NOTA Aclaratoria al Anexo Dos de la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos del Partido de la Revolución Democrática, publicada el 14 de mar NOTA Aclaratoria al Anexo Dos de la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos del Partido de la Revolución Democrática, publicada el 14 de marzo de 2014.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal Electoral.- Consejo General.
Nota Aclaratoria
Con relación al ANEXO DOS de la Resolución emitida por el Consejo General de este Instituto, el cuatro de marzo del presente año, relativa a la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Documentos Básicos del aludido partido político, respecto del PROGRAMA del Partido de la Revolución Democrática, el texto quedará como sigue:
PROGRAMA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
PROGRAMA DE ACCIÓN INMEDIATA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
INTRODUCCIÓN
México está en crisis. Al estancamiento económico de largo plazo, la creciente desigualdad social y concentración elitista de la riqueza, la precarización del trabajo, y la dependencia con respecto a la economía norteamericana, ahora se agrega una crisis por la inseguridad que impacta negativamente el tejido social y a la economía nacional. La crisis económica, social y de seguridad actual tiene como causa principal la implantación del programa neoliberal de esta manera, el Estado perdió capacidad de reactivar la economía y mantener una justa distribución de la riqueza.
El modelo neoliberal que se viene aplicando desde 1983 ha fracasado, tanto en su postulado de la superioridad del mercado sobre el Estado como en su promesa de impulsar el crecimiento y el bienestar social. A pesar de haber trasladado la mayor parte de los bienes públicos a la iniciativa privada, ésta es incapaz de reactivar la economía y hacerla crecer para garantizar empleo al millón 200 mil mexicanos que cada año entra a la vida productiva. La mayor libertad otorgada a las fuerzas del mercado ha conducido a la descapitalización del país, pues los grandes consorcios son los principales promotores de la fuga de capitales y del abandono productivo de la economía nacional.
El neoliberalismo ha polarizado a la sociedad mexicana, la ha vuelto más desigual, por un lado tenemos a la mayoría de la población marginada de la distribución de la riqueza y en condiciones de pobreza, y por el otro la concentración del 65% de la riqueza nacional en manos de los dueños del 0.2% de las empresas. El principal obstáculo al desarrollo socioeconómico es la excesiva concentración de la riqueza en manos de especuladores cuyos grandes monopolios privados, son los principales beneficiarios de la privatización de los bienes públicos, y de los privilegios fiscales.
El dominio que los monopolios privados poseen de la economía nacional, ha colocado al capital financiero y especulativo por encima de la inversión y de las empresas productivas. Estos financieros al priorizar el mercado externo han debilitado el mercado interno, lo que se expresa en: la pérdida del poder de compra de la gran mayoría de la población; la restricción y el encarecimiento de los créditos que hacen quebrar a las micro, pequeñas y medianas empresas, rurales y urbanas; la flexibilización laboral y la precarización del trabajador que busca sustentar la competitividad internacional con base en los bajos costos de la mano de obra; la desregulación y la pérdida estatal para activar el crecimiento económico.
Para retomar el rumbo del desarrollo nacional con justicia el PRD propone impulsar una nueva estrategia, propone construir entre todos los mexicanos un Modelo Democrático de Desarrollo Nacional, el cual busca que la producción de riqueza se acompañe de su justa distribución.
A raíz de las elecciones de julio de 2012, hay un nuevo escenario político en el país. Un gran avance de las fuerzas de izquierda, alternancia en el gobierno federal y con ello una importante recomposición de todo el espectro político nacional. El PRI y el nuevo gobierno pretenden ubicarse en el centro político buscando una posición más cómoda al tratar de situar al PRD en la extrema izquierda y a las otras fuerzas hacia la derecha y así posicionarse mejor en el ánimo ciudadano y para las elecciones intermedias del 2015. Nuestro partido en el XIV Congreso Nacional debe, como ya se aprestan también los principales partidos políticos, adecuar su organización, su Programa y su estructura para estar en mejores condiciones para la acción política.
La nueva situación del país nos demanda impulsar una agenda prioritaria de cambio, que es la suma de los temas impulsados por todas las expresiones políticas, los partidos y los candidatos y que están vigentes en la opinión pública nacional. Dicha agenda está compuesta por los temas que el nuevo gobierno y los partidos pretenden sean los ejes de la acción gubernamental, a los que el PRD no puede sustraerse.
Nuestras propuestas en los temas que seguramente seguirán presentes en la Agenda Política Nacional, representan la visión de la izquierda; formulaciones para situarnos como actores fundamentales en la construcción de consensos y nuestro partido reafirme su utilidad para encontrar soluciones a los grandes problemas de México; propuestas para unir y crear consensos entre las fuerzas democráticas, de izquierda y los sectores progresistas, para unirnos con la sociedad mexicana, para debatir y acordar con otros partidos y otras fuerzas políticas. Nuestro país requiere de cambios de fondo, de raíz, del calado de un nuevo pacto constituyente y eso solo se logrará innovando en el pensamiento de la izquierda, presentando una propuesta política y programática renovada.
En consecuencia los temas que se proponen buscan la construcción colectiva de un modelo democrático
de desarrollo nacional, como alternativa viable al modelo neoliberal. En nuestra alternativa se retoman como ejes profundizar la democracia en México en todas sus dimensiones: política, económica y social, a fin de lograr los cambios de fondo que aspiramos, es decir para retomar el rumbo hacia una sociedad de igualdad, de bienestar, de libertad, de paz, de justicia, de derechos, amigable con el medio ambiente, y soberana.
El Programa de Acción Inmediata que se presenta contiene 16 puntos prioritarios de la Agenda Política Nacional, los cuales se desprenden del reciente proceso electoral y de sus resultados. Este Programa de Acción Inmediata, es la base de las reformas al programa estratégico del PRD, es parte integral del mismo; es un programa de corto plazo atiende las necesidades del momento actual, pero con una visión de futuro y por ello está íntimamente vinculado con nuestro programa estratégico. Así, el Programa de nuestro partido estará integrado por dos partes el Programa de Acción Inmediata y el Programa Estratégico.
Los 16 puntos del Programa de acción inmediata son los siguientes:
1. La reforma del Estado para el fortalecimiento de la democracia, atención de la desigualdad y del crecimiento sustentable.
2. Fortalecimiento del combate a la corrupción. Rendición de cuentas y transparencia.
3. Seguridad pública para todos y todas, y verdadera seguridad del Estado mexicano.
4. Democratizar los medios de comunicación.
5. Desarrollo sustentable y cambio climático.
6. Construir un modelo de desarrollo sustentado en una economía generadora con empleos y distributivos del ingreso.
7. Una nueva política para el campo.
8. Combate a los monopolios y defensa de los intereses de los consumidores.
9. Reforma energética integral, una nueva política soberana.
10. Desarrollo social basado en el combate a la pobreza y la desigualdad. Universalización de la atención de la salud y de las pensiones.
11. La educación pilar del desarrollo nacional.
12. Etnias, pueblos originarios y afromexicanos
13. Jóvenes, actores estratégicos del cambio.
14. Derechos de las mujeres.
15. Diversidad sexual.
16. México en el contexto de la geopolítica mundial. Una política exterior soberana.
Cada apartado o tema está compuesto por un diagnóstico, la orientación general que deben seguir las políticas públicas que desarrollan nuestra visión y un conjunto de propuestas para implementar esta nueva alternativa. Contamos ahora con una nueva guía para nuestra acción política. Un poderoso instrumento para transformar a México. Un documento para lograr la democracia, la paz, la justicia, el desarrollo sustentable y el bienestar de los ciudadanos.
REFORMA DEL ESTADO PARA FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA, ATENCIÓN DE LA
DESIGUALDAD Y DEL CRECIMIENTO SUSTENTABLE
El Partido de la Revolución Democrática se propone construir una democracia plena, es decir sustentada en la participación y la consulta ciudadana, por ello insistiremos en fortalecerla con las figuras de la democracia participativa, como la revocación de mandato, el referéndum y el plebiscito. Es vital para un gobierno democrático someter al Poder Ejecutivo al control de los poderes Legislativo y Judicial; instaurar la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas como principios de gobierno; en aceptar las libertades políticas y el escrutinio ciudadano; levantar nuevas instituciones democráticas de gobierno y representación y construir nuevas políticas de Estado para promover la equidad, la igualdad, la justicia, la democracia y las libertades.
El camino de nuestra democracia es largo aun. Consideramos que los esfuerzos inmediatos deben estar enfocados a garantizar, que la pluralidad de nuestra sociedad se exprese en los órganos del Estado; garantizar la paz pública y la estabilidad social, reconstruir las instituciones de seguridad y justicia bajo los principios de presunción de inocencia, respeto a los derechos humanos y el profesionalismo de jueces y magistrados, garantizar realmente la igualdad de todos ante la ley; acercar el gobierno a la sociedad, promoviendo la participación ciudadana, el combate a la corrupción, la modernización gubernamental y reorientar su vocación para que esté al servicio de la ciudadanía.
Uno de los grandes peligros que acechan a nuestra democracia hoy con el arribo del PRI a la Presidencia, es la tentación autoritaria de suprimir el pluralismo, disminuyendo la representatividad de la sociedad y sus organizaciones en el Congreso de la Unión, o modificar la cláusula de gobernabilidad, aumentando la sobre representación de una fuerza política en los órganos legislativos, para crear mayorías artificiales.
Se requiere que la democracia se acredite, no solo como gobierno institucional, no solo como gobierno representativo sino responsable, no solo de eficientismo político sino de efectiva justicia social. Una correcta relación entre el Estado y la sociedad consiste en que las principales políticas de gobierno sean decididas en consulta y dialogo con la sociedad; deberá ser un gobierno responsable, que en el ejercicio del poder escucha y responde a las demandas de los ciudadanos, que rinde cuentas y que funciona de modo transparente en todos los asuntos públicos. Para terminar el estancamiento de nuestra economía y la inequidad social que trae aparejada, es indispensable la concreción de un nuevo acuerdo nacional entre el gobierno, las fuerzas políticas, los sectores sociales, los empresarios y los trabajadores. México requiere que el próximo gobierno y las fuerzas políticas construyan un acuerdo nacional para una reforma profunda e integral del Estado, paralela a la aplicación de un modelo económico alternativo.
Reforma al Régimen Político
El presidencialismo mexicano está agotado y desde hace tiempo tiene severos problemas de disfuncionalidad. La necesaria y saludable irrupción de la pluralidad en la vida pública, ya no de manera testimonial sino incidiendo en ella de manera relevante, requiere nuevos causes, nuevas alternativas para superar las deficiencias estructurales de un sistema que necesita con urgencia de una profunda reforma que le permita responder con eficacia a los problemas y retos del país y para consolidar la democracia.
El desafío es promover la conformación de mayorías estables, cuyos compromisos trasciendan la coyuntura y tengan visión de mediano y largo plazo. Dotar al Poder Legislativo de mayores atribuciones para incidir con relevancia en el diseño de políticas públicas, para extender su corresponsabilidad en la conducción del país. Dar el paso hacia el semipresidencialismo resulta apremiante, pues es la fórmula que requiere el país para garantizar la conformación de mayorías estables con visión de Estado, donde el Presidente sea corresponsable con el Poder Legislativo para conducir el interés nacional dentro del marco de pluralidad política con que se integran las cámaras del Congreso de la Unión. Buscamos que nuestro país tenga la capacidad de impulsar grandes y profundas reformas de gran calado.
El PRD impulsará una reforma constitucional y las leyes secundarias para que sea posible que el Ejecutivo esté en condiciones de conformar un Gobierno de Coalición que implique que una mayoría calificada del Congreso apruebe el plan de gobierno, ratifique al gabinete y nombre Jefe de gabinete. Por lo que proponemos una presidencia democrática con equilibrio de poderes; el Presidente o la Presidenta de la República será Jefe de Estado y de las Fuerzas Armadas y responsable de la política internacional. Se establecerá un gobierno de gabinete, ratificado por el Congreso a propuesta de la Presidenta o Presidente de la República, el cual estaría sujeto a una moción de censura del Congreso. Se trata de que se puedan conformar cogobiernos amalgamados desde la pluralidad del parlamento en torno a un proyecto de gobierno compartido, cuando el partido más votado, no cuente por sí solo con la mayoría legislativa
No obstante lo anterior el partido deberá impulsar el fortalecimiento del federalismo, a efecto de garantizar con base en un nuevo sistema fiscal que le otorgue a las entidades federativas los recursos suficientes para impulsar con eficacia el desarrollo regional; el bienestar social y la seguridad de todos los gobernados.
