarrollo integral de todos los mexicanos. La educación es la base de la convivencia pacífica y respetuosa, y de una sociedad más justa y próspera. El reto para la política educativa es lograr la gestión de políticas integrales que tienen como fundamento la calidad en el aprendizaje de los alumnos, la ampliación de la cobertura y evitar la deserción de los jóvenes del sistema educativo. La política educativa enfrenta los retos de desarrollar el potencial humano de los mexicanos, garantizar la inclusión y la equidad y promover el deporte para fomentar el desarrollo social de la población.

Salud

Con la finalidad de garantizar el pleno acceso a los servicios de salud a toda la población mexicana, el país cuenta con un amplio sistema público de salud que está integrado por dos grandes componentes. Por un lado, se encuentran las instituciones que proporcionan servicios de salud a la población con seguridad social, como son el IMSS, el ISSSTE y las instituciones estatales equivalentes, así como Pemex y el ISSFAM. El segundo componente es la atención en salud para la población sin seguridad social, atendida principalmente por el Sistema de Protección Social en Salud, los Servicios Estatales de Salud y los hospitales federales.

El establecimiento de este sistema permitió alcanzar avances notables en la dimensión de salud de la población, lo cual se refleja por ejemplo en la reducción de la tasa de mortalidad infantil, la cual a principios del Siglo XX era de uno por cada cuatro nacidos vivos,(11) y en 2011 se ubicó en 13.7 por cada mil nacidos vivos. En el mismo periodo, se produjo una reducción importante de la mortalidad en prácticamente todos los grupos de edad. Los avances en el estado de salud de la población se deben en buena medida al progreso en las condiciones socioeconómicas de la población, así como al mayor acceso a los servicios de salud. No obstante, en México aún persisten rezagos que se pueden observar en las brechas que existen entre los indicadores de salud del país y aquellos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como se muestra en el cuadro 5.

Cuadro 5. Indicadores del estado de salud de la población para México y la OCDE, 2011

Indicador	México	OCDE *
Esperanza de vida al nacimiento (años) ambos sexos	74.2	80.1
Mujeres	77.2	82.8
Hombres	71.2	77.3
Esperanza de vida a los 65 años ambos sexos	17.6	19.3
Mujeres	18.5	20.9
Hombres	16.7	17.6
Bajo peso al nacer a	8.6	6.8
Tasa de mortalidad neonatal b	8.6	2.8
Tasa de mortalidad infantil b	13.7	4.1
Razón de mortalidad materna c	43.0	7.3
Tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterinod	12.3	3.7
Tasa de mortalidad por accidentes de transporte e	14.4	7.7

Notas: a) por 100 nacidos vivos; b) por 1,000 nacidos vivos; c) por 100,000 nacidos vivos; d) por 100,000 mujeres; e) por 100,000 habitantes; * Estimado con datos de 2011 o del último año disponible para cada país.

Fuente: Secretaría de Salud (SS).(12)

En 2012 la carencia por acceso a los servicios de salud afectaba al 21.5% de la población (25.3 millones de personas) (cuadro 6), 24.0% en hombres (13.7 millones) y 19.2% en mujeres (11.6 millones). Adicionalmente, cabe destacar que en las entidades federativas con altos indicadores de marginación coexisten la desnutrición, enfermedades infecciosas, y las enfermedades crónicas no trasmisibles y las lesiones y se presentan mayores prevalencias en las tasas de mortalidad. Por ejemplo la tasa de mortalidad infantil se ubica en 21.3 muertos por 1,000 nacidos vivos en zonas de muy alta marginación, en comparación con la cifra de 14.6 que se obtiene en localidades con grado de marginación muy bajo.(13)

Cuadro 6. Evolución de la carencia por acceso a la salud, 2000-2012.

(Porcentaje)

Año	Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje)
2000	58.6
2005	51.4
2008 1/	38.4
2010 1/	29.2
2012 1/	21.5

Nota: los datos correspondientes a 2008, 2010 y 2012 provienen de la información en el MCS-Enigh. Para los años restantes la información proviene de los Censos y Conteo.

Fuente: Sedesol con información de Coneval.