Del mismo modo se deberá vigorizar el sistema municipalista a efecto de convertir al municipio en un órgano de gobierno con efectiva participación de los ciudadanos. Éstos deberán influir en las políticas municipales mediante las formas del presupuesto participativo; la contraloría social sobre el manejo de los recursos públicos y la constitución de sistemas permanentes de rendición de cuentas.
Reforma Política del Distrito Federal
Los ciudadanos de la Ciudad de México tienen derecho a contar con una entidad federativa que reconozca plenos derechos a sus ciudadanos.
Impulsaremos una reforma constitucional que reconozca la soberanía del Distrito Federal por medio de la creación de una entidad federativa dotada de plenos derechos en el marco del pacto federal y la expedición de una constitución local, la cual será sometida a referéndum para su aprobación.
Se eliminará la facultad del Presidente de la República para nombrar al secretario de Seguridad Pública y al titular de la Procuraduría General de Justicia.
A similitud de lo establecido en el artículo 115 constitucional, se creará un órgano de gobierno en las delegaciones que será colegiado bajo una fórmula electoral mixta que combine principios de mayoría relativa y representación proporcional a través de listas cerradas propuestas por los distintos partidos políticos.
Se elevará a rango constitucional la cuestión metropolitana, para acordar acciones de gobierno concertadas entre distintas entidades de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y crear órganos de representación que decidan sobre la planeación de la gestión estatal y municipal.
Reforma Electoral
Junto al cambio de régimen es correcto impulsar otras propuestas de la reforma política. Fue un logro ciudadano que ya estén establecidos en la Constitución las candidaturas independientes, la consulta ciudadana y la iniciativa popular. Es preciso ahora legislar y garantizar el pleno ejercicio de estos nuevos derechos ciudadanos. En nuestro país hay un intenso debate en torno a propuestas que favorezcan la profesionalización de legisladores y ayuntamiento, la rendición de cuentas, entre otras, tales como la reelección por un periodo inmediato y/o la ampliación del periodo, acompañada de la revocación de mandato
La segunda vuelta electoral también es una necesidad. Ahora tenemos gobiernos de minoría y el tercio mayor concentra un poder desproporcionado respecto a su fuerza legislativa. Mientras el presidente se siga definiendo por el voto popular, y no por una mayoría legislativa, es correcto que éste cuente al menos con el respaldo del cincuenta por ciento más uno de los electores. Se ganará en legitimidad para emprender proyectos de gobierno, además de favorecer la construcción de alianzas, lograr mayores acuerdos en el Congreso y la posibilidad de concertar gobiernos compartidos.
La calidad democrática de nuestras elecciones ha decrecido desde la alternancia. Diversos factores han afectado la equidad que se había logrado. Por una parte, los medios masivos de comunicación posicionan a personajes comprometidos con sus intereses desde mucho antes de iniciar las precampañas. Por otro lado, el exceso de recursos, muchos de ellos de origen desconocido, utilizados no sólo para la propaganda sino también para la compra sistemática del voto. La reforma electoral debe garantizar que serán los ciudadanos, y no los medios de comunicación, quienes elijan a sus gobernantes. Habrá que actualizar los delitos electorales y establecer la fiscalización simultanea de los ingresos y gastos de campaña para que ésta sea considerada al momento de calificar la elección, siendo causal de nulidad el rebase o la utilización de dinero de origen no demostrable, Mientras México siga siendo una sociedad tan marcadamente desigual, mientras tantas personas tengan carencias materiales tan extremas, existirá la tentación de intercambiar bienes por votos; además de prohibir la compra y coacción del voto, estas deberán ser causales de nulidad.
La reforma de profunda trascendencia que se requiere, es terminar con una perversión que se esconde tras la causa legítima del federalismo; los consejos electorales locales son actualmente controlados por los gobernadores para beneficio de su partido, razón por la que no pueden garantizar certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, tal y como se establece en la ley. Por tal motivo, para garantizar condiciones de equidad para todas las entidades, es decir elecciones democráticas en todos los procesos locales, es necesario que el órgano federal organice también los comicios locales. Este cambio significaría que el IFE cambie por un Consejo Nacional Electoral.
FORTALECIMIENTO DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS Y
TRANSPARENCIA
Preocupa que la corrupción en nuestro país, haya enraizado en diversas esferas de la sociedad y haya alcanzado a los poderes del Estado y a diversas instituciones tanto públicas como privadas, por ello, es imperativa la construcción y difusión de una cultura de legalidad y de gobernabilidad democrática que incorpore la regulación del uso de los recursos públicos, el combate al uso de recursos de procedencia ilícita y al tráfico de influencias.
Debemos ampliar las funciones de la Cámara de Diputados en materia de control y evaluación del gasto público, a fin de aumentar la transparencia y reducir sustancialmente la discrecionalidad del Ejecutivo en el ejercicio del presupuesto. La revisión de la Cuenta Pública y otros instrumentos de fiscalización deben ser realizados con mayor oportunidad con el objetivo de que los resultados se conozcan antes de la siguiente aprobación presupuestal.
Impulsar reformas que fortalezcan a la Auditoría Superior de la Federación y a las entidades locales de fiscalización. Así como las reformas necesarias para la creación de un Sistema Nacional de Fiscalización.
No basta dotar al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) de autonomía constitucional; Se requiere garantizar efectivamente el acceso ciudadano a todo tipo de información pública, reduciendo y precisando el tipo de información que el gobierno se puede reservar, acceso ciudadano a las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios del poder ejecutivo, todos los legisladores, todos los jueces y ministros de la suprema corte de justicia de la nación, tipificación como delito grave la desaparición de archivos y de información digitalizada, y determinación de culpabilidad a quien permita o realice estos actos y derecho ciudadano a ser escuchado en audiencia por el gobernante.
Debemos reducir el costo del gobierno federal promoviendo una política de austeridad republicana y realizar reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales para tipificar el dispendio y el gasto ominoso de recursos públicos como delitos graves.
Deben eliminarse los gastos superfluos y onerosos que existen en los diferentes niveles y esferas del sector público. Este ahorro debe servir para incrementar los recursos destinados a otras actividades prioritarias. Deben recortarse las costosas estructuras administrativas existentes que se han disparado en todo el país. En lo particular, se propone que el Poder Legislativo prohíba la contratación de publicidad gubernamental en los medios electrónicos, incluida la de las entidades federativas.
Acotar el fuero de los legisladores no sólo a partir de las reformas constitucionales, sino en una reglamentación rigurosa que impida y castigue los delitos y actos ilícitos en los que incurran, en especial a servidores públicos y legisladores que condicionen obras públicas y la asignación de recursos presupuestales.
Impulsaremos reforma el artículo 2 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para incluir dentro de las entidades fiscalizadas a los sindicatos de dependencias, entidades, organismos públicos, Poderes de la Unión y entes autónomos.
Debemos insistir en una mayor transparencia de la deuda de todos los entes públicos federales, estatales y municipales y en sanciones oportunas y ejemplares para los servidores públicos responsables por el manejo ilícito de la deuda pública.
Impulsar valores éticos que sustenten la lucha contra la corrupción.
La transparencia inhibe conductas corruptas. La publicidad y libre acceso a las decisiones de la autoridad y su proceso de adopción contribuye a ese fin. El sujeto beneficiario del control de la corrupción es el ciudadano, que debe involucrarse activamente.
GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA PARA TODAS Y TODOS LOS MEXICANOS. UNA VERDADERA
SEGURIDAD NACIONAL DEL ESTADO MEXICANO
La más esencial de las obligaciones de todo Estado es la garantía de seguridad para sus ciudadanos, seguridad en sus vidas, en sus propiedades, para ejercer cualquier actividad licita, para el sustento personal y de sus familias; es decir, garantías para ejercer las libertades que caracterizan a una sociedad democrática.
En los últimos 4 sexenios se configuró un nuevo fenómeno en el país; la creciente influencia de grupos criminales, que envalentonados y envueltos en la impunidad han desatado una violencia sangrienta y sin ninguna cortapisa en contra de la sociedad y el gobierno, afectando gravemente la seguridad y tranquilidad de los mexicanos, perturbando actividades económicas significativas en un número importante de ciudades y regiones del país, y lesionando nuestra imagen internacional.
El fenómeno es resultado de múltiples factores, nuestro país se transformó en una ruta alterna de acceso de narcóticos a nuestro vecino país del norte al cierre de la ruta del Caribe, creándose un mercado altamente lucrativo, amén de la incorporación de los grupos criminales a la globalidad, las tecnologías de la información y la comunicación. El crimen organizado constituye poderosas organizaciones empresariales delictivas y penetra los aparatos de seguridad del Estado y acrecienta la debilidad estructural del Estado de derecho, de nuestras instituciones de procuración, administración e impartición de justicia.
No es menor la penetración paulatina de estos grupos criminales en el tejido social, no solo a través del aumento de consumidores de drogas sino a la cooptación de cientos de miles de jóvenes en diversas actividades delictivas y sobre todo seduciendo culturalmente a miles de familias que justifican esta actividad criminal, altamente nociva para la sociedad.
La estrategia de seguridad por el Estado mexicano, lejos de ser una estrategia integral de prevención del delito -como se proclama oficialmente-, es en realidad una estrategia punitiva, que ha puesto el acento en el combate al crimen organizado, denominándola coloquialmente "guerra"; pero mostrando además algunas importantes debilidades, particularmente en las áreas de inteligencia, el combate a los circuitos financieros del crimen organizado, la desatención a la problemática social y el alto costo que representa la violencia, particularmente las miles de víctimas, así como las violaciones crecientes a los derechos humanos cometidas por elementos de los cuerpos de seguridad de los tres ámbitos de gobierno y de los elementos de las fuerzas armadas.
Sobre el diagnostico también se desliza una visión muy optimista y con ponderaciones muy vagas sobre las causas y condiciones que nos condujeron a la situación actual.
Desde 2007 se inició un gran despliegue militar en muchas zonas rurales y urbanas del país en una lucha aparentemente a fondo contra el narcotráfico. Sin embrago, en los estados de Guerrero, Sinaloa, Durango, Chihuahua o Tamaulipas los contingentes del ejercito, estuvieron operando como fuerzas de reacción, sin un plan de inteligencia. En regiones de Guerrero o Oaxaca se efectuó un desplazamiento encubierto del ejército para hostigar a bases sociales inconformes o a posibles bases guerrilleras. En esta lucha contra el narcotráfico en zonas rurales de Guerrero o de Chihuahua, el ejército demostró un comportamiento igual al de la guerra sucia de los años setenta en prejuicio de la población civil; es decir, el terror, la tortura, las desapariciones forzadas de personas se ha convertido en rasgos característicos de una búsqueda de información que los servicios de inteligencia no pueden obtener por otras vías.
Estos rasgos hablan de fallas en los servicios de seguridad nacional. El estado de excepción, la masacre, el terror, la guerra sucia son un signo de esa debilidad institucional y de la colonización del crimen organizado de áreas sustantivas del gobierno.
Valga citar como ejemplos grotescos de lo anterior, la operación "rápido y furioso" de origen estadounidense que consistió el tráfico oficial de armas hacia nuestro país, para buscar a los delincuentes que las usarían y el enfrentamiento entre fuerzas armadas mexicanas contra elementos de la CIA en Tres Marías. Sin abundar, en este apartado, la gravedad de la intromisión flagrante de las fuerzas armadas y de inteligencia de Estados Unidos a nuestro país.
Valga citar como ejemplos grotescos de lo anterior, la operación "rápido y furioso" de origen estadounidense que consistió en el tráfico oficial de armas hacia nuestro país, para buscar a los delincuentes que las usarían y el enfrentamiento entre fuerzas armadas mexicanas contra elementos de la CIA en Tres Marías. Ello, sin abundar, en este apartado, sobre la gravedad de la intromisión flagrante de las fuerzas armadas y de inteligencia de Estados Unidos a nuestro país.
La crisis de seguridad es un asunto de Estado, de toda la sociedad. El combate al crimen organizado compete a las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Nuestras instituciones, las de seguridad, las de procuración, administración e impartición de justicia están obligadas a transformarse para estar a la altura de las exigencias sociales y responder con éxito al reto de los grupos criminales. Si bien es cierto que la responsabilidad principal de la seguridad de las personas y sus bienes recae en el Estado mexicano y en particular de las instituciones públicas de seguridad, el PRD estimulará la organización ciudadana y vecinal orientada a la prevención, que coadyuve en esta función pública promoviendo la solidaridad y el apoyo mutuo y fortaleciendo la inclusión e integración social.
Hemos insistido en que deben adecuarse las estrategias de lucha contra el crimen organizado: fortalecer las labores de inteligencia, atender el aspecto social de los jóvenes y comunidades involucradas, privilegiar las acciones que golpean al crimen organizado pero que generan un menor impacto de violencia sobre la sociedad, atacar sus circuitos financieros y el lavado de dinero; fomentando también una cultura de prevención del delito.
La política de drogas basada en el prohibicionismo ha evidenciado su fracaso porque no ha logrado su objetivo de reducir el consumo y porque, contrariamente a ello, éste se ha incrementado notablemente y ha provocado miles de muertes y violencia en todo el país.
Adicionalmente, esa política ha generado consecuencias perniciosas para el propio Estado mexicano porque lo ha debilitado y corrompido y en algunos casos el crimen lo ha remplazado en sus funciones de gobierno controlando municipios y zonas enteras del país. Nuestro partido debe promover un nuevo paradigma en la política de drogas alternativo a la política prohibicionista que tanto daño ha generado a nuestra sociedad.
La preservación de las libertades y el respeto irrestricto a los derechos humanos en la sociedad, así como enfrentar a los grupos delictivos bajo las normas que establecen nuestro entramado legal es condición para que en esta lucha no extraviemos a nuestra democracia. Debemos insistir en que las acciones del Estado en todos los ámbitos, no deben criminalizar a los jóvenes.
Está en marcha la implementación de la reforma al sistema de justicia penal y de seguridad, a partir de la reforma constitucional promulgada en agosto de 2008 que plantea: Ampliar los derechos de la víctima u ofendido, implementar juicios orales, implementar mecanismos alternativos de resolución de controversias, crear jueces de control, despresurizar el sistema judicial abreviando procesos penales, proteger los derechos humanos de los inculpados, el arraigo, facultar al Congreso de la Unión para legislar sobre delincuencia organizada, eliminar el secreto bancario cuando se presuma en una investigación que existe delincuencia organizada e implantar a nivel nacional la extinción de dominio en contra de los bienes de la delincuencia organizada, fortalecer la investigación del delito, restringir la prisión preventiva y los beneficios pre liberacionales y fortalecer el sistema nacional de seguridad pública. La implementación, que implicaba hacer reformas legales y edificar gradualmente las nuevas instituciones de procuración e impartición de justicia en un plazo previsto de ocho años, es decir en el 2016, la Federación, todas las entidades y el Distrito Federal deberán contar con nuevas leyes, nuevas procuradurías, nuevos juzgados y nuevos cuerpos policiales.
Este esfuerzo de renovación institucional no es nuevo, en el sexenio pasado fue decepcionante el proceso de reconversión de la policía federal y los intentos por reestructurar a la Secretaría de Seguridad Pública y ahora tenemos la amenaza de politizar la seguridad y sectorizarla, en una visión autoritaria, en la Secretaría de Gobernación.
DEMOCRATIZAR A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En una sociedad democrática, el papel que desarrollan los medios de comunicación es fundamental, son ellos las principales fuente de información de la ciudadanía. Los ciudadanos son sujetos participativos que a través de la información plural, veraz y objetiva se forman juicios propios para una mayor y mejor oportunidad de participar de manera sustantiva en los asuntos públicos del país.
En México, sobre todo en el pasado, los medios de comunicación, particularmente la radio y la televisión no han contribuido al desarrollo de la democracia mexicana. Una de las principales causas de este hecho es la concentración, centralización y falta de pluralidad en los medios de comunicación masiva, lo cual no sólo es discutible en términos de educación y la cultura, sino desde el punto de vista político, pues algunos comunicadores han formado parte de los poderes fácticos, que pugnan por imponer una agenda, la mayoría de las veces contraria a los intereses de la nación.
Ya antaño se ha vislumbrado la necesidad de modernizar el marco legislativo en este tema, y de hacer efectivo el artículo 28 Constitucional en donde se prohíben las prácticas monopólicas. Sin embargo, los intentos legislativos de cambio en el modelo mediático han sucumbido por la mezquindad política, evitando así una reforma que pondría freno a los poderes fácticos.
Las leyes reglamentarias deberán garantizar políticas públicas y legislativas en materia de democratización de los medios de comunicación, apertura de mayores concesiones, abrir y dar espacios a la pluralidad de la oferta mediática, ampliación de las libertades y derechos en materia de información y expresión, el acceso a la tecnología de información y cambiar las condiciones de desarrollo y operación de los medios de comunicación en nuestro país
El Estado deberá asegurar la libertad de los usuarios de las telecomunicaciones y su protección frente al espionaje nacional y extranjero.
Proponemos que se realice una auditoría del espacio radioeléctrico para impulsar su distribución equitativa en bien de la nación, pretendiendo que el sector social disponga de una tercera parte, otra tercera parte para el gobierno y la restante para la iniciativa privada, la cual detenta la casi la totalidad del espectro, cuestión que es a todas luces antidemocrática e inapropiada.
Ofrecer a los lectores, radioescuchas, televidentes o a la audiencia en general, una figura de defensoría
que permita romper la relación jerárquica entre medios y espectadores y que permita crear un espacio de mayor interlocución entre quienes hacen la comunicación y quienes la consumen, sancionar a los medios que no cumplan con los códigos de ética y los derechos de las audiencias. Pese algunos esfuerzos de algunos medios por establecer sus códigos de ética, esto no es una práctica generalizada en México. Se debe exigir a todos los medios que establezcan y pongan al alcance del conocimiento ciudadano el código de ética bajo el cual se rigen; también se deberá evitar la discrecionalidad en la cobertura informática de la Presidencia de la República.
Uno de los signos de la época es la revolución en las tecnologías de la información, la comunicación, el aprendizaje y el conocimiento.
Nuestro reto es lograr que estas tecnologías se pongan al servicio de toda la sociedad mexicana y no sea una fuente más de desigualdad. El desafío es también que nuestro país luche por estar en la vanguardia en la apropiación y desarrollo de estas nuevas tecnologías.
México se ha rezagado en la instrumentación del apagón analógico, de la televisión y el radio, impidiendo así terminar con viejos privilegios para concesionarios en detrimento de los intereses de la sociedad y de los consumidores.
Para llevar las tecnologías de información a todos los mexicanos, debemos promover mejorar la calidad de las redes de internet, ampliar la oferta de banda ancha, promover centros comunitarios digitales, en fin, hacer que internet sea un medio plural con cobertura y alcance para todos los mexicanos.
Propondremos ampliar los medios de radiodifusión, radio y TV de servicio público a través de canales abiertos, sin fines de lucro y con vocación social, educativa, cultural, de información y entretenimiento que contribuyan al fortalecimiento de una cultura política democrática, y coadyuven a solucionar los problemas que enfrenta el país; también para fortalecer los vínculos de la sociedad, garantizando la calidad y pluralidad de sus contenidos. Señales abiertas para canales del Congreso y Judicial a nivel nacional, para universidades públicas, para entidades públicas a nivel estatal.
Los órganos reguladores COFETEL y la COFECO dotados ahora de autonomía constitucional deben ser fortalecidos en sus facultades para que sean auténticos órganos reguladores, con capacidad de aplicar sanciones económicas y jurídicas ante conductas que afecten la concurrencia y la competencia, y no sean controvertidas en los tribunales. El partido y sus legisladores deberán acompañar a la sociedad en la lucha por la vigencia de estos nuevos principios.
Se debe transparentar el régimen de concesiones mediante concursos abiertos, transparentes y democráticos. Garantizando que en las licitaciones de las nuevas cadenas de televisión se mantengan ajenas, en términos económicos y políticos, los grupos que monopolizan las concesiones en el país.
Promoveremos la producción nacional independiente, como un mecanismo para impulsar la pluralidad en los medios y hacer más eficientes los fondos de apoyo a este tipo de producciones.
Se deberá actuar contra la publicidad que atente contra la dignidad de la persona, vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución. Velar por el derecho de la audiencia contra la publicidad engañosa y los "productos milagro".
El impulso del acceso de las tecnologías de la información y la comunicación a la población debe tener como fin abatir la brecha digital. Entendiendo que no sólo implica el acceso a la tecnología, sino que se debe implementar una política de Estado que lo equipare con un programa de alfabetización digital que permita a los sectores más marginados de la población mejorar y transformar su entorno y, con ello, también su calidad de vida. Por ello debemos: garantizar constitucionalmente el acceso digital como un derecho fundamental, promover las inversiones que permitan ampliar la cobertura de la banda ancha, promover mejores prácticas de gobierno haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC ´S); establecer políticas formales de neutralidad tecnológica, favorecer que la banca de desarrollo promueva actividades de innovación tecnológica, garantizar la privacidad, seguridad y confianza en los datos personales, homologar la legislación mexicana con las mejores prácticas sobre las TIC ´S, desgravar el uso del Internet. En síntesis crear un mejor futuro digital en México. Un futuro digital que no perpetué las desigualdades.
DESARROLLO SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Nuestro partido sostiene que el desarrollo debe tener un enfoque sustentable; desarrollo sustentable en términos de proteger el medio ambiente; sustentable en términos de garantizar progreso equitativo; sustentable en términos de un crecimiento de nuestra economía que posibilite la creación de millones de nuevos empleos, en fin, desarrollo sustentable para garantizar bienestar para la gran mayoría de las y los mexicanos.
Proponemos detonar un proceso sustentable de crecimiento con equidad en la distribución de las oportunidades para todos requiere actuar con responsabilidad y sentido práctico; visualizar de manera integral los procesos sociales, políticos y económicos, los procesos productivos asociados. Atender simultáneamente, porque están interconectados, el empleo, el poder adquisitivo del salario, la inversión, el ahorro, el financiamiento, la simplificación administrativa, la infraestructura; sin descuidar la estabilidad macroeconómica, atendiendo las desigualdades regionales y estableciendo la prioridad de adoptar como política pública el proceso de hacer realidad en un futuro próximo la universalidad de los derechos sociales.
El PRD promoverá instrumentos normativos y programas de ordenamiento locales y programas de desarrollo urbano que regulen los usos de suelo exigiendo su aplicación obligatoria.
Adoptar el crecimiento con igualdad, el desarrollo sustentable, como una de las prioridades nacionales significa atender las necesidades más apremiantes de millones de mexicanos y mexicanas de esta generación y del futuro.
Para atender las consecuencias del cambio climático y los gases de efecto invernadero debemos impulsar las siguientes políticas: avanzar hacia una sociedad baja en carbono; adoptar modos de producción y consumo de energía más racionales y menos contaminantes; disminuir el peso de los combustibles fósiles en la oferta interna de energía; elevar la tasa de autosuficiencia energética; atemperar el consumo de energía en las industrias petrolera y eléctrica; acelerar la transición energética hacia el gas natural y las fuentes renovables; disminuir la importancia de los petrolíferos en el sector transporte diversificar las fuentes de suministro acelerando el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, especialmente geotérmica, eólica y solar; propiciar la penetración de las fuentes renovables en el consumo final; ; ampliar los programas de ahorro y uso eficiente de la energía; prohibir la quema y venteo de gas; mejorar de la calidad de combustibles.
CONSTRUIR UN MODELO DE DESARROLLO SUSTENTADO EN UNA ECONOMÍA GENERADORA CON
EMPLEOS Y DISTRIBUTIVOS DEL INGRESO.
Impulsar el crecimiento
México requiere un nuevo curso de desarrollo que tenga como eje central el crecimiento económico y la generación de empleos dignos. Sólo de esta manera se podrá construir un país donde impere la justicia social. Un nuevo curso de desarrollo con altas tasas de crecimiento acompañado de nuevas políticas públicas para lograr una reducción de la desigualdad, disminuir significativamente la pobreza, erradicar el hambre y la desnutrición y dotar a cada mexicano de protección social que le permita gozar cabalmente de los derechos básicos: a la salud, a la alimentación, a la educación y la cultura, a la vivienda y a una pensión digna.
En los últimos 30 años, nuestra economía se ha caracterizado por un bajo crecimiento que se ha traducido en una débil creación de empleo formal y propiciado un desbordamiento de la ocupación informal y la emigración laboral masiva hacia los Estados Unidos.