Respecto al personal de salud, en México el número actual de médicos por 1,000 habitantes se ubica en 2.2 y el de enfermeras por 1,000 habitantes es de 2.7; mientras que el promedio de la OCDE es de 3.2 médicos por 1,000 habitantes y 8.7 enfermeras por 1,000 habitantes respectivamente. Uno de los desafíos presentes es la concentración geográfica y de horario de atención del personal de salud, lo que ha generado una tendencia a que los recursos humanos se concentren en las áreas urbanas, además la mayor parte de las plantillas de personal en instituciones médicas se concentra en turnos matutinos. Otro reto se encuentra en el perfil de la plantilla de profesionales médicos del sector salud, ya que frecuentemente éste no está alineado con las necesidades de salud de la población. Por ejemplo, hoy no existen plazas suficientes en ciertas especialidades como nutrición, salud mental o gerontología, las cuales, son indispensables de acuerdo al perfil de morbilidad que se observa en México.(14)

Entre las acciones que deben estar en la mira de todos los actores que tienen la responsabilidad de procurar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Salud se encuentra el establecimiento de mecanismos institucionales que permitan lograr la disminución de la mortalidad materna. La razón de

mortalidad materna disminuyó entre 1990 y 2011, de 89 a 43 defunciones de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos; no obstante este indicador aún se encuentra por encima de la meta comprometida para 2015 como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que es de 22 defunciones maternas por cada 100 mil nacidos vivos.

Por otro lado, es importante considerar los cambios demográficos y epidemiológicos, que indican mayores presiones sobre el Sistema Nacional de Salud, poniendo en riesgo la sustentabilidad financiera de las instituciones públicas. La mayor longevidad de la población, en conjunto con una disminución significativa de la tasa de fecundidad, que pasó de 6.1 hijos por mujer en 1939 a 2.2 en 2012, se refleja en un envejecimiento poblacional. Adicionalmente, el estilo de vida no saludable, el sedentarismo y la ingesta de dietas altas en calorías se traduce en una mayor prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles que se reflejan en un aumento de la mortalidad y merman el desempeño escolar y la productividad laboral.

Abatir las problemáticas planteadas y mantener los avances en materia de salud se requiere avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Salud Universal que tiene como un elemento fundamental el fortalecimiento de la función de rectoría de la Secretaría de Salud. En particular, los desafíos actuales requieren fundamentalmente consolidar la planeación, la formulación de políticas federales, la definición de prioridades, la vinculación, la regulación, la supervisión y la evaluación. En este marco, y como elemento fundamental debe sumarse la coordinación intersectorial, a fin de conjuntar esfuerzos de los tres órdenes de gobierno.

Seguridad Social

El objetivo de la seguridad social es brindar protección de calidad a la población durante su ciclo de vida frente a riesgos en diversos ámbitos como salud, condición laboral y falta o disminución de ingresos. Asimismo, la seguridad social representa un pilar central para incrementar el bienestar y para elevar el potencial del crecimiento del país. El panorama actual en México muestra que existe una oportunidad importante para lograr una consolidación del sistema de seguridad social del país. Ello requiere enfrentar importantes retos, los cuales se derivan del hecho de que la provisión de los distintos servicios se encuentra asignada de acuerdo a la condición laboral del ciudadano y su familia. Por lo que es necesario mejorar la integración de los servicios de seguridad social, con el objeto de incrementar la calidad, ampliar la cobertura con menor costo y crear incentivos para la expansión del empleo formal.(15)

De acuerdo con la información más reciente en el país, la carencia por acceso a la seguridad social fue la que presentó la mayor tasa de prevalencia de las seis carencias sociales incorporadas en la medición de pobreza. La gráfica 12 hace notar que el número de personas con esta carencia social ascendió en 2012 a 61.2% de la población (71.8 millones de personas). Adicionalmente, destaca que los estados con mayor porcentaje de población con esta carencia son Chiapas (83.3%), Guerrero (78.5%) y Puebla (77.1%), no obstante conviene hacer notar que 26 entidades federativas presentan porcentajes superiores a 50.0%.

Gráfica 12. Carencia por acceso a la seguridad social, 2008-2012

(Porcentaje y millones de personas)

Fuente: Sedesol con información de Coneval.