La alternativa no reside en facilitar la trasferencia del capital social a la iniciativa privada mediante formulas como las inversiones conjuntas, de gobierno y empresarios, como se ha venido realizando en los diferentes sectores de la economía, el de la salud, la educación, la infraestructura, etc. La intención de reducir el Estado es una formula fracasada del modelo neoliberal que se ha venido revirtiendo en los países centrales, pero que ha transferido grandes recursos a los sectores privados, como fue el caso de Teléfonos de México, y de la privatización del ejido, así como la bursatilización de las pensiones de los jubilados.
El partido promoverá el desarrollo de la economía social y solidaria (ESS) como un concepto que haga referencia a las empresas y organizaciones, en particular las cooperativas, sociedades mutuales, asociaciones, fundaciones y empresas sociales, que específicamente produzcan bienes, servicios y conocimiento, y que a la vez persigan objetivos económicos y sociales y promuevan la solidaridad. La economía social y solidaria, deberá apoyarse en un régimen fiscal que no incentive la informalidad y estimule las actividades productivas con créditos ágiles y con bajas tasas de interés.
La economía social y solidaria asume que toda propuesta económica debe tener en cuenta consideraciones éticas, sociales y medioambientales y que debe, por tanto, decidirse políticamente, es decir de acuerdo con los valores y reglas de la comunidad.
México debe cambiar de rumbo. Tomar un nuevo curso de desarrollo para crear un millón de empleos formales al año, para ello se requiere crecer a una tasa real superior al 6% anual. Un nuevo curso de desarrollo donde el Estado nacional haga uso de sus facultades constitucionales para estimular un crecimiento sustentable que permita combatir la desigualdad y la pobreza y superarlas de manera progresiva pero aceleradamente.
Revertir la precarización del empleo
La edificación de un México más justo debe poner en el centro el tema del trabajo: la creación de empleos de calidad con mejores remuneraciones. Se debe recuperar el mandato constitucional que rige el salario mínimo, a fin de proteger los ingresos de las y los trabajadores. Para ello deben incrementarse tanto el salario mínimo como los salarios medios, al menos al ritmo del crecimiento de la productividad y en niveles superiores a la inflación, para que el salario efectivamente recupere el poder adquisitivo perdido en los últimos 30 años.
Antes y ahora, ante la falta de empleos dignos, la ocupación informal y la emigración laboral, han funcionado como válvulas de escape ante un mercado falto de dinamismo.
México debe ser capaz de ofrecer empleos dignos lo cual implica revertir el proceso de precarización laboral, así como garantizar que el trabajo permita a las personas el acceso al bienestar social.
La creación de empleos dignos requiere de una política activa del Estado, por un lado, de acciones que refuercen la protección al trabajo, por otro, del desarrollo de mecanismos más ágiles para la capacitación y la vinculación laboral. Finalmente se requerirá poner en marcha un seguro de desempleo.
El PRD se compromete a defender las conquistas laborales existentes tanto en la legislación nacional como en los Tratados Internacionales de la materia, pero también a impulsar una reforma progresista de las leyes y las instituciones laborales, que incluya: una reforma constitucional que acabe con la separación entre trabajadores del apartado A y B, para que todos tengan los mismos derechos y obligaciones; la semana laboral de 40 horas; un nuevo sistema de justicia laboral que sea autónomo, parte del poder judicial y que pueda garantizar mínimamente, imparcialidad y prontitud; un nuevo mecanismo para establecer los salarios mínimos; la creación de un seguro de desempleo amplio, que abarque tanto a los trabajadores formales como a los informales; combatir cualquier forma de discriminación laboral y un andamiaje jurídico que ponga fin al control gubernamental sobre los sindicatos mediante, entre otras cosas, la creación de un registro autónomo del poder público, de sindicatos y contratos colectivos.
El PRD se compromete a luchar por la democracia sindical, sancionar la corrupción de los dirigentes sindicales, exigir la rendición de cuentas y la transparencia sindical. Hoy priva en el mundo laboral, la simulación y la corrupción. Uno de los fenómenos más graves que refleja lo anterior son los contratos de protección patronal y la existencia de sindicatos fantasmas. Un saneamiento de la vida sindical requiere desde luego que sean los propios trabajadores los que tomen el control de sus organizaciones gremiales. Por ello, parte fundamental de nuestro programa consiste en apoyar las medidas legislativas, de acción de gobierno y de solidaridad con las aspiraciones de los trabajadores para sanear sus sindicatos, democratizarlos y hacerlos un instrumento efectivo de acción para lograr mejores condiciones de trabajo.
El PRD se propone revertir las reformas laborales aprobadas en el 2012 contrarias a los intereses de los trabajadores y retomar las reformas en materia de transparencia y democracia sindical.
Reforma hacendaria
México no podrá alcanza un crecimiento más alto con empleos dignos y una mejor redistribución del ingreso si no se lleva a cabo una amplia y profunda reforma hacendaria cuyo principio sea la progresividad: "que pague más el que más gane. Esta reforma implica diversas medidas pero debe abarcar los tres órdenes de gobierno.
La reforma hacendaria es indispensable para asegurar el cumplimiento universal de los derechos sociales básicos así como para ampliar la inversión en infraestructura e incrementar la capacidad productiva de la economía mexicana. Aumentar la inversión pública y mejorar la eficiencia del gasto del gobierno son elementos indispensables para impulsar el crecimiento económico y el empleo y, con ello, alcanzar mejores niveles de equidad social.
El incremento en el gasto debe canalizarse al combate efectivo de la pobreza; a garantizar el acceso real a la salud de calidad para todos los mexicanos; a la educación, con el fin explícito de mejorar la calidad, la infraestructura y los servicios escolares; al desarrollo científico y tecnológico; a la construcción y rehabilitación de infraestructura básica en agua, energía, transportes y comunicaciones, y al desarrollo rural.
México ha tenido una tasa de inversión y gasto públicos, en relación con el PIB, a niveles inferiores a los observados en los países industrializados e incluso en las naciones emergentes con mejor desempeño económico. El volumen de gasto del Estado mexicano debe elevarse en al menos diez puntos porcentuales en los próximos cinco años. Como parte de este gasto, la inversión pública requiere duplicarse y alcanzar el 10% del PIB.
La reforma hacendaria también es necesaria para que el gasto público no dependa tanto, como ahora lo hace, de los ingresos petroleros. Éstos deben canalizarse, prioritariamente al desarrollo de esta industria.
Asimismo, es necesario reformar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para hacerla compatible con los objetivos de crecimiento y empleo de acuerdo a la evolución del ciclo económico.
A pesar de lo mucho que se puede hacer del lado del gasto, es ineludible elevar los niveles de recaudación. Por ello, se requiere una reforma tributaria que permita elevar la recaudación en 10 puntos porcentuales del PIB en los próximos cinco años.
Tanto los gobiernos del PRI, como del PAN, han mantenido políticas que favorecen a los grandes empresarios vinculados a las telecomunicaciones, la banca, bolsa y comercio exterior con miras a mantener su alianza con Ellos. Según las propias fuentes de Hacienda, Los Regímenes Especiales, en palabras comunes de exenciones de impuestos, en 2009 le costaron al país cerca de 450 mil millones y en 2010 significaron aproximadamente 512 mil millones. Es decir, solo cobrándole los impuestos que no pagan las grandes corporaciones, sería suficiente para solventar el faltante y tener excedentes. No es admisible que todos los mexicanos continúen subsidiando a dichas corporaciones en plena crisis, para que continúen ganando mientras se continuaba incrementando la desigualdad y la pobreza en el país.
Las medidas que se proponen para ello son, básicamente:
Aspectos institucionales
La reforma fiscal tiene como estrategia construir un sistema fiscal progresivo. Este debe basarse en el ISR, no en el aumento del IVA. Asimismo deben conservarse las exenciones actuales a alimentos y medicinas. El aumento de los impuestos no dará los resultados esperados si no se acompaña de una simplificación administrativa y de mayor eficiencia de la recaudación, reduciendo drásticamente los niveles de elusión y evasión que se estiman en el equivalente de una cuarta parte de la recaudación.
Impuesto Sobre la Renta Personas Físicas (ISRPF)
â Elevar la tasa marginal máxima y establecer nuevos rangos para gravar más a los ingresos altos, es decir una tarifa progresiva sin lesionar a los trabajadores de menores ingresos que deberán pagar menos impuestos. Asimismo se revisarán los tramos o escalonamientos de la tabla general para favorecer también a las personas que reciben medianos ingresos.
â Se aplicará una sobretasa extraordinaria aplicable al 1% de los perceptores de más alto ingreso gravable que ocupan los dos deciles de mayores ingresos.
â Un impuesto sobre ganancias de capital, incluyendo las obtenidas en la Bolsa de Valores, equivalente al 20%.
â La base gravable de los causantes individuales debe incluir todos los conceptos de ingresos que serán acumulables para efectos del ISRPF.
â Respecto al impuesto a herencias y legados, se debería normar que la masa hereditaria gravable será a partir de treinta mil salarios mínimos.
â Eliminar estímulos, tratamientos especiales y subsidios, así como revisar los conceptos deducibles.
Impuesto Sobre la Renta Personas Morales (ISR)
â Establecer una tasa única sobre las utilidades comparables al promedio de los países de la OCDE. Las micro y pequeñas empresas tendrán un régimen especial con el objeto de apoyar su desarrollo.
â Eliminar el régimen de consolidación fiscal; los tratamientos preferenciales, y revisar los regímenes especiales con un sentido de progresividad. Todas las empresas deberán cumplir con el pago del ISR el cual se elevará a un máximo del 35% pero como último rango impositivo de una escala progresiva.
â Revisar a fondo el régimen de pequeños contribuyentes, el de causantes menores y personas físicas con actividad empresarial a efecto de garantizar su capitalización y crecimiento económico.
Impuesto sobre transacciones financieras
Una medida adicional consiste en establecer una tasa sobre las transacciones financieras internas con un gravamen equivalente a menos de medio punto porcentual y que es equiparable a otras experiencias internacionales.
Reforma al federalismo fiscal
Debe reformarse la actual Ley de Coordinación Fiscal a fin de avanzar hacia una verdadera coordinación hacendaria entre los tres órdenes de gobierno. El PRD se compromete a crear nuevos ordenamientos legales para fortalecer las haciendas públicas de las entidades federativas y de los municipios, para mejorar su recaudación, la transparencia y eficiencia administrativa, y para acotar el sobre endeudamiento bajo el principio de responsabilidad fiscal.
Este nuevo federalismo fiscal permitirá equilibrar el desarrollo regional y cerrar las brechas que existen entre, y dentro de las regiones.
Reforma financiera
Para construir un nuevo curso de desarrollo y acelerar el crecimiento sobre nuevas bases, las reformas que se necesitan en esta materia son tan urgentes e importantes como en el caso de las hacendarias. Por ello se propone:
Reformar la legislación del Banco de México
Para agregar a sus funciones el fomento al crecimiento económico y la generación de empleo. Ello ocurre en muchos otros países, incluidos Estados Unidos y Canadá.
Fortalecer la banca de desarrollo
Para incentivar la inversión productiva en las regiones de alta marginación, el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, la productividad local, regional y en general la economía productiva.
Mexicanización gradual del sistema bancario
Las voraces utilidades de la banca están sostenidas en prácticas usureras y de agio por los altos intereses y las exageradas comisiones que cobran a los usuarios. México se ha convertido en uno de los países con menor financiamiento a la inversión productiva y al crecimiento económico. Por tales razones el PRD impulsará:
Primero Una reforma financiera que permita al Estado la regulación del sistema bancario para la canalización de créditos oportunos y baratos a los productores y eliminar las comisiones onerosas.
Segundo. La recuperación total del sistema financiero y bancario que opera en el país.
Tercero. Promover la creación de nuevos bancos regionales mexicanizados y de propiedad social en manos de productores industriales, rurales y de servicios.
Cuarto. Introducir la obligación a los bancos extranjeros de cotizar en la Bolsa mexicana, así como examinar con cuidado las operaciones que las subsidiarias de bancos extranjeros realizan con sus matrices.
Política industrial y desarrollo tecnológico
El sector industrial de México se ha reducido en los últimos treinta años. Ahora el sector manufacturero contribuye con seis puntos menos al producto que al inicio de los años ochenta. Esta caída, resultado de la
ausencia de una política industrial.