Un tema importante que se debe destacar es que la cobertura de los sistemas de seguridad social en el país son menores para los estratos de menores ingresos. La gráfica 13 muestra que en 2012 las personas en el primer decil presentaron una tasa de prevalencia de la carencia de acceso a la seguridad social de 91.5% frente a la tasa de 32.5% que se registró en el décimo decil. Asimismo, es fundamental mejorar el acceso a la seguridad social de algunos grupos de la población. Destacan los niveles de la tasa de prevalencia de la carencia en indígenas (81.0%), menores de 18 años (65.6%), hombres (63.2%), mujeres (59.3%), personas con discapacidad (45.3%) y adultos de 65 años o mayores (26.5%) (gráfica 14).

Gráfica 13. Carencia por acceso a la seguridad social por decil, 2012

(Porcentaje)

Fuente: Sedesol con información del MCS-Enigh 2012.

Gráfica 14. Carencia por acceso a la seguridad social por grupos de población, 2012

(Porcentaje)

Fuente: Sedesol con información del MCS-Enigh 2012.

La población económicamente activa enfrenta riesgos asociados a la seguridad social, entre los que destaca la disminución del ingreso familiar debido a que algún miembro del hogar en edad laboral tenga que permanecer en casa con los hijos pequeños (situación con mayor probabilidad de presentarse entre las mujeres).(16) Derivado de lo anterior, para continuar apoyando la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral, la oferta pública de servicios de cuidado infantil deberá incrementarse, en particular, para las madres con hijos en hogares con bajos ingresos.

Una de las omisiones más relevantes del sistema de seguridad social vigente es que éste no incorpora a un gran número de mujeres quienes son el principal sostén económico y moral de su hogar. Al respecto, y empleando la metodología de medición de pobreza para 2012, es posible identificar que en aproximadamente 4.1 millones de hogares, de los 8.0 millones de hogares con jefatura femenina en el país, las jefas de familia no contaban con acceso a los servicios de seguridad social, lo que ha generado que estos hogares presenten una limitada capacidad de afrontar y recuperarse rápidamente de las adversidades no previstas. Como una acción para incrementar la seguridad social de estos hogares, en el caso de que llegue a faltar por fallecimiento la madre, quien es la jefa de la familia y única proveedora económica del hogar, es preciso brindar protección social a cada uno de los hijos o hijas con la finalidad de incentivar el ingreso y/o permanencia escolar.

En cuanto a las pensiones de vejez, éstas son instrumentos que permiten moderar la pérdida o disminución del ingreso del individuo por vejez. La implementación de programas de pensiones no contributivas es una política pública que en México otorga protección social básica a adultos mayores sin acceso a instituciones formales de seguridad social. Por ejemplo en 2013, el Programa de Pensión de Adultos Mayores del gobierno federal atendió a 4.4 millones de personas de 65 años en adelante con la entrega de apoyos económicos directos. Asimismo, destaca la existencia de distintos esquemas de apoyo a adultos mayores en entidades federativas, mediante la entrega de apoyos en especie o a través de transferencias monetarias.

Para que los servicios y seguros provistos por el sistema de seguridad social sean sostenibles en el mediano y largo plazos, la inversión pública en seguridad social debe darse en un marco de disciplina fiscal. Dado que los esquemas de seguridad social repercuten positivamente sobre la productividad y el bienestar, se requiere impulsar el vínculo entre las políticas económica y social con el objeto de ampliar el trabajo formal que fomente el acceso a la seguridad social de un mayor número de mexicanos.

Vivienda

La desigualdad y la pobreza se manifiestan en una amplia extensión del territorio del país. A la desigualdad en el ingreso y en el ejercicio de los derechos sociales, se agrega la persistente desigualdad entre las regiones del país. Las entidades del centro y norte del país presentan mejores indicadores en

infraestructura, comunicaciones y transportes, desarrollo urbano, social y financiero; en tanto, en algunas entidades del centro y del sur-sureste se observan las mayores incidencias en pobreza. La desigualdad regional fragmenta el desarrollo del país, erosiona la cohesión social y abre el camino para el conflicto y la inseguridad.

En el abatimiento de las carencias en vivienda a escala nacional se ha avanzado de manera importante en las últimas décadas. Entre 1990 y 2010 la carencia por calidad y espacios de la vivienda se redujo de 41.5% a 15.2%, debido principalmente a la reducción de población en viviendas con piso de tierra o en viviendas con techos de material endeble. En el mismo sentido, se logró una disminución de 44.3% a 22.9% en la carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda, destacándose la reducción del porcentaje de población en viviendas sin drenaje y sin acceso al agua (ver gráficas 15 y 16). Adicionalmente, se observa que en 2012 la carencia por calidad y espacios de la vivienda afectó al 13.6% de la población nacional, lo que equivale a 15.9 millones de personas, mientras que la carencia por servicios básicos de la vivienda tuvo una incidencia de 21.2%, afectando a 24.9 millones de personas.

Gráfica 15. Indicadores de carencia por calidad y espacios en la vivienda, 1990-2012

(Porcentaje)

Fuente: Sedesol con información de los Censos para 1990 y 2010 y del MCS-Enigh para 2010 y 2012.

Gráfica 16. Indicadores de carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda, 1990-2012
(Porcentaje)

Fuente: Sedesol con información de los Censos para 1990 y 2010 y del MCS-Enigh para 2010 y 2012.

Disponer de infraestructura social básica en las localidades resulta un elemento primordial para el acceso a los servicios básicos en las viviendas. En este contexto, las aportaciones federales, además de su intención descentralizadora, cobran importancia dado el objetivo de lograr un desarrollo más equilibrado al tratarse de

recursos necesarios para atender demandas de la población como educación básica, salud y seguridad; o para realizar obras de infraestructura social que los niveles estatal y municipal pueden llevar a cabo con mayor eficiencia, con el fin de abatir indicadores de pobreza y rezago social.

Gráfica 17. Transferencias federales pagadas a estados y municipios, 1998-2012

(Acumulado anual en miles de millones de pesos)

Nota: Miles de millones de pesos reales, 2a. quincena de diciembre 2010=100

Fuente: Sedesol con información de SHCP e Inegi.

Los retos en materia de infraestructura y servicios básicos, plantean la necesidad de articular acciones que contribuyen al abatimiento de los rezagos alrededor de una estrategia con un enfoque territorial, que otorgue prioridad a la población en localidades rurales y en zonas de atención prioritaria, así como a los sectores urbanos con alta incidencia de pobreza extrema, y otras localidades que presenten condiciones de marginación o rezago social. Con ese enfoque, es preciso continuar el apoyo de las obras y acciones de infraestructura social y de servicios, así como de mejoramiento o rehabilitación de la vivienda, en materia de provisión de agua potable, alcantarillado, drenaje, redes o sistemas de energía eléctrica, eliminación de pisos de tierra, muros y techos reforzados, e instalación de fogones ecológicos. Los apoyos deben ser respuestas adecuadas a las condiciones de las localidades, con la provisión de accesos alternativos a dichos servicios cuando así sea necesario y aprovechando innovaciones tecnológicas además de promover la participación de las comunidades.

En las últimas décadas México ha acelerado su proceso de urbanización. En tan sólo 30 años, de 1980 a 2010, las localidades de más de 50 mil habitantes se han expandido 7.6 veces, mientras que la población sólo se ha incrementado 1.9 veces, por lo que la densidad poblacional disminuyó 75.0%. Así el modelo de crecimiento urbano reciente ha sido extensivo, al fomentar el desarrollo de viviendas que se encuentran lejos de servicios como escuelas, hospitales y de centros de abasto y trabajo, además de carecer de vías de comunicación y alternativas de transporte eficientes. Esto ha generado comunidades dispersas, un debilitamiento del tejido social y un uso poco eficiente de los recursos de la economía, a través de altos costos de transporte para los trabajadores y las empresas, problemas de movilidad, además de los costos medioambientales.