Además de las medidas de liberalización comercial y de la inactividad gubernamental para fomentar a la industria nacional, otro problema que ha impactado a este sector ha sido el colapso del crédito de la banca privada y la banca de desarrollo. Esta caída ha afectado además la inversión en infraestructura así como el desarrollo tecnológico y la innovación. Ha derivado, por tanto, en un efecto general de estancamiento de la productividad y de deterioro frente a la competitividad externa.
Por ello, resulta necesaria la elaboración de un plan de desarrollo industrial de largo plazo orientado a las próximas dos décadas, bajo los siguientes lineamientos, entre otros: hacer de la expansión del mercado interno el instrumento central de la industrialización, incluyendo una amplia participación de la inversión pública y privada; buscar nuevas oportunidades para la comercialización de las manufacturas mexicanas en los mercados externos; implementar una política de crédito que promueva inversiones en industrias prioritarias, creación de empleos y exportación principalmente mediante la banca de desarrollo; fortalecer las pequeñas y medianas empresas; asegurar una regulación efectiva de oligopolios y monopolios; determinar criterios de desempeño de la IED; utilizar el poder de compra de los distintos ordenes de gobierno y de las entidades del sector público en favor de la industria nacional, reorientar a PEMEX como motor del desarrollo económico, e impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación.
El PRD buscará reformar el Marco Jurídico para fortalecer el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas a través de una nueva banca de desarrollo, que incluya la creación de bancos regionales. De la misma manera, impulsará una nueva Ley de Minería, que regule la explotación minera a favor del desarrollo nacional y el cuidado del medio ambiente, y a promover una nueva legislación para el desarrollo turístico.
Infraestructura y desarrollo regional
El retraso en la construcción de infraestructura ha sido mayúsculo en las últimas décadas. Para cerrar la brecha en materia de infraestructura, se necesita un esfuerzo de inversión superior al realizado. La inversión pública debe tener un crecimiento que le permita alcanzar el 10% del PIB.
Al mismo tiempo, México tiene que cerrar las brechas de su desarrollo regional. El sur debe ocupar un lugar prioritario ya que existen abundantes recursos humanos y naturales y al mismo tiempo los mayores niveles de pobreza y marginación.
Infraestructura y desarrollo regional deben ir de la mano. Es urgente recuperar la concepción de que el desarrollo regional es un vehículo prioritario para el combate a la desigualdad, apoyando a las entidades y municipios más vulnerables y desprotegidos. Por ello, la obra pública debe programarse en función de su impacto en el desarrollo de las regiones, entidades federativas y municipios, considerando los efectos multiplicadores de esta inversión en una perspectiva de mediano y largo plazos. La planeación regional de incluir no sólo la asignación de recursos públicos, sino también la promoción de la inversión privada, así como la participación organizada de la sociedad civil.
UNA NUEVA POLÍTICA PARA EL CAMPO
Las políticas neoliberales adoptadas por los gobiernos del PRI y PAN, han llevado al campo y a la mayoría de su población a una de las peores crisis productivas y sociales, lo que hace necesario una nueva política de desarrollo que ponga en el centro de su actuación, una política de Estado cuyos ejes principales sean el fomento y protección a la producción agropecuaria, el desarrollo social, la eliminación de las diferencias entre las regiones y una nueva relación con la sociedad rural; en suma, una política de soberanía alimentaria.
La política aplicada al campo en los últimos 30 años, ha tenido graves consecuencias, para los productores, la sociedad, la economía y el desarrollo rural. El sector agropecuario ha tenido un magro crecimiento anual promedio. La aplicación de políticas privatizadoras, de retiro del Estado de la producción agropecuaria y de libre mercado, han sido catastróficas para la mayoría del mundo rural. Se mantiene el déficit comercial, con importaciones crecientes y exportaciones estancadas. Continúa la disminución de la producción de alimentos básicos y las importaciones aumentan año con año, hasta alcanzar casi el 40% del consumo nacional. El desempleo es cada vez más grave, la expulsión de migrantes se perpetúa y la pobreza en el campo es una constante por arriba del promedio nacional. Las desigualdades entre el campo y la ciudad y las regiones se profundizan. En los últimos años la crisis alimentaria ha hecho su aparición, afectando a las áreas rurales y urbanas, con alzas de precios fuera de control y con problemas de abastecimiento, siendo verdaderamente grave en algunas zonas indígenas.
De esta situación se desprende la necesidad de una propuesta de desarrollo alternativo cuyos ejes principales sean: una política de Estado que tenga como objetivo central la incorporación del campo al desarrollo económico y social del país, con una política de fomento; rescatar la soberanía y la seguridad alimentaria; practicar el comercio con una agenda de desarrollo; aplicar políticas incluyentes y diferenciadas con pequeños productores (campesinos, ejidatarios, minifundistas, indígenas); y la reorientación de la inversión y el presupuesto público, hacia una amplia política de desarrollo económico y social, tendientes a resolver los rezagos.
El gobierno de la república debe retomar el papel de regular el comercio y la protección de la producción, así como facilitar y promover el fomento a la producción, desarrollando y aplicando políticas y recursos crecientes en este rubro.
En el marco del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, revisar el capítulo agropecuario, para buscar establecer igualdad de condiciones para los productores de los tres países y disminuir las asimetrías que
continúan profundizándose. En concreto, la redefinición de las reglas de origen a fin de proteger el intercambio comercial.
Se debe reformar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de que la ejecución de los programas de apoyo al desarrollo rural, cumplan sus metas y objetivos beneficiando efectivamente y de manera preferente a los productores de menores ingresos, particularmente los ubicados en las zonas de alta y muy alta marginalidad dedicados a cultivos de productos básicos y estratégicos. Estableciendo la participación del Congreso federal para la definición de las normas de operación. Debe establecerse también la necesidad de los presupuestos multianuales y las sanciones por los subejercicios realizados a discreción.
Se requiere volver a retomar la política de financiamiento y fomento a las actividades agropecuarias crear el banco rural lo que hace necesario el diseño de políticas que permitan el acceso al crédito a todo tipo de productores. Por tal motivo es necesario modificar los ordenamientos actuales de financiamiento rural, desde la Ley del FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura), hasta la ley que regula a la Financiera Rural, pasando por la Ley de Ahorro y Crédito Popular con disposiciones para la operación en las áreas rurales.
Se debe establecer una nueva relación del Estado con los productores, reconociendo su papel en la producción y el desarrollo nacional, otorgando el reconocimiento a sus organizaciones como organismos de intereses públicos y por lo tanto coadyuvantes en el proceso de diseño, planeación y operación de los programas de producción y comercialización. Los trabajadores del campo deberán ser también beneficiarios por el seguro del desempleo y las mujeres campesinas deberán contar con el apoyo del Estado y las ejidatarias acceder a un título de derechos agrarios.
Finalmente habrá que realizar una profunda reforma a la legislación actual en relación con el desarrollo rural. Particularmente a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para concentrar en una sola ley la normatividad existente e incluirle los capítulos sobre financiamiento y la de organización de los productores.
Seguridad alimentaria
El abasto global de alimentos se ha visto afectado en los últimos años por diversos factores: por el aumento sistemático de la demanda de alimentos ocasionado por el crecimiento de algunas economías como China, pero también por el aumento de la tasa de urbanización a nivel mundial. De lado de la oferta, la producción ha sufrido restricciones, debido a la política de subsidios a biocombustibles (etanol en Estados Unidos y biodiesel en Europa) y a las cada vez más frecuentes inundaciones y sequías que se resienten en las regiones productoras de granos y oleaginosas. Adicionalmente, se ha presentado una mayor especulación financiera con instrumentos vinculados a los futuros de productos agrícolas lo que ha presionado los precios de los alimentos hacia arriba.
Por todo ello, México debe adoptar urgentemente una política alimentaria. El PRD propone construir un nuevo sistema de seguridad alimentaria que reorganice las estructuras del abasto popular y disponga de la construcción de una reserva nacional de alimentos. Al mismo tiempo, dado el nuevo contexto global, resultará indispensable establecer una política comercial que pueda proteger a los productores mexicanos de la competencia desleal, garantizando precios justos y que promueva una mayor productividad y competitividad por la vía de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
Se debe impulsar la creación de un organismo estatal que establezca precios de garantía al productor, asegure el abasto del consumidor y organice un sistema de compras consolidadas para el gobierno, a fin de combatir la especulación y el intermediarismo excesivo.
También deberá revisarse la reasignación de subsidios que hoy son regresivos, y nuevos instrumentos que permitan atender a la población que más apoyo alimentario necesita. Limitar los subsidios, empréstitos y créditos a los monopolios productivos.
Un punto fundamental consistirá en resolver el grave problema de financiamiento de las actividades agropecuarias. Por ello, el PRD propone que, de manera urgente e inmediata se canalicen mayores volúmenes de crédito y capital de riesgo al campo, en particular a los pequeños productores, así como el establecimiento de un seguro agropecuario que proteja a un número mucho más amplio de productores rurales. También se deberá utilizar correctamente la regulación de las importaciones vigilando los cupos de las importaciones.
COMBATE A LOS MONOPOLIOS Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS CONSUMIDORES
La predominancia de los monopolios en la economía y sus privilegios dentro del modelo de desarrollo aplicado por los gobiernos neoliberales, hacen necesario cambios en la política económica y en el marco jurídico vigente, para fomentar una economía más competitiva, menos desigual y con más desarrollo y equidad.
Uno de las consecuencias de la aplicación de las políticas neoliberales, especialmente la política de privatización de las empresas públicas, así como las políticas de mercado y de protección a las grandes empresas vinculadas a los negocios de las telecomunicaciones, los alimentos, la banca, la bolsa y los negocios internacionales de importación y exportación, ha sido la de una mayor concentración y monopolización de la economía. En efecto, en nuestro país, además de las empresas más conocidas, dominantes en las telecomunicaciones y en las áreas anteriormente mencionadas, existen cerca de 422
corporaciones que han sido beneficiarias del modelo económico de los últimos 30 años, que también están en los regímenes especiales de nuestro sistema fiscal.
Estas empresas monopólicas, además de significar una competencia desleal para miles de pequeñas y medianas empresas, así como imponer productos más caros al consumidor (muchas veces de mucha menor calidad de los productos ofertados, de lo que ocurriría en una economía más competitiva), son beneficiadas con políticas fiscales que les permiten una mayor acumulación y por lo tanto mejores privilegios en la economía y más competencia desleal.
Esas corporaciones, apenas representan un número mínimo de los contribuyentes. Pero que, le cuestan alrededor de 500 mil millones de pesos al año que se le drenan a nuestras finanzas públicas, y a nuestro desarrollo económico y social.
Este es uno de los problemas estructurales del país que habrá que corregir mediante la transformación de las políticas económicas y el modelo de desarrollo. Enfocándolo hacia un desarrollo endógeno en el que se fomente la competencia, se proteja y se fomente el surgimiento de las pequeñas y medianas empresas, en todos los sectores de la economía, se impulse el crecimiento económico y se privilegie el desarrollo del mercado interno mediante la generación de empleo y ampliación de la demanda efectiva.
Algunas de las medidas deben ser la creación de fondos especiales para el apoyo a las pequeñas y medianas empresas que permitan promover la competencia y romper esas estructuras monopólicas.
Transformar la banca de desarrollo con el fin de otorgar financiamientos y créditos a las empresas de capital nacional, para que tengan un buen crecimiento, competitividad e innovación.
Es importante otorgarle a la Comisión Federal de Competencia, COFETEL, COFEPRIS, CODUCEF y a la PROFECO de mayores atribuciones y dotarla con mejores instrumentos que le den efectividad a su acción de regulación de la propiedad y del mercado.
Es necesario transformar la legislación y las políticas de fomento para la promoción de nuevas empresas mexicanas con la finalidad de aumentar la competencia y reducir precios.
Desde luego modificar la política fiscal, para darle fin a los regímenes especiales y dedicar esos recursos a las políticas de desarrollo social, especialmente la educación, el desarrollo científico y tecnológico, la salud y la seguridad social.
REFORMA ENERGÉTICA INTEGRAL. UNA NUEVA POLÍTICA SOBERANA
El sector energético es componente esencial y factor clave para el desarrollo nacional.