Por otra parte, la dispersión de las localidades rurales es un problema que dificulta el desarrollo económico y social de las comunidades. En 2010, Conapo estimó que 39.0% del total de localidades rurales eran localidades aisladas, donde residían poco más de 6.6 millones de personas. Esta situación, junto al escaso desarrollo institucional, baja división social del trabajo y alto predominio de las actividades productivas de autoconsumo, dificulta la integración a los mercados locales y nacionales, el traslado de insumos y productos, así como la prosperidad de la actividad económica local.

A lo anterior, se agrega que la atomización y dispersión de localidades rurales genera complejidades para la cohesión territorial, y promueve una dinámica de conservación y regeneración de pobreza. Por ello, el reto

es crear condiciones para acercar los beneficios de la urbanización, incentivar la concentración formal de población y fomentar un mayor acceso a servicios públicos y oportunidades para la superación, el bienestar y eliminar la marginación.(17)

En este marco, el desarrollo social, territorial y urbano, además de considerar mejores condiciones de habitabilidad y satisfacción de derechos asociados a la disposición de viviendas y, adecuados contextos de convivencia y movilidad, requiere también de un marco de sustentabilidad que conjugue el ordenamiento territorial y el ordenamiento ecológico. El incremento de la población con acceso a infraestructura social, servicios básicos y energéticos, aporta grandes beneficios en términos de calidad de vida e inclusión social. El suministro de agua potable, iluminación eficiente, calefacción, cocción de alimentos, refrigeración, transporte y telecomunicaciones y de energía, tiene efectos que derivan en una mejor educación, salud, seguridad, igualdad de género y sostenibilidad del entorno y medio ambiente.(18)

III. Alineación de los Objetivos del Programa Nacional de Desarrollo Social a las Metas Nacionales

De acuerdo con el diagnóstico presentado, la Política Nacional de Desarrollo Social debe orientar los esfuerzos gubernamentales a la reducción de las carencias sociales y la mejora del ingreso, para que la población pueda ejercer efectivamente cada uno de los derechos que están consagrados en la Constitución. Dado lo anterior, el Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018, se estructura en los siguientes seis objetivos, que a su vez se alinean a las metas nacionales como se muestra en el siguiente cuadro:

Alineación de los objetivos del Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018 al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Meta Nacional	Objetivo de la Meta Nacional	Estrategias del Objetivo de la Meta Nacional	Objetivo del Programa Nacional de Desarrollo Social
II. México Incluyente	Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.	Estrategia 2.1.1. Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa.	Objetivo 1. Garantizar el acceso a una alimentación adecuada a las personas en condición de pobreza.
III. México con Educación de Calidad	Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.	Estrategia 3.2.1. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población. Estrategia 3.2.2. Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad. Estrategia 3.2.3. Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles.	Objetivo 2. Mejorar el acceso y permanencia en los servicios educativos, así como impulsar la inclusión y equidad educativa.

II. México Incluyente	Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud.	2.3.1. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal. 2.3.2. Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. 2.3.3. Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad. 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.	Objetivo 3. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal que garantice la cobertura, el acceso efectivo y la calidad de los servicios de salud.
II. México Incluyente	Objetivo 2.4. Ampliar el acceso a la seguridad social.	Estrategia 2.4.1. Proteger a la sociedad ante eventualidades que afecten el ejercicio pleno de sus derechos sociales. Estrategia 2.4.2. Promover la cobertura universal de servicios de seguridad social en la población. Estrategia 2.4.3. Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos.	Objetivo 4. Incrementar el acceso de la población a la seguridad social, independientemente de la condición económica o social de las personas.
II. México Incluyente	Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.	Estrategia 2.5.2. Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva. Estrategia 2.5.3. Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda.	Objetivo 5. Mejorar la dotación de servicios básicos, la calidad y los espacios de la vivienda de las personas en situación de pobreza.

IV. México próspero

Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país.

Estrategia 4.8.1. Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada.

Estrategia 4.8.3. Orientar y hacer más eficiente el gasto público para fortalecer el mercado interno.

Estrategia 4.8.4. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Estrategia 4.8.5. Fomentar la economía social.

Objetivo 6. Mejorar los ingresos y fortalecer las aptitudes productivas de las personas en situación de pobreza, vinculando oportunidades del mercado local, nacional y global.

III.1 Contribución de los objetivos del Programa Nacional de Desarrollo Social a los Objetivos Sectoriales