En el pasado los gobiernos del PRI y el PAN utilizaron a las dos empresas del estado: PEMEX y CFE, como sustento del corporativismo, fuente de corrupción por contratismo en obras y servicios alzados y generador de empleos artificiales; descuidando la atención de los consumidores en cuanto a calidad en los servicios, precios accesibles y rezagos en la atención de la demanda de bienes necesarios al desarrollo nacional. También ha sido fuente muy importante de recursos públicos para compensar la caída de los ingresos fiscales, introduciendo riesgosas distorsiones en las finanzas públicas.
Los objetivos generales de la política energética deben reorientarse a fin de: satisfacer la demanda de energía al menor costo posible y en las mejores condiciones de seguridad; poner al alcance de toda la población un flujo de energía suficiente, continuo, confiable, económico, diversificado y de alta calidad; alargar la vida del patrimonio nacional en hidrocarburos; explotar de manera racional y eficiente los recursos energéticos, especialmente los no renovables; minimizar los impactos sociales y ambientales negativos de la creación y operación de infraestructura energética; adoptar modos de producción y consumo de energía compatibles con la preservación de los recursos naturales y la vida en el planeta; cooperar con otros países para cumplir objetivos energéticos comunes y salvaguardar la soberanía, la seguridad y los intereses nacionales. En síntesis los objetivos centrales de nuestra política energética, deben consistir en garantizar la seguridad energética, la sustentabilidad ambiental, el uso racional de nuestros recursos y aumentar la eficiencia energética del país y la de las empresas de hidrocarburos y electricidad.
La propuesta energética del PRD se sintetiza en:
â Modificar el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos.
â Brindar a Pemex autonomía presupuestal.
â Dotarla de autonomía de gestión.
â Fortalecer a la Secretaria de Energía (SENER) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
â Fijar tarifas y subsidios que permitan a la ciudadanía un "acceso equitativo" a los energéticos.
â Crear un organismo financiero con los ingresos petroleros para desarrollo e infraestructura.
â Aumentar la inversión en investigación y desarrollo.
â Impulsar la transición energética, para proteger el ambiente.
Para nuestro partido el objetivo central de una reforma energética busca que el sector se convierta en uno poderoso motor del crecimiento económico a través de la atracción de inversión, el desarrollo tecnológico y la formación de cadenas de valor.
La propuesta de reforma energética de nuestro partido sostiene que debe conservarse el texto vigente de los artículos 27 y 28 de nuestra carta magna, pues para lograr los propósitos de modernidad, eficiencia,
productividad, transparencia y rendición de cuentas y sobre todo la seguridad energética que requerimos los mexicanos bastan adecuaciones a las leyes sustantivas y de tipo fiscal y presupuestal: de Petróleos Mexicanos, Federal de Derechos; Federal de Ingresos; Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y Orgánica de la Administración Pública Federal; también a la ley reglamentaria del 27 y cambios reformas en la esfera administrativa e institucional de la paraestatal y de los órganos reguladores. Pero en conjunto estos cambios significaran una verdadera política de Estado en materia energética.
Los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la Nación. En todos los casos, la Nación recibirá la totalidad de la producción de Hidrocarburos.
Sin duda tanto PEMEX como CFE requieren cambios, modernizarse, ser más eficientes, contribuir de manera decisiva en el desarrollo del país, combatir el burocratismo y corrupción, ser trasparentes en su administración y operación. Estos cambios deben y pueden realizarse sin cambiar el texto constitucional, sin transferir derechos de propiedad sobre las reservas y la producción de hidrocarburos (convencionales y no convencionales); sin trasferir derechos de propiedad de los activos y el capital de Pemex y CFE; sin construcción de infraestructura privada en áreas reservadas a la Nación.
En la exploración y producción de hidrocarburos nos proponemos: aumentar las reservas de petróleo y gas natural, elevando la tasa de restitución de reservas por arriba del 100%, mediante la limitación de la producción y la ampliación de la exploración; sostener la actual plataforma de producción de crudo; ampliar y diversificar la oferta de gas natural, eliminar definitivamente su quema y reducir al mínimo las mermas de hidrocarburos; concentrando el esfuerzo en zonas de alta productividad por pozo y bajos costos de producción; construir un marco regulatorio eficaz y eficiente en materia de exploración y producción de hidrocarburos; disminuir la carga fiscal de Pemex.
Para la protección nacional de la plataforma de exploración y explotación de los hidrocarburos y tener un papel más activo en la determinación de los precios internacionales del petróleo, el gas, la electricidad y los petroquímicos, México deberá buscar su incorporación a la Organización de Países Productores de Petróleo (OPPEP), y promover la asociación estratégica con las naciones no desarrolladas productoras de energéticos, incluidas sus empresas nacionales de hidrocarburos, y también deberá promover la construcción de asociaciones industriales con otros estados para equilibrar el dominio que en la producción de energéticos poseen los monopolios trasnacionales privados.
También es necesario mejorar la eficiencia en la importación de petrolíferos, y construir nuevas refinerías para importar menos gasolina; ampliar la infraestructura de almacenamiento, transporte y distribución. El Estado está obligado a combatir eficazmente la corrupción y el saqueo que se hace de los recursos de las empresas energéticas de la nación y perseguir los delitos relacionados con el robo de los petrolíferos de sus ductos y sancionar la corrupción de los líderes sindicales.
Para la energía eléctrica proponemos garantizar que todos los mexicanos tengan electricidad; reducir las pérdidas de transmisión y distribución; limitar la producción independiente a niveles compatibles con la seguridad energética.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe: elevar su eficacia, eficiencia y productividad en la operación y administración; capitalizar al organismo público; mejorar su administración, transparencia y rendición de cuentas. Otorgar a la CFE autonomía presupuestal y de gestión.
Debemos recuperar la capacidad de la CFE para diseñar y ejecutar proyectos; incentivar la autogeneración de electricidad con fuentes renovables en la industria, el comercio, el gobierno, los servicios y los hogares; ampliar la red de suministro y los sistemas descentralizados.
Es urgente rediseñar el sistema de precios y tarifas; otorgar subsidios al consumo de energía eléctrica con criterios de equidad; limitar el intervencionismo discrecional del Estado en los mercados abiertos y fortalecer y ampliar facultades de los órganos reguladores.
Nos preocupan también los precios de la electricidad y las gasolinas, para los consumidores de las zonas de climas extremos, los de usos agrícolas e industriales y desde luego los residenciales. Precios más bajos de los energéticos fomentarán la competitividad de nuestra economía.
Proponemos elevar la electricidad al rango de derecho económico del ciudadano y otorgar derechos exigibles a los consumidores.
DESARROLLO SOCIAL BASADO EN EL COMBATE A LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD.
UNIVERSALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN DE LA SALUD Y DE LAS PENSIONES
La izquierda democrática en todo el mundo tiene en la búsqueda de la igualdad su mayor propósito. Este objetivo también es prioritario para nosotros. La pobreza es sin duda una de las expresiones más dramáticas de la desigualdad. Ambas: desigualdad y pobreza son rasgos perennes de nuestra realidad social, resultado de la naturaleza excluyente de todos los modelos económicos adoptados, revolucionarios o liberales. El fenómeno de la pobreza representa una enorme deuda social y por ello una reivindicación impostergable.
Fortalecer la participación ciudadana de beneficiarios y de la sociedad en el diseño, operación y evaluación de los programas sociales y de toda nuestra política social es una necesidad impostergable.
La estrategia más sólida para superar en forma definitiva la pobreza, pasa necesariamente por hacer crecer la economía, crear empleos bien remunerados, impulsar una política social que garantice una buena educación, salud y vivienda. Política social sustentada en la universalización de los derechos y no el
asistencialismo.
No podemos pensar en un nuevo crecimiento económico global, un crecimiento firme, sostenido, de largo plazo, si no atendemos la lucha para erradicar la pobreza y la desigualdad.
Con nuevas visiones, nuevos paradigmas en la política social de nuestro país podemos hacer posible en pocos años la universalización de los derechos sociales.
La política social en línea con la política económica debe centrarse en tres ejes: fomento permanente al empleo; educación de calidad en todos los niveles y; seguridad social basada en la cobertura universal de salud y pensiones.
En el caso del empleo, además de las inversiones sectoriales, es necesario crear fondos especiales de fomento que permitan la generación de nuevas micros y pequeñas empresas, así como diferentes formas de autoempleo, capacitación permanente para el trabajo y el seguro del desempleo.
El sistema de salud debe homologar los servicios para poder brindar una cobertura universal. Es obvio que esto requiere niveles crecientes de inversión en infraestructura, manutención y operatividad, en médicos y enfermeras; así como garantizar el financiamiento para el mantenimiento y operación adecuada del sistema de salud y el abasto de medicinas; y junto con la seguridad social este debe ser uno de los rubros prioritarios de inversión del gobierno. Es urgente terminar con las muertes materno-infantil, por mala atención o falta de ésta.
El sistema de pensiones debe tender, en el corto plazo, a transformarse en un sistema de cobertura universal que garantice un ingreso mínimo digno para los adultos mayores de nuestro país. Debe realizarse una reforma que permita una seguridad en los fondos, un nivel mínimo de ingresos y viabilidad financiera. A su vez se tendrá que garantizar una pensión mínima para aquellos que hoy no cuentan con ninguna prestación de este tipo y orientar hacia la cobertura total a las nuevas generaciones. Nos proponemos revisar el sistema actual de pensiones basado en cuentas individuales y administradas por empresas privadas, las AFORES, para construir un nuevo sistema nacional público basado en el reparto y la solidaridad intergeneracional.
Como complemento a la política social, se organizaran programas especiales de entrega de alimentos, para la zonas rurales e indígenas que así lo requieran y que hoy se encuentran con problemas de abastecimiento y pobreza extrema. Lo mismo de programas de salud con objetivos específicos, becas para estudiantes y apoyos para madres solteras.
Promoveremos una ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia para atender a las personas que por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.
LA EDUCACIÓN PILAR DEL DESARROLLO NACIONAL
La educación debe ser pilar del desarrollo nacional, parte sustancial del desarrollo humano de nuestra sociedad. Las evaluaciones realizadas por organismos internacionales como la OCDE, la Unesco, el Banco Mundial y también las evaluaciones institucionales que hace la propia SEP y la ASF coinciden en los decepcionantes resultados; los indicadores nos muestran una pésima eficiencia y eficacia de los programas educativos, hay consenso también en la pobre calidad del sistema educativo; el problema radica en que no se ha desmantelado el sistema corporativo que se apropió de nuestras instituciones educativas y que ponen en primer lugar sus intereses gremiales, sus privilegios, sus ambiciones de poder político antes que los intereses de nuestra sociedad, de los niños y niñas, de las y los jóvenes mexicanos.
Así se postergan aspiraciones legítimas de la sociedad como abatir el analfabetismo, la falta de cobertura para proporcionar educación en todos los niveles a nuestros niños y jóvenes, a revertir los altos índices de ausentismo y deserción escolar; el alejamiento de la oferta educativa de las necesidades del desarrollo nacional.
También hay muy pocos avances en mejorar la calidad educativa, los exámenes a alumnos y docentes no alcanzan los mínimos requeridos; la profesionalización de la educación se ha convertido en un botín, de líderes sindicales y funcionarios corruptos. El grupo dirigente del sindicato nacional de los trabajadores de la educación y desde el gobierno federal se protegen estos privilegios, que producen grave daño a nuestra sociedad y afectan no solo el desarrollo económico, sino que perpetuán las condiciones de pobreza y desigualdad. Una educación de calidad es garantía de movilidad social.
Lo anterior no es justificación para reconocer que el Estado es responsable directo del desastre educativo y del desapego a los principios de educación pública, laica y gratuita.
También hay muy pocos avances en mejorar la calidad educativa, los exámenes a alumnos y docentes no alcanzan los mínimos requeridos; la profesionalización de la educación se ha convertido en un botín, de líderes sindicales y funcionarios corruptos. El grupo dirigente del sindicato nacional de los trabajadores de la educación y desde el gobierno federal se protegen estos privilegios, que producen grave daño a nuestra sociedad y afectan no solo el desarrollo económico, sino que perpetuán las condiciones de pobreza y
desigualdad. Una educación de calidad es garantía de movilidad social.
Se tendrá como meta en el corto plazo erradicar el analfabetismo y lograr como mínimo los nueve años de educación obligatoria. Los tres órdenes de gobierno deberán realizar las acciones y destinar los presupuestos necesarios para logar estas metas.
Se deberá realizar una reforma educativa integral, que ponga el acento en el modelo educativo, que retome los principios de honestidad, civismo, civilidad democrática, derechos humanos, igualdad y no discriminación, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, tolerancia, promoción de las libertades, una educación laica, basada en los postulados científicos; que atienda las necesidades de infraestructura educativa, que mejore las condiciones laborales de los trabajadores de la educación y que recupere la dignidad de los maestros. Los sistemas de evaluación de la educación siempre serán públicos y dirigidos directamente por las instituciones participantes, sin interferencia de otras entidades ni de particulares. Se requiere de la participación de los maestros y de los padres de familia en el diseño de las políticas públicas educativas, así como fortalecer y transformar las escuelas normales para que sean junto con la Universidad Pedagógica Nacional la columna vertebral de la formación con calidad del magisterio nacional.
Las Universidades Públicas deben ser el motor de la innovación y eficiencia, promotores de la investigación, la ciencia y la tecnología.
Debemos superar el rezago educativo con el involucramiento y coordinación de los gobiernos federal, estatal y la sociedad. El Estado deberá garantizar que las universidades y escuelas públicas puedan atender toda la demanda de los jóvenes a la educación media, media superior y superior, ampliando su presupuesto.
Así mismo, se dotara a las universidades e instituciones de educación superior de medios masivos de comunicación como la radio y la televisión, como un medio para la difusión masiva de la educación, la ciencia y la tecnología y la cultura.
El Estado promoverá la educación de personas adultas y la capacitación sistemática de las trabajadoras y trabajadores de la ciudad y el campo. Esta educación será desarrollada con la participación de la sociedad civil y las organizaciones sociales. Se usaran los medios masivos de comunicación y el internet.
Los sistemas de evaluación de la educación siempre serán públicos y dirigidos directamente por las instituciones participantes, sin interferencia de otras entidades ni de particulares. Las y los profesores, investigadores, técnicos y estudiantes a partir de la enseñanza media, tendrán acceso gratuito a internet y se definirán subsidios para promover la adquisición de los equipos personales de las alumnas y los alumnos. En toda biblioteca pública y escuela del país se contará con acceso a sistemas de computación y a internet.
Las diferentes etnias del país tendrán derecho a la educación bilinge. En todas las escuelas del sistema educativo nacional se impartirán cátedras del o los idiomas originarios propios de los pueblos indios de la región en que se encuentren asentadas las instituciones educativas. Estas asignaturas formaran parte de la currícula.
Además se requiere: a) Elevar los niveles científicos y técnicos; b) Introducir la pedagogía de avanzada; c) Reorganizar los ciclos educativos; d) Hacer de tiempo completo la actividad escolar; e) Los grupos en las escuelas no deben tener más de 20 alumnos; f) Incluir la educación ambiental y protección civil; g) Introducir la educación artística y el deporte; h) Educación para la sexualidad incluyendo la salud sexual y reproductiva en los programas escolares; i) Convertir a la escuela en un espacio de encuentro de la comunidad; j) Promover el espíritu crítico y de investigación; k) Ejercer y educar en la democracia participativa, la tolerancia, el respeto a la diversidad, el pluralismo, la equidad entre los géneros y la paz; y l) prevenir y combatir la violencia escolar o bullying; m) Promover la conciencia nacional en la diversidad, el pluralismo, la equidad entre los géneros y la solidaridad internacional.
ETNIAS, PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROMEXICANOS
Los pueblos originarios se constituyen por más de 60 grupos etnolingísticos diferentes. Todos los intentos por "integrarlos" dentro de la Nación al definirlos como un grupo diferente y externa al grupo homogéneo de la "mayoría" y del Estado han entrado en una profunda crisis; los pueblos originarios han redefinido sus diferentes identidades étnicas y sus relaciones con el Estado y el resto de la sociedad mexicana, de ahí la actualidad de los Acuerdos de San Andrés que fueron incumplidos por el Estado mexicano.
Nuestro partido congruente con el espíritu de los acuerdos de San Andrés y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo promoverá:
â Hacer realidad su autonomía garantizada por la Constitución Política.
â Respetar el derecho a constituir sus propias instancias de gobierno en los territorios que habitan, por voluntad mayoritaria de la ciudadanía de esas regiones.
â La consulta a los pueblos indígenas sobre leyes, programas y políticas especificas que se apliquen en su territorio.
â El respeto al marco legal que regula la tenencia de la tierra ejidal y comunal de sus pueblos.
â Programas autogestionarios de desarrollo sustentable, con retribución efectiva por los bienes y servicios ambientales que sus territorios producen para el conjunto de la nación.
â Proteger a los pueblos originarios de las actividades depredadoras de las empresas mineras.
La autonomía deberá entenderse como el régimen jurídico político creado dentro del Estado nacional mexicano con el objeto de hacer posible que las naciones indias decidan sobre sus propios asuntos, disfruten de garantías para el desenvolvimiento de sus culturas, tomen parte del desarrollo económico y social, intervengan en las decisiones sobre el uso de los recursos naturales y en los beneficios de los mismos, y puedan participar con auténtica representación en la vida política tanto local como nacional.
Junto con la nueva política de desarrollo rural aquí propuestas, se debe mejorar el hábitat y la infraestructura para los pueblos indígenas y de dotación de viviendas dignas a cada familia indígena en situación de vulnerabilidad, respetando sus opciones culturales.
JÓVENES, ACTORES ESTRATÉGICOS DEL CAMBIO
La separación que viven los jóvenes, de las instituciones políticas y gubernamentales es un hecho que impacta de manera significativa en el curso de la vida pública de México.
Una vez que se ponen los hechos en su justa dimensión, uno se percata de que las instituciones políticas y gubernamentales, tienen una visión corta por no decir nula, sobre lo que significa la juventud en la su sociedad. La gran mayoría de las decisiones que se toman en el ámbito parlamentario y gubernamental no considera la opinión de las y los jóvenes; siendo conforman el 33.4% de la población que en el 2013 serán 40 millones de jóvenes.
Es lamentable, nefasto, que se vea a un sector mayoritario de la sociedad como una problemática social y no como un actor estratégico, al cual, se debería contemplar en las decisiones que determinan el rumbo del país, en las instituciones y en el propio sistema gubernamental.
Jóvenes, actores estratégicos de cambio
Para fortalecer la participación juvenil es necesario impulsar reformas a nivel local que abran los espacios de representación desde el núcleo básico como lo puede ser su colonia.
Hay otro sector de jóvenes que prefieren articularse en torno a objetivos concretos: educación pública universal, trabajo digno, defensa del medio ambiente, diversidad sexual o proyectos locales y regionales, en este caso el partido puede recoger sus ideas y propuestas para transformarlas en leyes o políticas públicas que respondan a dichas necesidades.
Transversalidad gubernamental
El desarrollo poblacional, establece que después del 2018 inicia una nueva tendencia de edades, el bono poblacional que son los jóvenes inician una nueva etapa, la sociedad empezará a ser mayoritariamente adulta, realidad que exige la participación directa de las y los jóvenes en la confección de programas y políticas públicas gubernamentales que desarrollen estrategias y modelos de gobierno que atiendan las demandas de ese nueva conformación poblacional.
Resulta de gran importancia establecer espacios de participación juvenil dentro de los diferentes ámbitos gubernamentales y en el terreno legislativo para iniciar trabajos en la elaboración de nuevos modelos de gobierno.
Empleo para los jóvenes
Se requiere una legislación laboral que contemple la incorporación gradual y constante de los jóvenes al mercado de trabajo y a la capacitación en condiciones protegidas y de desarrollo personal y profesional.
Igualmente, hay que fomentar el acceso de los jóvenes a la justicia laboral e impulsar su organización como trabajadores para defender sus intereses económicos y sociales, así como combatir la discriminación por edad, género, experiencia orientación sexual, identidad y expresión de género.
Salud
Se debe diseñar una estrategia integral de acceso a servicios de salud específicos para los jóvenes que impliquen las áreas de sexualidad, planeación familiar, alimentación, abuso de alcohol y drogas, así como los temas de depresión, soledad, problemas afectivos y de relación social. Se deberá prevenir las adicciones e impulsar comités ciudadanos que coadyuven en esta acción.
Acceso a la Vivienda
Además del empleo digno, las y los jóvenes mexicanos aspiran a una vida independiente en todos los aspectos, construir un patrimonio implica una independencia económica, laboral y contar con una vivienda, ésta última es un derecho que se le ha negado de manera sistemática a la juventud, porque aparentemente no tiene "necesidad" de ella. El PRD debe buscar los mecanismos necesarios para promover créditos para las
y los jóvenes que deseen adquirir una vivienda propia, mediante procedimientos sencillos y expeditos, eliminando requisitos como la situación civil, debido a que se está dando el ejercicio de la paternidad y maternidad sin que necesariamente se viva en pareja.
Así mismo con la adquisición de una vivienda digna, la juventud mexicana se está construyendo certidumbres en un ambiente que hasta el momento le es adverso.
Derecho a la Educación
Construir un sistema educativo universal y gratuito. Es imprescindible superar los rezagos educativos, ampliar la cobertura en los niveles medio superior y superior, y hacer de la calidad un atributo de la educación pública nacional. Sólo así podrá México materializar el principio histórico y constitucional, de que la educación pública es un mecanismo fundamental para la movilidad social. Se deberá garantizar una eficaz orientación educativa para los jóvenes mexicanos.
También se buscará contar con un sistema nacional de becas y apoyos en todos los niveles educativos para impulsar significativamente la mayor permanencia de los jóvenes en las instituciones educativas.
Deporte como herramienta de integración
Es menester implementar programas de intervención en donde a partir de la actividad física se busque ayudar a los jóvenes en estado de marginación, así como para la prevención y rehabilitación de dependencias, conducta violenta, etc. Independientemente de las condiciones sociales de los jóvenes, el mundo deportivo en general tiene una importancia muy relevante para ellos, pues les permite incorporarse idealmente a un espacio de relaciones sociales que les son fáciles de asimilar pues encuentran un espacio de absoluta libertad, facilitando los procesos de integración social y por ende de su participación ciudadana. Se deberá fortalecer la educación en materias como el arte y la cultura, así como un sistema público de deporte popular para favorecer la cohesión social.
Debemos luchar por la no estigmatización criminal hacia los jóvenes, que conlleva a su persecución policial
DERECHOS DE LAS MUJERES
La Ciudad de México es el único lugar del país donde el aborto voluntario está despenalizado hasta las 12 semanas de gestación, desde 2007. En el resto del país, el aborto es legal sólo en casos de violación sexual y, dependiendo de la legislación local, se admiten algunas otras causales. Esta legislación restrictiva fomenta que se trate a las mujeres como criminales que incluso son denunciadas por los propios prestadores de salud. En otros casos, se les obliga a pagar fianzas elevadas y en algunos estados sino se les ofrece la "alternativa" de someterse a un tratamiento psicológico integral para evitar ir a la cárcel.
Este tipo de restricciones es doblemente discriminatorio, por un lado va en contra de los derechos humanos de las mujeres y por otra parte afecta a las mujeres con menores recursos pues tienen que acudir a lugares clandestinos en donde se les práctica el aborto en condiciones inseguras que ponen en riesgo su salud y sus vidas. Se trata entonces no sólo de un problema de derechos humanos sino también de salud pública.
Es urgente que el Estado retome su papel garante y protector de los derechos humanos, para que las mujeres puedan ejercer con libertad el derecho que tienen a decidir sobre su reproducción y su vida. Se tiene la urgencia de dejar a un lado las ambigedades y ser claros en esta materia pues se juega la vida de muchas mujeres diariamente.
Apoyar el derecho a decidir significa respaldar social, política y jurídicamente las propuestas, leyes, programas y acciones afirmativas que promuevan y fomenten la información, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, así como aquellas que busquen erradicar la discriminación, la coerción o la violencia por razón de género. Dicho lo anterior, se proponen los siguientes puntos:
Derecho a decidir libre e informadamente
Se debe pugnar por que se lleve a nivel constitucional el derecho a decidir a la mujer sobre su cuerpo y por ende el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Derecho a la información completa, científica y laica sobre la sexualidad
Desde edad temprana, se debe garantizar el acceso a la información vinculada a programas de prevención de embarazos no deseados, maltrato, abusos y todo lo relacionado con el ejercicio de su sexualidad. La información sexual debe estar libre de prejuicios y debe fomentar la toma de decisiones libres e informadas, así como la igualdad de oportunidades y la equidad.
Derecho a la educación sexual
El Estado debe estar obligado a ofrecer un programa integral de educación sexual, desde el nivel inicial hasta el superior de formación docente. Al hacerlo, daría respuesta a la preocupación de la sociedad y del Estado por cuestiones relativas a la salud sexual y reproductiva, los problemas del VIH-Sida y otras
infecciones de transmisión sexual, el aumento del embarazo adolescente, el aborto, entre otros temas.
Derecho a los servicios de salud sexual y a la salud reproductiva de calidad y gratuita.
Acceso a servicios de salud sexual y orientación reproductiva gratuita. No basta con garantizar el derecho a decidir, se necesita implementar acciones de vigilancia y control de la gestión sanitaria en la salud sexual y reproductiva en el nivel local y nacional, tanto en clínicas públicas como en privadas. Se deben considerar nuevas reformas a la Ley de Salud para regular dichas clínicas en las que además se contemple un reporte diario de los abortos que realicen, para ser entregado a la Secretaría de Salud.
Derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad
Se deberá impulsar la organización colectiva para el reconocimiento, ejercicio e implementación de políticas públicas sobre los derechos sexuales y reproductivos.
Además, el PRD impulsará políticas públicas a favor de las jefas de familia para una mayor igualdad de oportunidades.
Derecho a una vida sexual libre de violencia
Se debe fortalecer las prestaciones de salud mental desde la perspectiva del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. La prevención de la violencia física, psicológica, sexual y las conductas discriminatorias, así como de hostigamiento sexual. Reformar el sistema de justicia (MP y jueces) para la atención de las mujeres que sufren violencia. Se debe tipificar como delito grave a nivel nacional el feminicidio y la trata de personas.
Derecho a la privacidad y a la intimidad sexual
Todas las personas tienen derecho a que se respete su intimidad, sus espacios privados y a la confidencialidad en todos los ámbitos, incluyendo el sexual. Sin el debido consentimiento, ninguna persona deberá difundir información sobre los aspectos sexuales de otras personas. El personal de los servicios de salud está obligado a guardar el secreto profesional.
Aunado a esto, es conveniente que se emprendan con mayor vigor, campañas nacionales de sensibilización sobre los derechos humanos de la mujer, dirigidas al personal sanitario, de procuración de justicia y también al público en general.
DIVERSIDAD SEXUAL
Es importante reconocer que debemos redoblar esfuerzos para que las poblaciones lésbica, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual que son y han sido histórica y universalmente excluidas y discriminadas en nuestro país, logren organizarse en la defensa de sus derechos humanos y se reconozca la pluralidad de la sociedad mexicana.
La lucha por la igualdad de los derechos de la Diversidad Sexual forma parte de los reclamos para que ninguna persona sea discriminada por motivos de origen étnico o social, color, sexo, lengua, religión, condición social o económica, edad, discapacidad, condiciones de salud, apariencia física, orientación sexual, identidad y expresión de género, ocupación o cualquier otra.
La lucha por la igualdad de los derechos de la Diversidad Sexual forma parte de los reclamos para que ninguna persona sea discriminada por motivos de origen étnico o social, el color, el sexo, la lengua, la religión, la condición social o económica, la edad, la discapacidad, las condiciones de salud, la apariencia física, la orientación sexual, la identidad de género, la ocupación o cualquier otra.
Partimos del principio de que sólo habrá democracia verdadera ahí donde se reconozcan las realidades diversas, donde se reconozca a los diversos.
Es necesario distinguir como una obligación de los gobiernos garantizar que ninguna persona o grupo de personas sean discriminados.
Sabemos que la sociedad es diversa, y convencidos de que dicha característica es su mayor riqueza, el PRD, hace suyos los principios mencionados sin más propósito que el de fortalecer la inclusión y el respeto que llevarán a la sociedad mexicana a ser una sociedad de derechos plenos en un país de libertades y justicia.
MÉXICO EN EL CONTEXTO DE LA GEOPOLÍTICA MUNDIAL. UNA POLÍTICA EXTERIOR SOBERANA
El PRD se compromete a construir una política exterior de estado fundada en la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Para ello, promoverá la creación de un Consejo Nacional de Política Exterior integrado por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo; los partidos políticos; representantes de los sectores empresarial, laboral y campesino; la academia especializada y organizaciones no gubernamentales mexicanas. Ello exigirá también restituir a la Cámara de Senadores facultades en materia de ratificación de Tratados y todo tipo de acuerdos internacionales. Proponemos, en lo particular, una reforma constitucional al artículo 76, fracción II, a efecto de que el Senado ratifique la designación del Secretario o Secretaria de Relaciones Exteriores.
El PRD se compromete a la defensa de los principios contenidos en el artículo 89 de la Constitución:
autodeterminación de los pueblos; no intervención; solución pacífica de controversias; proscripción del uso de la fuerza: igualdad jurídica de los estados; cooperación internacional para el desarrollo; y lucha por la paz y la seguridad internacionales. Con base en estos principios, el PRD considera que la política exterior deberá expresar su rechazo a toda guerra intervencionista y a alentar el diálogo entre las naciones para alcanzar la paz, la justicia y la seguridad internacional, y a luchar por el desarme mundial, la prohibición y destrucción de las armas nucleares y por la solución pacífica de las controversias.
Se deberá regular la propiedad intelectual a fin de proteger el patrimonio y la riqueza natural y cultural de la nación.
El PRD se compromete a apoyar la construcción de una globalidad distinta a la dominante, que esté basada en los principios de solidaridad, bienestar y democracia con mayor libertad e igualdad. En el marco de la ONU, el PRD apoyará las iniciativas que promuevan la reforma del Consejo de Seguridad, la Asamblea y el Consejo de Derechos Humanos en función de un nuevo esquema de poder que considere a las naciones en vías de desarrollo y a las más pobres. También considera de primera importancia la creación de un Consejo de Seguridad Económica dentro del marco de las Naciones Unidas. El PRD considera que una nueva política exterior deberá enfocarse hacia una reforma del sistema de instituciones internacionales que conforman la ONU, la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Como parte de esta nueva visión, el PRD propone una reforma constitucional al artículo 21, tendiente a garantizar el reconocimiento pleno y sin condiciones de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
El PRD considera urgente diversificar las relaciones exteriores de nuestro país. En particular, bajo la concepción del multilateralismo que deberá orientar una nueva política exterior, se deberá intensificar la relación con los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Hay que romper con la vieja visión, ya obsoleta de colocarnos como un país plenamente alineado con los Estados Unidos.
El PRD propone también profundizar y mejorar sus vínculos con la Unión Europea y las relaciones bilaterales con los países que la componen. Ello exige revisar y adecuar los tratados vigentes y desarrollar una política más activa en esta dirección.
En este mismo sentido, otra prioridad de la nueva política exterior será voltear hacia el sur de nuestro continente: delinear tanto una nueva política de integración latinoamericana impulsando una estrategia dirigida hacia los países de Centroamérica y los países de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Deberemos enfocar nuestra política de bienestar y desarrollo en el marco de la Comunidad Latinoamericana de Naciones. Como parte de estos lineamientos, el PRD reitera su solidaridad con Cuba y la exigencia de cese del bloqueo económico a la isla.
La política exterior del Estado mexicano también deberá basarse en un compromiso serio y activo por una política internacional que promueva el cuidado del medio ambiente para el desarrollo sustentable y por la creación de acuerdos internacionales que comprometan a los países a frenar el cambio climático y deterioro ecológico planetario.
El PRD considera necesario delinear y construir una nueva relación con Estados Unidos. Ello pasa por una evaluación objetiva y de una revisión de los acuerdos vigentes más importantes, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el ASPAN, y la Iniciativa Mérida. Esta revisión deberá estar orientada hacia un nuevo tratamiento de los temas vitales para México: el desarrollo, la migración, la seguridad fronteriza y la lucha contra el narcotráfico.
El PRD considera que la relación con nuestro vecino del Norte debe basarse en el principio de asociación, no de subordinación, lo que le permitirá mantener su independencia y soberanía, definiendo una estrategia en función de los intereses nacionales.
Más específicamente, el PRD considera que una nueva relación con Estados Unidos implica sustituir el TLCAN y proponerse negociar un nuevo esquema basado en un acuerdo para el desarrollo. Este nuevo enfoque debe reconocer que el tema más importante para América del Norte es el cierre de la brecha económica entre nuestros tres países y sus regiones.
Se requiere un nuevo acuerdo basado en el fortalecimiento de la protección y la conservación ambiental, la transparencia, los derechos laborales, la soberanía alimentaria y las desigualdades regionales. Se trata de construir un acuerdo para el desarrollo y no de un simple pacto comercial.
El PRD considera necesario diseñar una política de seguridad regional adecuada a las circunstancias actuales y a los intereses de México. Considera por tanto que ni el ASPAN ni la Iniciativa Mérida se ajustan a esas necesidades. Por ello, propugnará por el establecimiento de un nuevo acuerdo con Estados Unidos que contemple dos aspectos:
Primero, que la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada requiere no sólo ni principalmente financiamiento para armas y equipos militares y el cuidado de las fronteras. También es indispensable una verdadera y sincera corresponsabilidad de Estados Unidos y un trabajo coordinado sobre todo en temas relegados en la negociación como el control del lavado de dinero, incluyendo los paraísos fiscales; campañas de prevención del uso y consumo de drogas en ambos países; y programas de apoyo, diseñados específicamente para las comunidades afectadas por la violencia, el narcotráfico y el desgarramiento social.
Segundo, que se requiere un nuevo consenso sobre la lucha contra las drogas: Deberá hacerse una amplia revisión de la leyes y estrategias para, entre otras cosas, "poner fin a la criminalización y marginación
de las personas que consumen drogas sin dañar a otros; instar a la experimentación, por parte de los gobiernos, con modelos de regulación legal de drogas, en particular la cannabis" como se ha planteado por ejemplo en el informe de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas que se entregó a la ONU, en junio pasado.
El PRD se pronuncia claramente por una nueva política migratoria. México es el único país en América Latina que sufre de manera aguda el problema de la emigración de sus conciudadanos a Estados Unidos y de la inmigración de centroamericanos y caribeños en tránsito por su territorio. Una nueva política exterior no puede divorciarse de la necesidad de impulsar medidas urgentes de protección a los derechos de los hermanos centroamericanos y caribeños en tierras mexicanas a través de diversas medidas legales y sobre todo de acciones de gobierno eficaces y contundentes.
El PRD se compromete a presentar una iniciativa de reformas a la ley a fin de garantizar la adecuada protección de los migrantes que transitan por su suelo y la instrumentación de una verdadera política de Estado, transversal e integral, en la materia. Se compromete también a impulsar medidas legales que garanticen el respeto a los derechos humanos, el acceso a la justicia y la aplicación de políticas de ingreso, retorno y estancia de los migrantes de la frontera sur.
Dado que el problema afecta a toda la región centroamericana, México tiene que ser un líder en la acción continental sobre el tema migratorio. Para ello se requieren que el gobierno impulse acuerdos bilaterales y multilaterales y se disponga a encabezar una ofensiva diplomática y política común frente a los Estados Unidos en diversos frentes, incluyendo los organismos internacionales.
El PRD considera necesaria la legalización de millones de trabajadores indocumentados, sobre todo mexicanos, en Estados Unidos, como un paso indispensable para una relación constructiva entre ambas naciones.
Nuestra embajada y nuestra red de consulados en Estados Unidos deben exigir el fin de las redadas y las deportaciones masivas, condenar los abusos de las policías, y hacer valer el respeto a los derechos humanos y laborales de nuestros compatriotas. También debe ayudar a reducir el costo y facilitar el acceso a documentos oficiales, como certificados de nacimiento y pasaportes.
De igual manera, el gobierno mexicano deberá plantearse una política laboral binacional que busque proteger al trabajador mexicano en Estados Unidos para garantizar condiciones dignas de trabajo y su protección social. Particularmente importante es seguir los lineamientos de la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Para ello se deberán impulsar la creación de comisiones binacionales integradas por gobiernos, congresos, empleadores y trabajadores.
¡Democracia ya!, ¡Patria para todas y todos!
INTRODUCCIÓN
El objetivo fundamental del Partido de la Revolución Democrática es la conquista de una sociedad democrática, libre, incluyente, justa, con igualdad social, en el marco de la independencia nacional y el respeto a los derechos y la diversidad humanos, a la equidad entre los géneros y a la naturaleza.
(...)
México, D.F., 25 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.
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